Graciela Ocaña preocupada por la falta de insumos
La legisladora de Confianza Pública, Graciela Ocaña, presentó un proyecto para que el Ejecutivo porteño informe “el estado de las prestaciones correspondientes a la Red de Diálisis y Nefrología en hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y centros y servicios de diálisis en instituciones privadas”.
La situación actual, con inflación continua, devaluación de la moneda y trabas a las importaciones generan una grave encrucijada: no hay los insumos importados necesarios (agujas, heparina, guantes de látex) y, quienes tienen stock, especulan con el precio al que recomprará la mercadería, y así, hay precios exorbitantes, por no decir inalcanzables.
El problema de los insumos importados se da desde 2012 cuando comenzaron las trabas a las importaciones. Desde ese momento, hay escasez, fundamentalmente de biomédicos: todos de origen importado.
Ocaña pide que el Gobierno porteño informe si los tratamientos de hemodiálisis crónica o aguda se prestan con normalidad tanto en instituciones púbicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y si existe “una adecuada estructura de materiales para el tratamiento dialítico”.
Además, el proyecto de la ex ministra de Salud de la Nación exige difundir “si existen problemas con la provisión o adquisición de insumos y/o materiales para el tratamiento dialítico en los servicios públicos y privados del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Esta situación no es novedosa, las desatinadas mediadas del Poder Ejecutivo Nacional con trabas al comercio exterior y restricciones al mercado cambiario, generan graves inconvenientes sobre las prestaciones de salud”, analizó Ocaña.
En su paso por el Congreso Nacional, Ocaña presentó un proyecto de ley en la Cámara baja para que “el Estado se abstenga de impedir, restringir o limitar el ingreso de medicamentos, especialidades medicinales o farmacéuticas, principios activos o droga farmacéutica, monodrogas, reactivos de diagnóstico y materiales para investigaciones clínicas de origen importado, cuando los mismos contaren con la respectiva autorización de la autoridad sanitaria nacional, debidamente inscriptas en los registros de la autoridad sanitaria nacional y no existieren razones de salud pública que así lo ameritaran”.
Sostiene la legisladora de Confianza Pública: “desde aquel momento, nada se hizo”, por el contrario, “la situación se agravó por las últimas medidas del Gobierno Nacional, en particular, la brutal devaluación”.
“Las dificultades para conseguir ciertos medicamentos o insumos médicos producen desde, al menos, el 2012 y son consecuencia directa de las restricciones del Gobierno Nacional”, fundamentó.
Por último, advierte: “el artículo N° 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantiza el derecho a la salud integral, imponiendo el deber sobre todos los funcionarios y legisladores de la esta Ciudad para resguardar este derecho”.