Garrido: «Estamos generando un organismo sin frenos y contrapesos básicos en una democracia»
El diputado nacional Manuel Garrido (UCR – CABA) resaltó sus críticas al paquete de leyes para adecuar el marco legal para que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, especialmente en lo que se refiere a los controles del Ministerio Público Fiscal y el nombramiento de jueces subrogantes.
Sobre el tema de las subrogancias, Garrido manifestó que “el proyecto es inconstitucional, no respeta el procedimiento de designación de jueces establecido por la Constitución. Además, deroga la previsión legal que establece que un juez debe esperar 3 años para volver a concursar. Derogar este artículo demuestra que esta es una ley con nombre y apellido, específicamente, para designar a un juez al que equivocadamente los medios llaman “tortuga”, pero que yo creo que deberían decirle ‘Gacela’ Casanello, que seguramente va a pasar en tiempo récord de un juzgado de primera instancia a la Cámara Penal Federal para reemplazar al Juez Farah, que últimamente no viene ayudando al Gobierno”.
Garrido habló luego sobre el proyecto para una nueva Ley de Ministerio Público y consideró que “en esta ley se encuentran la mayoría de nuestras objeciones. Estamos generando un organismo sin frenos y contrapesos básicos en una democracia. Estamos estableciendo una monarquía dentro de nuestro sistema democrático: No existen organismos de control internos ni externos de la Procuración que puedan revisar sus acciones y tampoco garantiza un buen funcionamiento que el cargo sea vitalicio o que nombre a su propio reemplazo. Gils Carbó tendrá libertad de acción sin rendición de cuentas. Poniendo y sacando fiscales sin los debidos procesos”.
“La propia Gils Carbó admitió no tener auditoría sobre sus gastos. El único control que establece la ley es la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que en 20 años no se ha establecido.”
El legislador criticó además que “no haya un control sobre cómo se ejercen las escuchas, que ahora están bajo el ámbito de la Procuración” y que “incluso el Dr. Alberto Binder consideró que debía haber un defensor de datos para evaluar qué pasa con las escuchas y la información remanente”, advirtió.
Respecto del inicio de la reforma, Garrido sostuvo que “no se comprende la decisión de limitar la reforma a la Justicia penal nacional que funciona en la Ciudad de Buenos Aires y no aplicarla en los Juzgados Federales que se ocupan de los delitos de criminalidad económica, narcotráfico, corrupción y trata de personas. En lugar de eficientizar la Justicia que afecta más gravemente la convivencia social, estamos modificando la Justicia que se dedica a los delitos contra la propiedad”.
“Hay un acuerdo implícito y evidente con los jueces federales que no quieren ceder su poder a cambio de que este año electoral no avancen con las causas de corrupción. Dejamos que muchos jueces penales federales conserven su poder, en vez de avanzar con la reforma que era para desmantelar esas organizaciones subterráneas de la justicia. Estamos dejándolos que sigan funcionando. Una muestra de esto es el reciente nombramiento como juez federal del hijo del vocero de los jueces federales, Canicoba Corral. ¿No les parece mucho dos jueces de la misma familia, contemporáneos, en dos juzgados federales?”, concluyó Garrido.