El presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri (UCR-Córdoba), presentó junto a los diputados Karina Banfi, Luis Borsani y Miguel Bazze, un proyecto de ley que modifica la Ley de Ética Pública con el objetivo de que la Oficina Anticorrupción actúe antes de la designación de funcionarios en el Poder Ejecutivo Nacional. La medida es presentada luego de que los referentes de la UCR hayan presionado a la salida de Valentín Diaz Gilligan.

“Proponemos que se capitalice la experiencia de la Oficina Anticorrupción para que su intervención sea temprana y de carácter preventivo, especialmente en materia de regulación de los conflictos de intereses”, plantean los diputados radicales.

Los referentes de la UCR en el parlamento habían presionado públicamente en el escándalo por la aparición de una cuenta no declarada por parte del subsecretario de la presidencia. Este proyecto ve la luz apenas unas semanas de la aparición de la noticia en el diario El País de España.

“La idea es que quienes resulten designados comparezcan ante la OA, en una suerte de chequeo previo, para ver si no hay contradicciones entre su función anterior y el cargo que van a asumir”, explicó Negri.

En el proyecto se establece que “aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales u otros riesgos éticos o conflictos con las reglas y principios de integridad que puedan existir».

La autoridad de aplicación participa en el procedimiento de designación de quienes sean postulados para desempeñarse como Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional y/o como titulares o integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores de servicios públicos, a efectos de analizar los antecedentes laborales, profesionales y los intereses sociales y patrimoniales de los candidatos en el marco de las normas sobre ética pública y formulará las indicaciones y recomendaciones que pudieren corresponder.

Se tomará en cuenta la información que se hubiera presentado y las fuentes de información públicas disponibles. Con tal objeto, podrá también requerir información complementaria al candidato y pedir informes a los organismos nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto a organismos privados y como particulares.

La iniciativa plantea medidas preventivas que deberá tomar la OA, órgano que deberá realizar un dictamen –de carácter público- referido “a la eventual designación en el cargo del candidato o aspirante que podrá ser en el sentido de recomendación a reparar la situación detectada, a no avanzar con la designación o la potencial intervención de otras autoridades según el caso específico”, argumentaron.

Accede al proyecto:

Proyecto Ética Pública

Compartinos: