18 de julio de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Lobby, dinero, naturaleza y fuego: Diputados suspendieron la Ley de Humedales

Pese a que las noticias sobre incendios forestales, los estudios sobre la vulneración del medio ambiente, la inestabilidad que implica la naturaleza ante el avance feroz del hombre, son moneda corriente en las noticias (no sólo de Argentina) sino del mundo entero, los Diputados de los Bloques Mayoritarios pusieron un freno a la Ley de Humedales y existe temor de que “se vuelva a cajonear”.

En la jornada de este jueves se iba a desarrollar la segunda reunión del plenario de comisiones que discute la iniciativa, con la mira puesta en lograr un dictamen que luego pueda ser bajado al recinto, por decisión de los bloques mayoritarios el encuentro quedó suspendido sin fecha.

Según el documento firmado por los presidentes de bloque, se accedió a un pedido de los gobernadores para ser escuchados en el debate.

La misiva que fue firmada por los titulares de la bancada Germán Martínez del Frente de Todos, Mario Negri de la UCR, Cristian Ritondo del PRO, Juan Manuel López de Evolución Radical, Luis Di Giacomo de Provincias Unidas y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal, quedó establecida la suspensión del plenario y se solicitó que “se fije una nueva fecha” para la continuidad del debate, “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales” y descartaron «maniobras dilatorias»

En el plenario, parte del interbloque Federal y la Izquierda iban a buscar dictamen de mayoría sobre un conjunto de proyectos para garantizar la protección y el uso racional de los humedales, en base a iniciativas presentadas por legisladores del Frente de Todos y la oposición, en medio de un fuerte reclamo de organizaciones ambientalistas para que se sancione una ley.

En este aspecto el presidente del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, explicó los motivos por los que se decidió postergar este plenario. “Hoy no íbamos a tener dictamen y me parece que incorporar la mirada de los gobernadores puede ser una alternativa interesante para encontrar un mayor consenso” sostuvo.

Descartó incluso el temor de las organizaciones ambientalistas de que la Ley quede “cajoneada”: “Acá no hay ninguna maniobra dilatoria, hoy no íbamos a tener dictamen y me parece que incorporar la mirada de los gobernadores puede ser una alternativa interesante para encontrar un mayor consenso”.

“Si queremos que el tema llegue, tiene que tener el mayor consenso posible en las comisiones y para eso necesitamos despejar dudas”, añadió con respecto a la decisión de convocar a los gobernadores.

Lo cierto es que en los pasillos del Congreso existe un malestar ante esta decisión. Por caso el diputado socialista, Enrique Estévez, aseguró a la prensa que no están de acuerdo en las formas por las que se levantó el trabajo legislativo.

“Es un tema que venimos debatiendo desde hace muchos años y las provincias lo tienen en claro porque la mayoría ya vienen haciendo inventarios. Pero hay un temor a avanzar en un debate que claramente no es fácil ni sencillo y que no va en contra la producción, pero que tenemos que empezar a hacer algunos cambios y a tener criterios consensuados para cuidar el ambiente”, explicó.

Con respecto al argumento de que los gobernadores formen parte de la discusión, Estévez remarcó que ya hubo dos medias sanciones en el Senado de proyectos que buscaban regular los humedales.

“En teoría es la cámara más dura en representar y defender los intereses de la provincia. Pero cuando pasa a Diputados se frena”, lamentó.

La noticia no cayó nada bien entre los integrantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales, que denunciaron la existencia de «un lobby que presiona para que no salga» esa iniciativa.

Rápidamente se manifestaron ante el Congreso con carteles con leyendas como «Basta de ecocidio al servicio del FMI», «Destruir humedales es ecocida-No sancionar la Ley también» y «Basta de extractivismo. Ley de humedales ya».

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, expresó sus expectativas para que se logren reunir consensos para emitir dictamen de la Ley de Humedales. Asimismo, sostuvo que, si bien se trata de un resorte del Congreso, desde el Gobierno nacional alientan la sanción de una iniciativa en ese sentido y agregó: “Creemos que es necesaria”.

Existe, ciertamente un lobby del poder económico inmobiliario que ha demostrado sobradas veces su efectividad. La pérdida de humedales es la punta del iceberg de un modelo de producción de ciudad dominado por el mercado, donde la renta se impone sobre el cuidado del ambiente, el acceso a la tierra y a la vivienda o a alimentos de calidad.

María José Venancio, Marcela Perelman, Federico Forchani y Luna Miguens, integrante del equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), tomaron dos casos testigos para el Informe Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 2022:

1) Venice Ciudad Navegable. “Es un emprendimiento urbanístico del grupo TGLT, una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes de la Argentina. Se trata de un barrio cerrado ubicado en el municipio de Tigre, en un terreno adyacente a El Garrote, un asentamiento popular donde viven casi 1000 familias. Ante el riesgo de que Venice elevara los niveles de inundabilidad de El Garrote, un grupo de vecines se organizó para iniciar una medida cautelar con el patrocinio del CELS. En el proceso judicial, accedimos al trámite administrativo de aprobación del proyecto, donde quedaron en evidencia fallas y omisiones. La empresa había iniciado las obras sin los estudios de impacto ambiental e hidráulico que se requieren en este tipo de proyectos. Recién tras la suspensión de las obras por parte del Poder Judicial, TGLT inició esos trámites y el organismo provincial competente otorgó la aprobación en un tiempo excepcionalmente corto”.

2) Colony Park. “Un proyecto de barrio residencial sobre 400 hectáreas del delta de Tigre. Las obras, que alteran la topografía insular, se iniciaron sin los permisos necesarios. Vecines y organizaciones lo judicializaron y el proyecto fue suspendido de manera permanente. Esto se logró luego de una inspección que constató que las obras ya habían transformado el ecosistema de las islas por el dragado, la elevación de la cota, la apertura de canales navegables, el ensanchamiento de un arroyo y la rectificación de un canal”.

“Si esta forma de urbanismo se puede llevar a cabo es por un conjunto de flexibilidades y desregulaciones que ponen por delante la zanahoria del desarrollo urbano”, resume la geóloga Patricia Pintos. Por eso el proyecto de ley ya perdió estado parlamentario tres veces. El poder de presión, asegura Pintos: “Los sectores que hacen lobby para seguir garantizando sus privilegios en la explotación forestal, del agronegocio, del litio y en la explotación inmobiliaria son los causales de que la Ley de Humedales esté trabada en el Congreso. Es importante hacer una lectura integral de todo esto”.

El Informe Ambiental 2022 de FARN dice que hay un factor común en varios temas socioambientales: “Las pérdidas de cientos de miles de hectáreas de humedales; bosques nativos y pastizales a merced del fuego en distintos puntos del país; pérdida de estado parlamentario del proyecto de Ley de Humedales; aprobación de la Ley de Zonificación Minera y su derogación inmediata tras las movilizaciones sociales del Chubut-aguazo; aprobación de actividades de exploración sísmica luego de un defectuoso procedimiento de evaluación de impacto ambiental; leyes especiales para promover y proteger actividades generadoras de divisas en un contexto de crisis de deuda y sin un plan posterior”.

Lo que hilvana todas estas problemáticas es “la distancia entre la demanda social –de una mayor incorporación de los temas ambientales en la agenda pública– y las decisiones de los gobiernos que restringen, minimizan o dejan de lado esas preocupaciones”.

No hay que ser experto entonces para entender que los incendios son la expresión del modelo extractivista sobre los humedales: quemar para que avance el capital en alguna de las vertientes productivas (ganadería, forestación de especies ajenas al ecosistema, agricultura intensiva). La Red Nacional de Humedales (RENAHU), conformada en 2020 ante la emergencia ambiental que se potenció con la pandemia, maneja números contundentes: al menos un millón de hectáreas arrasadas por el fuego en los últimos dos años.

El panorama legislativo es incierto. El fuego, en tanto avanza, se come las reservas naturales, destruye el planeta y el ecosistema. La guerra fría del dinero y el ambiente, sigue siendo ganada fácilmente por el primero. Mientras los tiempos de la política local se alargan y demoran, el humo sigue tapando lo que realmente importa.

 

Para NCN por Juan José Postararo