Parrilli: «No queremos que se siga repitiendo la historia que hoy intentamos revertir»

El secretario de Inteligencia Oscar Parrilli, en el marco del plenario de las comisiones del Senado que aborda el proyecto para reformar la ley de Inteligencia, defendió la iniciativa del Ejecutivo. Consideró que se trata de una norma orientada a configurar una Inteligencia al «servicio de la democracia».

A su vez, lamentó «profundamente» la ausencia de la oposición en el debate que conduce la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Salón Azul. En ese sentido, estimó que «las instituciones se defienden ocupando las instituciones».

La modificación de la ley 25.520, a la que describió como una búsqueda de «defensa de los intereses de la Nación y de los habitantes», plantea reemplazar la actual Secretaría de Inteligencia por la Agencia Federal de Inteligencia.

Establece el marco jurídico de todos los organismos de inteligencia, no solo las de la AFI, y las limitaciones constitucionales que tendrá esta actividad, separando la inteligencia exterior y la que se desarrolle en el territorio argentino. Estas últimas quedarían limitadas a los delitos federales complejos y que amenacen a la vida democrática del país.

En consecuencia, Parrilli resaltó que era «necesario incluir explícitamente en qué casos se practica la inteligencia».

En otro orden, las acciones que puede realizar el Estado deberán ser ordenadas por las máximas autoridades de cada organismo. Aunque incorpora la posibilidad de que, probada la urgencia, pueda llevarse a cabo sin ese aval. Este apartado fue descripto como «un hecho muy importante» por el ex secretario de CFK, debido a que muchas veces las autoridades del servicio «se enteran por los medios» de las investigaciones en curso.

Por otra parte, el proyecto de la Casa Rosada propone que las personas que dirigirán este organismo sean refrendadas por la cámara alta. El articulado, de prosperar, establece que los funcionarios jerárquicos deberán presentar su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción.

Las relaciones que se den entre la AFI y los distintos funcionarios de cualquier poder se darán solo mediante el contacto con el director y el subdirector del organismo. además debe estar previamente acordada.

La iniciativa pretende reglar la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales al ámbito del Ministerio Público. Este apartado establece que el sistema de escuchas para nutrir los procesos judiciales queden bajo la órbita de un ministerio extrapoder. Respecto a las críticas opositoras acerca del uso de esta herramienta que podría ejercer la procuradora general Alejandra Gils Carbó, Parrilli especificó que todas las intervenciones deben tener, previamente, la orden de un juez competente que la determine.

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