Prorrogan la exención de retenciones al biodiesel

A partir del 2006 comenzó una carrera meteórica en la producción de biodiesel en base al poroto de soja nacional. Tres años después, Argentina se convirtió en el primer exportador mundial del sector. Cuatro años más tarde comenzaron a presentarse conflictos comerciales con la Unión Europea que tuvieron como corolario aranceles que, hoy, bloquean virtualmente el acceso del producto nacional a su principal comprador.

En ese contexto, esta semana la Casa Rosada prorrogó hasta el 30 de abril el régimen de promoción económica para eximir temporalmente de retenciones para la producción de biodiesel. Se trata de una medida energética fiscal de Cristina Fernández que pasó por el Congreso con el apoyo las bancadas del PRO, el Frente Amplio, el Renovador y la UCR.

El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del Jefe de Gabinete Marcos Peña y de los ministros de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso de Prat Gay y de Energía y Minería Juan José Aranguren.

La intención es estimular la colocación en el mercado exterior y disminuir la importación de gasoil. Para eso se elimina el gravamen del 19 por ciento que establece la ley de combustibles líquidos retrotrayendo la situación a noviembre de 2011, antes de que AFIP comenzara a gravar el combustible mezclado con la oleaginosa. En sintonía, promueve que los 22 puntos que se cobran por la aplicación del impuesto adicional al gasoil no se facturen cuando se utilice este agrocombustible para la generación de electricidad.

La incipiente industria nacional es de carácter concentrado y básicamente exportadora. Existen 33 empresas en un sector que da trabajo a 1600 personas. Tras el impedimento de colocar su fabricación en el mercado europeo, que era el destino principal de la producción, estas compañías se toparon con un obstáculo existencial.

Mediante una política de incentivación fiscal, la medida busca compensar la pérdida comercial en el flanco externo promoviendo el uso interno de biodisel para mejorar la balanza de cambios.

A su vez, el articulado supone que con la consolidación de la manufactura en base a la oleaginosa en el territorio argentino será posible reducir la demanda de importación de hidrocarburos. Este objetivo es fomentar el trabajo en las aceiteras y pujar por la autosuficiencia energética.

Para tomar una dimensión de la importancia del poroto en debate, su producción representa hoy el 55 por ciento del total de granos. Y además, alcanza el 65 por ciento del área sembrada del país. Cuando se debatió el proyecto, el ministro de Agricultura, siendo diputado, Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) detalló que “sobre un total de 31 millones de hectáreas, más de 21 millones” corresponden a la oleaginosa.

Su peso en la balanza comercial, especificó en ese momento, es de “aproximadamente 33.500 millones de dólares, lo que representa el 60 por ciento de la recaudación en materia de derechos de exportación”.

Antidumpin

En 2013, la Unión Europea sancionó a los productores argentinos elevando los aranceles al 24,6 por ciento (promedio, dependiendo de la compañía) para ingresar al sistema comunitario. Desde la Comisión Europea consideraron que los industriales argentinos estaban exportando a menor precio del costo buscando influenciar negativamente a sus competidores.

Esa acción se denomina ‘dumpin’. La sanción, que tiene vigencia por cinco años (y puede ser refrendada por cinco más), es parte de una política proteccionista que supone que la venta más barata que el valor de producción tiene como fin desplazar a compañías rivales para lograr el dominio del mercado.

La penalidad fue impulsada por el gobierno español, en lo que podría considerarse una resolución revancha a raíz de la expropiación de las acciones de Repsol. Pero también fue apoyada por los grupos de cabildeo franceses y alemanes que representan a productores del mismo tipo de combustible que, con costos de producción más onerosos (debido a que deben importar el poroto de soja), no pueden competir contra los números argentinos.

Frente a esos obstáculos, el Gobierno de Cristina Fernández acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que, en abril de este año, aprobó la creación de un panel de expertos para dirimir la problemática multilareal a raíz del incremento en los puntos impuestos.

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