Nuevas formas de esclavitud
Jueces Sebastián Casanello y Daniel Rafecas, legislador porteño de Bien Común, partido de La Alameda, Gustavo Vera, titular de la Protex, Marcelo Colombo, y obispo Marcelo Sánchez Sorondo, cercano al Papa, coincidieron en enfrentar con políticas públicas delitos como explotación sexual y laboral.
Avance en el juzgamiento y castigo a responsables de delitos de la última dictadura como “ejemplo mundial” y necesidad de “políticas públicas” para replicar la experiencia en relación con delitos que reflejan “nuevas formas de esclavitud” –como trata de personas para explotación sexual y laboral, así como casos de torturas que suceden en democracia– fueron dos ejes coincidentes de jueces federales Sebastián Casanello y Daniel Rafecas; legislador porteño de Bien Común, partido de La Alameda, Gustavo Vera, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo; y canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo. Todos debatieron sobre “Lesa humanidad, derechos humanos de ayer y hoy”, en la Legislatura porteña.
El legislador porteño de Bien Común, partido de La Alameda, Gustavo Vera, abrió la charla en la Legislatura porteña sobre Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad y sostuvo: “en talleres textiles clandestinos se violan sistemáticamente Derechos Humanos” y reveló: “solo en Ciudad hay 3.000 talleres”.
“Consenso social y político sobre la necesidad de juzgar delitos de lesa humanidad de la última dictadura está más que claro, pero no sucede lo mismo sobre nuevas formas de esclavitud”, introdujo ayer por la tarde el legislador porteño Gustavo Vera (Bien Común), organizador de la charla. “Porque la desaparición de alguien para cosificarla para explotación sexual o laboral, y eventualmente matarla, o tráfico de órganos, también son delitos de lesa humanidad, eso impulsa el Papa Francisco y llamó a jueces a que lo apliquen”, continuó, luego de agradecer la participación de disertantes y destacar la presencia de intendentes, diputados, como Gustavo Arrieta y Eduardo Valdez, senadores, como Fernando Solanas, así como sus pares Paula Penaca, Carlos Tomada y Gabriel Fucks, entre muchos otros.
El nombre de Francisco estuvo presente en varias exposiciones. Durante la suya, Sánchez Sorondo recordó un discurso donde el Papa advirtió: “la esclavitud es un crimen de lesa humanidad en cualquier forma” y “la Iglesia tenía que hacer política, porque hacerla es ir contra la esclavitud, que todos los hombres vivan con dignidad, es buscar el bien común”, concluyó el sacerdote. Luego, criticó que la esclavitud “no está calificada internacionalmente como delito de lesa humanidad con suficiente fuerza” e insistió en que “si bien se caminó mucho, hay que actuar en este sentido”.
Colombo trazó un puente entre efectos que persisten en la vida de víctimas de crímenes de la última dictadura y aquella en una red de trata: “Estrés postraumático, procesos de disociación, estigmatización”, enumeró. “Pero hay algo que las víctimas de redes de trata no lograron, que sí lo hicieron muchas que sufrieron el genocidio: verdadera reparación, y ahí hay que trabajar”. Para lograrlo, sostuvo, “hace falta decisión política firme, porque cuando en la investigación de estas nuevas formas de esclavitud uno escala en la pirámide de responsabilidades, termina encontrando a grandes ganadores del capitalismo, los mismos personajes que aquellos que litigan por delitos de la última dictadura enfocan en su intento por juzgar a responsables civiles”.
Rafecas remarcó que el “avance que Argentina hizo en el juzgamiento y castigo a culpables de crímenes de la última dictadura” es “ejemplo mundial por la profundidad de ese proceso, seriedad y escala”, aunque advirtió: “aún existe una masiva supervivencia de la cultura autoritaria en el país y prácticas de tortura en cárceles y comisarías”, donde se ve “la larga mano de la dictadura”. Para el juez, “hay que trabajar desde todos los ámbitos para hacer retroceder esta cultura y reconocer en estas víctimas a iguales, pero para eso faltan políticas públicas”, insistió.
Su colega Sebastián Casanello coincidió en que el proceso judicial sobre el genocidio de la última dictadura “fue producto de fuertes políticas de Estado”, pero no se consigue lo mismo cuando son casos de tortura, y mencionó a la única condena alcanzada por ese delito, la de responsables de torturar a Brian Núñez. “Hay un grave problema cuando el Estado tiene que juzgarse a sí mismo.” Casanello consideró necesario evitar que “la política sea algo canceroso” así como también “la llegada globalizadora de indiferencia”, en una cita reforzada a Francisco. “Delitos de lesa humanidad serían algo sistemático cuando la indiferencia es política de Estado”. Finalmente, llamó a reflexionar “a toda la sociedad para generar auténticas políticas de Estado para lograr que la política, como práctica, sea algo virtuoso”.