Al contrario de lo que sucede a nivel nacional y provincial, la ciudad de Buenos Aires, que el año pasado aprobó el nuevo Código Electoral que introdujo, entre otras modificaciones, la posibilidad de unificar la fecha de elecciones local con la nacional, no adhirió a la ley de financiamiento de los partidos políticos sancionada a fines del verano por el Parlamento, que volvió a permitir los aportes de empresas a las campañas, prohibidos a fines del 2009.


Por ese motivo, entre otros, este año no recaudarán fondos de empresas privadas para la campaña y sólo se limitarán a las contribuciones de personas físicas, que serán las que presentarán en la Justicia electoral. Esto fue confirmado por dirigentes de la UCR y del PRO, quienes están enfocados en la reelección de Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de la Ciudad.

Durante la discusión en la Legislatura por el nuevo código, el macrismo tuvo que dejar fuera del debate el capítulo dedicado al financiamiento por las trabas de la oposición, y por las idas y vueltas del último semestre del año pasado en el Congreso nacional. Y aunque podrían recaudar fondos para los candidatos a puestos legislativos a nivel nacional, lo cierto es que se definió unificar los criterios, principalmente por la presión que la UCR ejerció sobre este tema.

La idea del macrismo en la Ciudad es ahora aceptar solo donaciones bancarizadas, como obliga la ley nacional, al contrario de lo que sucedió en las últimas elecciones en las que la mayor parte de las mismas fueron en efectivo.

En territorio bonaerense no hay normativa vinculada al financiamiento. Un vacío legal para los cargos provinciales. A esto se suma la denuncia por aportantes «truchos» que llegó hasta la propia María Eugenia Vidal, por la campaña realizada para los candidatos a diputados y senadores por su espacio en Buenos Aires, por lo que esta definición también ayuda en la estrategia comunicacional del oficialismo en torno al flujo de aportes para la campaña electoral.

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