‘Democratización’ bonaerense de la Justicia

En la provincia de Buenos Aires, en el marco de la denominada ‘democratización –nacional- de la Justicia’, ingresó una serie de proyectos de ley que también apuntan a reformar el sistema judicial. Por iniciativa del Frente Para la Victoria han propuesto modificar el Consejo de la Magistratura y la selección de sus representantes democráticamente, en sintonía con el combo de medidas que el 8 de abril elevó la presidenta Cristina Fernandez al Congreso.

La iniciativa, impulsada por el senador provincial Santiago Carreras (FPV), implementa cambios en la representatividad de algunos estamentos que están representados en la Magistratura. Los proyectos se aplicarían en el marco de una nueva ley de Ética Pública que es defendida por el Mariottismo. La misma estipula la derogación de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, la 11868.

Al igual que en la reforma de la Casa Rosada, la que ingresó a la Legislatura propone la creación de la Cámara de Casación Laboral, la publicidad de los actos de gobierno y el ingreso laboral al Poder Judicial mediante determinadas pautas mínimas.

Hasta el momento el Consejo de la Magistratura provincial está conformado por dieciocho consejeros. Son un Ministro de la Corte, dos jueces, un consejero del Ministerio Público, seis en nombre del Poder Legislativo, cuatro del Ejecutivo y cuatro más pertenecientes al Colegio de Abogados.

Asimismo, la formación que plantea la iniciativa kirchnerista es de diecinueve miembros. Con la nueva conformación, pierden un representante el Poder Ejecutivo y los abogados. En tanto que los sectores que hasta el momento no se sometían al voto mayoritario deberán revalidar su cargo en elecciones provinciales.

De aprobarse la reforma, el Consejo quedará establecido con un representante Ministro de la Suprema Corte, tres Jueces de las instancias inferiores, tres del Ministerio Públicos (entre fiscales y abogados defensores), seis representantes del Poder Legislativo, tres del Ejecutivo y tres en nombre de los abogados matriculados.

A diferencia de la propuesta presidencial, el representante de la Corte, los legisladores y delegados del Ejecutivo no pondrán su cargo disposición de la voluntad democrática. El consejero por la Corte será elegido por sus colegas en el máximo tribunal y permanecerá en el cargo por un período de dos años.

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