Propuesta de Gil Lozano para la creación de sub comisión de discapacidad en Parlasur

La parlamentaria del Mercosur, Fernanda Gil Lozano presentó un proyecto para la creación de la sub comisión de discapacidad en la comisión de ciudadanía y derechos humanos del Parlasur.

VISTO:
Que para la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), “más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, además del aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental…”
Que existe una gran variedad de problemáticas que soportan los que poseen algún síntoma o evidencia de: diferencia, limitación, disminución, deformidad, anormalidad, enfermedad o cualquier otro factor, que socialmente le significan una desventaja con sus semejantes en sus necesidades para una vida social plena y en pié de igualdad con los demás. Y aunque resulte llamativo o extraño, solo con el correr del tiempo y la evolución humana se llegó progresivamente a concederles protección jurídica y reconocerles socialmente los derechos que les corresponden a través de leyes hoy universalmente reconocidas.
Que fue recién a partir de los años ´80 del siglo pasado cuando se desarrollaron modelos sociales que distinguieron claramente en una persona, una habilidad objetivamente disminuida de la media o en su caso anulada por completo. Esta comprensión de la problemática de las personas con discapacidad ha provocado cambios en las actitudes sociales y, si bien existe una tendencia a adaptar el entorno para facilitar su integración eliminando algunas de las que se denominan vallas arquitectónicas, estamos aún muy lejos de alcanzar siquiera un mínimo generalizado indispensable para evitar su exclusión en los espacios públicos, y muchos más remoto aún en cuanto a la adaptabilidad total de los espacios privados.
Que la multiplicidad de las actuales interacciones sociales, y la cantidad cada vez mayor de barreras urbanísticas, hacen necesario encarar una compleja, variada y ardua tarea, a fin de alcanzar una aproximación a la solución a la mayor cantidad de situaciones de exclusión. Una de las dificultades es la desinformación de los no discapacitados, en cuanto a cómo debe ser su accionar para desenvolverse ante personas con discapacidad. Si bien han quedado en desuso términos “degradantes” tales como: lisiado, inválido, tarado, idiota, insano, estúpido, aún hoy en día personas “culturalmente preparadas” las han reemplazado por eufemismos tales como: invidente, hipo-acúsico, minusválido, o la aberración: “personas con capacidades diferentes”. Ante la pluralidad de opiniones al respecto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fuera aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el día 13 de diciembre de 2006, definió de manera genérica y universal a quien posee una o más discapacidades como: persona con discapacidad. A partir de allí además de persona con discapacidad, de acuerdo a las distintas discapacidades se usa agregar, por ej: persona con discapacidad… auditiva,… visual,… motriz,… cognitiva,… visceral, etc.
Que en la reunión mundial de expertos de 1987, se recomendó a la Asamblea General de Naciones Unidas, redactar una convención internacional para la eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En 1993, fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas las denominadas «Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad». La «Declaración de Beijing» del año 2000, en las que cinco de las más importantes organizaciones no gubernamentales, solicitan a los gobiernos apoyo para una “Convención Internacional Amplia e Integral para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad”, basada en un enfoque holístico. Para llegar por fin en el año 2006, a la aprobación por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de la “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Este es el primer instrumento amplio sobre “Derechos Humanos” del siglo XXI y está supervisada por el Comité de Expertos de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En Argentina fue aprobada por la Ley Nacional Nº 26.378, sancionada el 21 de mayo y promulgada el 6 de junio de 2008.
Que los datos estadísticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) logrados en la ronda de 2010 en base a los distintos censos de cada país, es posible estimar que más de 70 millones de personas vivían entre 2001 y 2013, con alguna discapacidad en América Latina y el Caribe. Lo que equivale específicamente a un 12,6% de Personas con Discapacidad sobre la población de América Latina.
Que las sociedades y las organizaciones más importantes del mundo han entendido la importancia de la Discapacidad y se han ocupado de legislar al respecto, por lo tanto creemos que se hace necesario que este alto organismo internacional regional, agregue a su seno un área especializada en tan importante temática. En los organigramas gubernamentales generalmente se ha encasillado al tema en los ámbitos de “Salud” o “Desarrollo Social”. Si bien no cabe duda que las personas con discapacidad “sufren” enfermedades o necesidades económicas, todos los demás “normales o convencionales” también se enferman o tienen necesidades económicas. Por lo tanto las personas con discapacidad solo se diferencian en estos aspectos que se les “agudiza” su problemática por la discriminación que sufren. Esta se debe a que lógicamente sus tratamientos de salud suelen ser en algunos casos más caros por lo prolongados en el tiempo, y sus necesidades económicas mayores ya que sus índices de desocupación superan en algunos estamentos sociales el 90%. Pero también, en general las personas con discapacidad tienen otra amplia gama de graves problemas de adaptación en temas tales como accesibilidad tanto a edificios públicos como privados, adaptación de las viviendas particulares, del mobiliario urbano en todos sus ámbitos: vallas arquitectónicas en locales oficiales y comerciales, veredas con rampas (además de su estado general), semáforos con señal auditiva, cruces con profundos desniveles en las vías férreas, accesibilidad a medios de transporte, necesidad de señalamiento estático adaptado con escritura en “Sistema Braille”, etc.
CONSIDERANDO:
Que la cantidad, variedad y grados de las discapacidades, y la cantidad y diversidad de barreras insalvables, obstáculos y dificultades de distinto orden que deben sortear, creemos necesario que debemos encarar la problemática desde un ámbito propio, es que vengo a proponer la conformación de una “SUBCOMISION DE DISCAPACIDAD” dependiente de la “COMISION DE CIUDADANIA Y DERECHOS HUMANOS”.
Con el objetivo de aportar, recomendar y/o sugerir, proyectos de leyes y/o reglamentaciones que ayuden a solucionar las problemáticas que aquejan a la considerable cantidad de personas con discapacidad, desde las distintas perspectivas, necesidades y posibilidades locales.
En el convencimiento de que estos aportes harán a la mejor calidad de vida de estos ciudadanos del MERCOSUR, atento a que debemos lograr satisfacer las necesidades de los discapacitados, unificar criterios, integrar y compatibilizar las legislaciones y las políticas públicas en todos los países que lo integran.
Agradezco desde ya el tratamiento de este tema a la Presidencia de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos.

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