Para regular la seguridad privada en la Ciudad

El Frente para la Victoria elaboró una iniciativa para modificar la ley 1.913 de la Ciudad y establecer prohibiciones y obligaciones para agentes.

Legisladores del Frente para la Victoria Carlos Tomada, Andrea Conde, Gabriel Fuks, José Cruz Campagnoli y Paula Penacca presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para regular la actividad de seguridad privada en Ciudad de Buenos Aires.

Diputados manifestaron: “la seguridad privada es un servicio con crecimiento exponencial en la Ciudad en los últimos años, no sólo de la mano de la contratación de empresas o individuos, sino también del Estado”.

“Empresas de seguridad privada actualmente tienen una cobertura importante en la vía pública y comercios y edificios, pero también eventos masivos, actividad nocturna y custodia de edificios públicos”, agregaron.

Y señalaron: “más allá de controles administrativos, hoy no existen mecanismos para evaluar el impacto de estas prestaciones en el sistema de seguridad pública y conocer su desempeño en la prevención de delitos”.

La iniciativa del FpV propone modificaciones e incorporaciones a la ley 1.913. En concreto, el proyecto busca incorporar como requisito para prestadores de servicios de seguridad privada, no sólo que no hayan sido condenados o indultados por delitos que configuren violación a derechos humanos, sino también no estén imputados o procesados por este tipo de delitos.

Asimismo, busca prohibir expresamente el uso por parte de agentes de la seguridad privada de dispositivos portátiles de descarga eléctrica (pistolas Taser) y todas aquellas armas disuasivas y no letales calificadas como elemento de tortura por organismos nacionales y/o internacionales.

Así, la legisladora Andrea Conde señaló: “buscamos fortalecer el paradigma de seguridad democrática que creemos es el marco de todo el accionar del gobierno porteño sobre seguridad en Ciudad de Buenos Aires. Quedó claro en casos como Time Warp con serias carencias de controles y criterios de acción conjunta de cuerpos encargados de seguridad”.

Además se impulsa que el personal de seguridad privada tenga obligación de capacitarse exclusivamente en el Instituto Superior de Seguridad Pública con currícula que desarrolle formación basada en derechos humanos, antidiscriminación y perspectiva de género.

Entre otras modificaciones importantes, también propone crear un cuerpo de inspectores para controlar y fiscalizar el efectivo cumplimiento de servicios prestados por agentes de seguridad privada y sistema de control aleatorio para el personal de seguridad registrado para desempeñar tareas de vigilancia en locales de baile y espectáculos en vivo.

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