Senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Derechos y Garantías, y Presupuesto y Hacienda escucharon en el Salón Arturo IIlia diversos testimonios de familiares de víctimas de diferentes delitos
En lo que fue la tercera jornada de expositores para referirse a aspectos del proyecto de Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las víctimas de delitos- que se encuentra en revisión-, la primera en brindar su opinión fue la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.
La funcionaria reconoció que hay “muchas dispersión normativa” para castigar a los responsables de delitos sexuales, de género, de trata y con menores como víctimas y remarcó que “el Estado tiene interés de que no se cometan más delitos” pero mientras ello no ocurra “se tiene que castigar a los culpables”.
Seguidamente fue el turno de Guillermo Bargna, padre de Soledad Bargna, quien fue asesinada de 26 puñaladas, en mayo de 2009, por un vecino que tenía salidas transitorias por trabajo de unidad penitenciaria, remarcó que “salvo en contadas excepciones no creemos en la justicia penal, porque muchas veces tratan a las víctimas como victimarios y a los victimarios como víctimas”.
Graciela Pera, madre de Matías Díaz, un joven de 21 años que fue ultimado con un disparo en la aorta, hace 13 años en la localidad de San Fernando, cuando estaba en su trabajo al que entraron a robar, dijo que “en el Poder Judicial, como en la quiniela, hay que tener suerte” a la hora de recaer una causa en jueces y fiscales.
Por su parte, Roberto Almeida, viudo de Ana María Domínguez que fue asesinada en abril del 2000 cuando estaba junto a su hija de apenas siete meses, y organizador de la convocatoria “Para que no te Pase”; brindó detalles de lo que sucede en los “centros de protección a la víctima” desde que ellos se pusieron en marcha.
Además brindaron su opinión Hernán Gullco, profesor de Derecho de la Universidad Di Tella, y la presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones.

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