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El diputado nacional por el Frente Renovador, Marco Lavagna, opinó acerca del Presupuesto 2019, y criticó que “es el ajuste del ajuste del ajuste”. “El Gobierno tiene que entender que tiene que hacer un giro de 180 grados”, reclamó.

Después de que el lunes pasado el ministro Nicolás Dujovne presentara el Presupuesto 2019 ante el Congreso, el economista Marco Lavagna, sentenció desde La Once Diez que “no se desprende del Presupuesto, cuál es el camino que el Gobierno quiere llevar adelante para salir de esta situación”. De tal modo, planteó que “lo que vemos en este Presupuesto es el ajuste del ajuste del ajuste y no cómo empezas a crecer y expandir la economía que es lo que necesitas”.

“No se plantea cómo se va a hacer para generar puestos de trabajo, es esa la lógica de lo que hay que cambiar, y preguntarse qué pasa con la economía local y no tanto con lo de afuera”, completó así.

Lavagna argumentó en este escenario, que “la clave no es cómo te ajustas y te ajustas cada vez más, sino crecer y tener recursos. El Gobierno tiene que entender que tiene que hacer un giro de 180 grados, el año que viene podemos llegar a tener una primera mitad del año muy mala y la segunda la vas a pasar, pero no vas a recuperar lo que perdiste”.

“Es una economía muy chata para pocos sectores. El Presupuesto te determina muchas cosas de la vida cotidiana, si vas a poder comprar las vacunas… el presupuesto de los jubilados… tenemos que tener cuidado con el tema endeudamientos, montos de endeudamiento que se piden, intereses que se pagan cada vez más altos”, explicó.

El presidente de Nuevo Encuentro y diputado nacional MC, Martín Sabbatella, habló de las causas judiciales por corrupción que enfrenta la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y, respecto de las denuncias a Cristina por haber encabezado una asociación ilícita, declaró: “Es un disparate que buscan instalar los partidos mediático y judicial para perseguir a la líder de la oposición en Argentina. Creo que Cristina es absolutamente inocente, pongo las manos en el fuego por ella”.

En diálogo con el programa La boca del Lobo en La Once Diez, el ex presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) agregó: “Obvio que hay corrupción en la Argentina, pero querer asociar un problema estructural de la Argentina a un proyecto político y a una persona determinada es la utilización de un problema estructural para estigmatizar a un proyecto político, que es lo que quieren hacer”.

Y continuó: “Ante esta masacre social y este deterioro que vive la Argentina, la persecución política tiene que ver con que se ponga la atención en otras cosas y porque quieren presa a la líder de la oposición en Argentina, por venganza y porque le temen a su protagonismo en el presente y en el futuro”.

“Yo no tengo ninguna duda de la inocencia de Cristina”, manifestó.

Respecto de la situación económica que atraviesa el país, afirmó que “todos los días es más difícil vivir”, y a continuación apuntó: “Nos endeudamos para que se fuguen capitales, pagar deuda y que un grupo de especuladores tengan ganancias millonarias con la especulación financieras. ¿A dónde fueron los miles de millones de dólares en los que Argentina se endeudó? Estamos endeudados en un 82 por ciento del PBI”.

“Durante estos dos años han empeorado todos los indicadores, los mida quien los mida”, finalizó.

Presidida por el senador fueguino José Ojeda, se llevó a cabo una nueva reunión de la comisión bicameral investigadora sobre la “Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del ARA San Juan”, donde expuso el contralmirante Osvaldo Andrés Vernazza, quien fue director de Comunicaciones e Informática de la Armada cuando ocurrió el hecho y actualmente es el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza.

Al ser consultado por el estado actual de la búsqueda del submarino y el desempeño de la empresa estadounidense Ocean Infinity, contratada para la búsqueda, Vernazza afirmó que “es indudable que el trabajo y el equipamiento son profesionales”, y en esa línea expresó su optimismo: “Los tiempos son inciertos pero los resultados se verán en breve”, dijo.

Sobre cuáles fueron sus acciones al asumir como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, el contralmirante explicó que “se prosiguió con la búsqueda segura, barriendo la zona establecida, con los medios disponibles en ese momento, ya que se habían retirado los buques extranjeros que estuvieron colaborando”. “No hay zonas que se hayan excluido en los rastrillajes”, aclaró.

Luego brindó detalles de las trece comunicaciones que hubo entre los días 14 y 15 de noviembre, en el lapso de diez horas: vía radiotelefonía (voz) fueron 3; radioeléctricas (datos) 6; y satelitales 4.

“El día 14 a las 23.42, mediante comunicación satelital, desde el submarino informan un principio de incendio en el tanque de baterías N° 3, que estaba controlado y había sido producido por la entrada de agua de mar”, informó el funcionario de la Armada acerca de uno de los últimos contactos con el ARA San Juan.

Por último, Vernazza resaltó que “en la Armada somos muy respetuosos de la opinión de quien está en el mar, por eso me resultaría complejo analizar qué hubiese hecho yo en esa circunstancia”.

La comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado Sergio Ziliotto, recibió a representantes gremiales de la Confederación General del Trabajo (CGT); de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTAA) y de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) para debatir sobre la equidad de género, la igualdad de oportunidades en el trabajo y el régimen de licencias especiales.

La semana pasada, en un plenario junto a la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia se había iniciado el tratamiento del tema. El diputado Ziliotto comentó que hay 74 proyectos presentados al respecto, aunque los consensos mayoritarios están divididos entre un proyecto del Poder Ejecutivo y otro de la diputada Vanesa Siley, del bloque FpV-PJ.

“Estamos tratando de buscar la opinión de todos los sectores y el desafío es producir un dictamen que consolide los derechos de todos los trabajadores más allá del género”, resumió Ziliotto.
La iniciativa titulada “Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo y de la Reforma al Régimen de Licencias Especiales” fue anunciada por el presidente Mauricio Macri en marzo pasado.

Modifica el artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo y plantea que “los trabajadores, cualquiera sea su género, tendrán iguales derechos en todo lo relativo a su acceso al empleo, a su selección y contratación, a sus condiciones de prestación, a su desarrollo o evolución en la carrera dentro de la empresa”.

El proyecto también establece que los empleadores deben elaborar o adherir a un código de conducta para “garantizar el respeto a la igualdad de género en el interior de la empresa”. También es requerido a los gremios.

Respecto a las licencias, propone prolongar la licencia por paternidad de 2 a 15 días corridos (incluye adopciones) y se incorporan las licencias por violencia de género (10 días corridos por año), entre otras.

Además, se prevé extender la licencia por procedimientos de fertilización asistida a 5 días por año y a 10 en caso de fallecimiento de un hijo, mientras que se amplían las autorizaciones por trámites por adopción a 2 días consecutivos y hasta 10 en el año.

Por otra parte, formula introducir la posibilidad para todos los trabajadores de acordar una licencia sin goce de sueldo por 30 días con el empleador y que las mujeres puedan reincorporarse a su trabajo después de la maternidad de manera part-time por 6 meses.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, cuestionó el título del proyecto, porque “recicla en forma de slogan principios de igualdad que ya están consagrados” y continuó: “Es un debate desde una bandera muy linda y accesible pero en definitiva nos plantean otras cosas que terminan perjudicando a los trabajadores”.

Daer afirmó que lo “más preocupante es que los códigos de conducta tengan un rango normativo”. “Es algo inédito en el mundo, decidido unilateralmente e impuesto por una empresa. Es una intromisión en la vida interna de los sindicatos y en los convenios colectivos de trabajo”, consideró.

Asimismo, sostuvo: “Podemos estar de acuerdo con un abordaje integral para llegar a la igualdad de todas las compañeras pero para esto tenemos que ir a los puntos donde esto se genera: primero en El Estado y después en la informalidad”.

El secretario general de la CGT también se mostró crítico respecto al teletrabajo porque “esto se genera por fuera de la legalidad y se corre riesgo de precarización”.

Respecto a las licencias, Daer consideró que “no hay un avance integral sobre la realidad que viven las compañeras y hay algunas trampas como el caso de la licencia part time”.

Hugo Yasky, diputado del FpV-PJ y secretario general de la CTA, aclaró que ambas CTA están en sintonía al rechazo del proyecto del Ejecutivo y expresó que “tenemos una posición coincidente con la CGT”.

Estela Díaz, secretaria de género de la CTA, expresó que “esta iniciativa claramente afecta temas de los sindicatos”, y planteó que “es demasiado ambiciosa para una legislación declarativa y sin mucha sustancia”.

Además, contó que se presentó un trabajo conjunto de las mujeres de los sindicatos de todas las centrales que “hace años venimos debatiendo estos temas esenciales”.

Díaz también criticó la falta de factores como lo son “el acceso al trabajo, las trayectorias, la relación entre trabajo y familia, entre otras”. En el mismo sentido, aseguró que “no hay multas a las empresas que no cumplan con la equidad y se incluyen artículos en los que hay otro interés, cuando lo pensamos en un contexto de ataque a los sindicatos”.

En tanto, Díaz respaldó incluir el tema de violencia de género, pero pidió que “no se ponga límite a la licencia”. Además, aportó algunos números sobre el trabajo de la mujer en la informalidad que asciende al 40%, y se mostró optimista de lograr una reforma que “amplíe licencias, cuidados infantiles, de personas dependientes, y de verdaderos aspectos que impactan en la vida de todos y todas”.

En el mismo sentido, Dora Martínez, secretaria adjunta de la CTA Autónoma, entendió “que es un proyecto que se condice con las políticas de este gobierno, es flexibilizador y sigue planteando un modelo de Estado-empresa que desfinancia políticas públicas y es una cuestión binaria en vez de reconocer a la diversidad de género”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Natalia González Seligra coincidió con los expositores y pidió “buscar una garantía para las mujeres denunciantes, que haya tutela sindical para cualquier tipo de persecución laboral”.

Las comisiones de Obras Públicas, Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas, recibieron a representantes de la Confederación de Pymes Constructoras de todo el país, para analizar su situación en el contexto económico actual.

Desde el bloque Justicialista, conducido por Pablo Kosiner, mostraron su apoyo al sector y remarcaron la necesidad de generar una agenda de trabajo para el crecimiento y desarrollo de las pymes constructoras, a la vez que destacaron la importancia de la realización de obra pública con un criterio federal.

El presidente de la comisión de Comercio, el diputado Rubén Miranda, señaló que “la realidad económica que estamos viviendo es compleja e impacta en la industria de la construcción”.

Por su parte, Juan José Bahillo, presidente de la comisión de Obras Públicas, analizó que “desde el gobierno no le encuentran la vuelta al programa económico, se necesita generar políticas de desarrollo”.

Asimismo, el presidente de la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Oscar Macías, sostuvo que desde el BJ se avanza en “encontrar la forma de solucionar los problemas que afrontan las Pymes para
que puedan encaminar su crecimiento”.

Por último, el diputado Javier David apuntó a “la necesidad de ver de qué manera dinamizamos la economía de nuestro país para salir lo más rápido posible de la actual situación económica”.

La Presidenta del Bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño aseguró que “Este presupuesto deja en evidencia la mentira y la ineficacia de este Gobierno, que constantemente dice que no les vamos a mentir, pero eso quedó totalmente desvirtuado con la mentira del Presupuesto 2018, que nos predispone a preguntarnos si será verdad lo que nos están diciendo ahora. Y también está la ineficacia del mejor equipo de los últimos 50 años, que finalmente solo era una frase de campaña”, indicó Camaño.

Y añadió: “Es un presupuesto que no nos va a traer ninguna alegría, porque le dice a los argentinos que Cambiemos cierra su ciclo ajustando aún más una economía que viene con ocho años de crecimiento. Si lo llegan a aprobar nos va a dejar con más aumento de tarifas de servicios públicos, sobre todo el transporte urbano, nos va a dejar con más recesión, porque este presupuesto nos viene a decir que al 2,5 en el que caímos este año le tenemos que sumar el 0,5 que calculan para el año que viene. El presupuesto es un compendio de mentiras y fotos de la ineficiencia del gobierno”

“También nos deja con mucha inflación, porque el mejor escenario que plantean ellos es un 23%, y esto hay que tomarlo con pinzas si tenemos en cuenta las mentiras del Presupuesto 2018. También nos va a dejar con más impuestos, porque para alcanzar el déficit cero, vamos a seguir con retenciones a todas las exportaciones, y esto lo hace un Gobierno que hizo una bandera de no tener retenciones en el campo. Nos va a dejar con menos obra pública, porque es una de las partidas que sufre el ajuste. Nos va a dejar con mucho pago de intereses de la deuda, que es la contracara del déficit cero”, enfatizó la legisladora.

“Si todo sale como dice el Gobierno vamos a estar peor que en el 2015. Y esto nos va a dejar una herencia mucho más pesada que la del kirchnerismo. El gobierno lo que está haciendo ahora emparchar todo, y tenemos un problema muy grande y es que a partir del 2020 hay que empezar a pagar la deuda con el FMI, que se va a sumar al resto de la deuda”.

Por último, sobre la posición del bloque del FR respeto a su aprobación sostuvo: “Nosotros no vamos a obstruir la posibilidad de que el Gobierno tenga Presupuesto, porque entendemos que los Gobiernos tienen que tener Presupuesto. Pero lo queremos debatir, porque creemos que es posible otra alternativa. El Frente Renovador tiene cuadros económicos muy importantes y puede hacer aportes, pero no para el Gobierno, sino para los argentinos, que son quienes la pasan mal. El Gobierno ya vimos que tienen sus recursos en el exterior, con lo cual arman una valija y si te he visto no me acuerdo”.

Fue lo que afirmó el diputado nacional Javier David quien presentó un proyecto de Ley para proteger a quienes están pagando o pagarán viviendas del ProCreAr.

“El Estado está faltando al deber ético de lo que significa la búsqueda de una vivienda social o de una primera vivienda única”, afirmó el diputado nacional Javier David en una reunión con beneficiarios del ProCreAr realizada en el Congreso el miércoles pasado.

Finalizada la misma, el legislador presentó un Proyecto de Ley para determinar el modo de actualización de los créditos UVA. El mismo establece que, cuando el importe de la cuota superase en un 10% el valor de la cuota resultante de la aplicación de ajuste de capital por el Coeficiente de Variación de Salarios, la diferencia será asumida por el Estado Nacional como subsidio de tasa para vivienda única.

“En el proyecto que presenté, se apela al sentido común. Las familias no pueden pagar más que lo que aumenta el salario. La diferencia la debe subsidiar el Estado nacional”, remarcó el diputado salteño.

Asimismo, el Proyecto contempla que la ley sólo se aplicará cuando la inflación del año anterior hubiera superado el 15%. “Hay que proteger a los deudores hipotecarios de los créditos Pro.Cre.Ar del riesgo del fracaso del sistema UVA producto de la desproporcionada suba del dólar e inflación”, señaló David.

Javier David remarcó que “el Gobierno nacional no puede estar al margen de lo que pasa porque planteó un modelo donde se estimaba una inflación del 15%”.

Por otra parte, se refirió a la situación de alrededor de 400 familias salteñas cuyas viviendas del Plan ProCreAr fueron sorteadas hace un año y aún no se entregaron, por las que está realizando gestiones y presentó un proyecto de resolución.

Al respecto, David sostuvo que, “desde un banco privado, llaman a la gente y le dicen si querés entrar, entrá, sino tengo una larga lista de gente. Esta presión no es posible en un contexto totalmente diferente al del año pasado, ya que la inflación va a superar el 40% y la brecha entre inflación y sueldos va ser enorme. No podemos exigir a las familias que soñaban con la casa propia, que acepten condiciones imposibles de cumplir”.

“El Estado debe formar parte de la solución a este problema de la vivienda social o de la primera vivienda”, aseveró David en aquella reunión, ratificando el compromiso del Bloque Justicialista de trabajar en un proyecto que debe aprobarse.

El equipo económico del Frente Renovador, encabezado por el diputado Marco Lavagna, analizó la marcha de la inflación y el número publicado por INDEC para el octavo mes del año, que a nivel nacional fue de 3,9%. En lo que resta del año, la inflación se mantendrá en valores elevados y en septiembre se espera que supere el 5%.

Según destaca el informe del IPC Congreso, el alza no sólo se aceleró respecto del mes anterior (los precios aumentaron 3,1% en julio), sino que además fue el mayor incremento del año. En el Gran Buenos Aires, la suba fue incluso superior (+4,1% mensual), convirtiéndose en el mayor registro de los últimos dos años.

Como resultado de la fuerte suba de los precios en los últimos meses, la variación interanual llegó a 34,4% en agosto para la medición nacional, acelerándose por cuarto mes consecutivo. Tomando como referencia los últimos seis meses, se observa un alza promedio de 3% mensual, lo que equivale a un incremento anualizado de los precios de más de 42%.

En agosto hubo aumentos puntuales autorizados por el gobierno que impulsaron la inflación, tal como en el transporte público, los combustibles o las cuotas de la medicina prepaga. Por eso, los precios regulados exhibieron una suba de 6,2% en el mes. Sin embargo, el IPC Núcleo, que excluye los precios regulados y el efecto de los estacionales, también registró un importante aumentó en agosto (+3,4%), lo que revela que la aceleración inflacionaria es un fenómeno generalizado y persistente, consecuencia de la suba del dólar de los últimos meses.

En los primeros ocho meses del año, los precios acumularon un alza de 24,3%, quedando a menos de 3 puntos porcentuales de la meta central fijada en el acuerdo con el FMI (+27% para el cierre del año). Una parte importante de esta suba obedeció a los aumentos impulsados por el gobierno: los precios regulados acumularon un incremento de 29,4% al cierre de agosto, contra 23,2% en el mismo período de 2017.

Pero además de los incrementos que autorizó el gobierno (la mayoría, asociados a las correcciones tarifarias de los servicios públicos), el resto de los precios exhibió también una dinámica inflacionaria preocupante en el año, sobre todo a partir de mayo cuando los problemas en el mercado cambiario se volvieron más evidentes.

A contramano de la promesa del gobierno (reducir la inflación cerca de 10 puntos porcentuales este año), la inflación de 2018 se encamina a ser la más alta de los últimos 15 años (incluso podría superar el registro de la crisis de 2001): los pronósticos más conservadores refieren a un piso de 40% para el año.

Los aumentos autorizados por el gobierno (siempre por encima de los salarios de los trabajadores) impulsaron la inflación, pero fueron los problemas en el frente cambiario, aún todavía a la expectativa de cuál será su desenlace final, los que enterraron definitivamente las posibilidades de alcanzar un sendero descendente para los incrementos de precios.

La inflación se mantendrá en valores elevados en lo que resta del año, sobre todo porque cada vez son más los precios de la economía que se encuentran atados al dólar, como el caso de las tarifas de los servicios públicos. De hecho, en septiembre se espera que la inflación supere el 5% mensual.

El diputado nacional Jorge Lacoste, (Cambiemos-Entre Ríos), presentó un proyecto de declaración para que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convoque a las entidades financieras, comerciales o bancarias emisoras de tarjetas de crédito para evaluar una solución al problema que generan las altas tasas de interés de los saldos financiados de las tarjetas a fin de implementar una línea de préstamos para que los titulares puedan optar por consolidar la deuda y refinanciarla a largo plazo a tasas razonables.

Lacoste señaló que “la actual crisis económica que vivimos los argentinos, motivada en alguna medida por la situación internacional que castigó a las economías emergentes y por los desequilibrios de años en nuestras cuentas públicas, está afectando fuertemente a las economías familiares y al consumo en comercios.”

Además el legislador explicó que la ley N° 25.065, de tarjetas de crédito permite que las familias puedan “financiar compras en cuotas y saldos al realizar un pago mínimo en cada período, permitiendo a los titulares administrar financieramente el gasto del hogar”. Sin embargo el diputado remarcó que “al sinceramiento de tarifas que impactó de lleno en el bolsillo del usuario, debemos sumarle las dos últimas corridas cambiarias que depreciaron el valor de nuestra moneda, llevando la cotización del dólar estadounidense de $ 20,54 (al 27/04/2018) a $ 38,88 (al 04/09/2018) lo que va a provocar nuevos incrementos en las tarifas de los servicios, aumentos en las tasas de interés que cobra el sistema financiero, pérdida de precios de referencia en la economía, y fuertes subas en los artículos de consumo masivos necesarios para la vida cotidiana de la familia. Esta alteración extraordinaria en la economía comenzó a resentir el sistema de pagos, incluyendo el de las tarjetas que afecta directamente la economía doméstica de los hogares.”

Lacoste también mencionó informaciones periodísticas que altertan sobre este problema como la nota publicada en Clarín “el 23 de agosto de 2018 en su edición digital, que titula’Alerta por el efecto Bola de Nieve. El retraso en el pago de los préstamos y tarjetas aumentó al mayor nivel en 8 años’.”. El diputado además citó el Informe Monetario de agosto de 2018 del BCRA que da a conocer que el financiamiento con tarjeta de crédito tuvo una variación interanual del 38,4%, con un saldo de préstamos de un monto de $ 327.593 millones y que la tasa de interés promedio en agosto se estima en un 60,72% (un 25% más que la tasa de préstamos personales que promedió los 48,58%) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21%.

Por último Lacoste indicó que si bien existe la posibilidad de plantear extrajudicialmente una solución a una alteracion extraordinaria de las circunstancias de un contrato, “creemos oportuno y tranquilizador, para millones de titulares de tarjetas, que el BCRA convoque a las entidades emisoras para estudiar una adecuación de saldos y proponer unalínea de préstamos que permita, con tasas y plazos razonables, que las familias puedan honrar sus deudas evitando la quiebra de las finanzas del hogar y angustiosos procesos judiciales o extrajudiciales. Situación que profundizará la caída de la actividadeconómica por la disminución del consumo, afectando la cadena de pagos de comercios y empresas, que terminará finalmente afectando al sector financiero”.

La diputada nacional por el FIT Romina del Plá dialogó con el periodista parlamentario Félix Alvarez acerca de la situación política del país según la visión propia y del bloque.

“Tanto Macri como los gobernadores acordaron un presupuesto de ajuste para sostener los negocios de los especuladores y banqueros”, sostuvo la diputada, y agregó “No podemos esperar a 2019 para aplicar medidas de emergencia”.

“Aquellos que no quieren intervenir ni plantear los problemas ahora  en realidad esperan que el ajuste brutal lo haga el macrismo y después llegar a una elección donde se quedan con el poder cuando el trabajo sucio lo hizo otro”, determinó.

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El ex mandatario José Manuel de la Sota trasladaba desde Río Cuarto a la capital cordobesa. El auto era conducido por su chofer. Las condiciones climáticas eran buenas y el choque fue contra un camión de gran porte.

Las primeras informaciones brindadas por fuentes de la Policía local aseguran que el siniestro se produjo cuando el auto en el que viajaba el dirigente junto a otra persona se estrelló contra un camión. “Son esas muertes inexplicables y absurdas. Tenía muchos proyectos y tenía ganas de seguir luchando”, sostuvo Claudia Rucci, su compañera en una fórmula presidencial, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El Ministerio de Seguridad cordobés informó que la pareja del dirigente fallecido, la diputada nacional Adriana Nazario, viajaba en su automóvil a pocos metros del Volvo en que iba De la Sota. La legisladora presenció el accidente y junto con su familia llegaron al hospital local con el cuerpo del ex gobernador, donde se confirmó la irreversibilidad de su estado.

Nacido el 28 de noviembre de 1949 y de profesión abogado, fue diputado y senador nacional, embajador en Brasil y tres veces gobernador de Córdoba. En la última elección presidencial, integró el frente UNA con Sergio Massa.

De la Sota tuvo tres hijas, una de ellas fallecida a edad muy temprana.

En el marco de una sesión especial convocada por los bloques opositores para discutir una serie de proyectos vinculados con la educación pública, la legisladora nacional por Chubut, Ana Llanos Massa, se expresó sobre el tema y dijo que “lamentablemente el Gobierno Nacional está más preocupado por hacer un presupuesto de ajuste para el FMI, que por tratar los temas que competen a la educación pública”.

En esta misma línea, manifestó que “lo que ocurrió hoy es una muestra más de lo que está pasando en nuestro país. No quieren dar la discusión en temas tan importantes para la sociedad, en un año donde se cumple 100 años de la reforma universitaria y donde la educación pública, gratuita y de calidad que debería ser una prioridad, está atravesando uno de los momentos más difíciles frente al ajuste”.

“Hoy esperábamos discutir una gran cantidad de proyectos entre los que se encontraban la declaración de emergencia del Sistema Universitario; el conflicto salarial de docentes y profesores universitarios; y el boleto estudiantil; pero lamentablemente no llegamos a reunir el quórum necesario, porque el oficialismo no concurrió al recinto”, explicó Llanos.

“Estamos viviendo una situación dramática y sólo vemos una falta de compromiso por parte del oficialismo. Pero seguiremos convocando a sesiones especiales, porque la escuela, la universidad, nuestros maestros y docentes universitarios son el motor de nuestro país, y de gran importancia para el crecimiento y desarrollo de nuestros jóvenes”.

Por último, la funcionaria expresó su repudio ante las agresiones sufridas por la docente bonaerense y expresó su acompañamiento a los docentes y alumnos que se manifiestan pacíficamente en distintos puntos del país.

El interbloque Argentina Federal, conducido por Pablo Kosiner en la Cámara de Diputados, recibió a rectores de universidades de todo el país para escuchar sus realidades, previamente a la sesión especial y el tratamiento del Presupuesto 2019.

El encuentro se llevó adelante en el Salón Blanco del Congreso de la Nación y estuvieron presentes autoridades de las universidades nacionales de Hurlingham, Moreno, Avellaneda, José C. Paz, Arturo Jauretche, Quilmes, UNA, Pedagógica Nacional, Del Centro de Buenos Aires, De la Defensa Nacional, Del Oeste, San Martín, UNGS, UTN, La Matanza, Lanús, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Tierra del Fuego, La Rioja y Chilecito, entre otras.

“En la Sesión Especial de este jueves buscaremos defender a las universidades de todo el país y a la educación pública en general”, remarcaron los diputados y diputadas nacionales.

“Hay que garantizar una educación que nos permita innovar, crecer, desarrollarnos como país. Esta no puede ser una variable de ajuste porque ponemos en riesgo el presente y el futuro de los argentinos”, sostuvieron.

Con respecto al presupuesto para el próximo año, señalaron que “esta reunión nos permitió tener la mayor cantidad de información y elementos para defender una educación pública de excelencia. Entendemos a la educación como justicia social”.

Integrantes de la Junta Interna de ATE Agroindustria y Delegados/as de ATE de la SsAF de las Provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires se reunieron con la Presidente Dip. Graciela Camaño e integrantes del Inter Bloque Frente Renovador, Rosa Muñoz, Marcela Passo, Carlos Selva y Alejandro Snopek, para visibilizar la situación de despidos masivos y vaciamiento de las funciones en la subsecretaría de agricultura familiar dependiente del ex Ministerio de Agroindustria.
Los delegados aseguraron que “desde la quita del Monotributo Social Agropecuario, una herramienta fiscal que les permitía a los pequeños campesinos operar en el mercado formal de comercialización y, a la vez, gozar de obra social y aportes jubilatorios hasta la ola de mas de 700 despidos en su gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de la SAF, en la sede central de Buenos Aires y en las delegaciones provinciales y regionales del ministerio; dejaron sin capacidad operativa a la SAF y, por consiguiente, huérfanos de toda política pública a decenas de miles de agricultores familiares”.
Agregaron, “La decisión del Gobierno Nacional de quitar el rango de ministerio a Agroindustria, que pasó a ser una secretaría del Ministerio de Producción, medida cuyas consecuencias todavía no pueden calibrarse, amén de la desprolijidad de ese traspaso y de la incertidumbre que hay todavía sobre las nuevas funciones y atribuciones de la nueva secretaría dan por resultado: casi mil trabajadores y trabajadoras despedidos en lo que va del año, desmantelamiento del área de agricultura familiar, decenas de miles de campesinos y pequeños productores a la deriva y una crisis institucional del área que parece no tener fin. Un panorama oscuro sobre que el gobierno nacional parece no tener respuesta. Por lo tanto, ni trabajadores ni productores saben a ciencia cierta quiénes son ahora interlocutores válidos para hacer llegar sus reclamos, que son muchos y muy urgentes.”
Estuvieron presentes también Sebastián Rivera, Secretario Gral. de la Junta Interna de ATE Agroindustria y Horacio Rivero Secretario Parlamentario Frente Renovador.

El diputado nacional por Cambiemos Pablo Tonelli dialogó con el periodista Félix Alvarez acerca del DNU referido a la eliminación del fondo sojero.

“Me tocó defender la validez del decreto desde el punto de vista jurídico y del punto de vista sustancial en orden a los efectos neutros que va a tener la eliminación del fondo sojero”, explicó el diputado. “Los fondos que se coparticipan de los impuestos nacionales llegan ahora al 11%, por lo que hoy en día la gran mayoría de las provincias tienen superávit”, agregó.

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La diputada nacional María Emilia Soria presentó un proyecto de Ley para exceptuar a la producción de peras y manzanas del decreto 793/2018 que fija derechos de exportación, mientras dure la emergencia frutícola.
La iniciativa de Soria manifiesta un “profundo rechazo a la incoherencia y a la improvisación del gobierno nacional” que busca imponer un nuevo impuesto a esta actividad declarada en estado de emergencia mediante ley 27.354, que postergó las cargas impositivas hasta el 31 de mayo de 2018 extendiéndose luego por un año más.
“Nos vemos en la obligación de legislar en virtud de la falta de coherencia por parte de gobierno nacional y su constante accionar en pos de modificar las reglas de juego de las relaciones jurídicas y económicas de nuestro país”, explican los fundamentos del proyecto.
En este sentido, Soria destacó que la situación de quebrantos de todo el complejo frutícola, no fue considerada por el presidente Macri y su equipo de gobierno al momento de sancionar el decreto 793/2018: “Se desconoció el estado de emergencia vigente y se le incrementó una nueva carga impositiva a la producción de manzanas y peras. Situación a todas luces discordante”.
Acompañaron la iniciativa las diputadas Alicia Soraire, Silvina Frana, Verónica Mercado y los diputados Guillermo Carmona, Dario Martinez, Luis Basterra, Roberto Salvarezza, Sergio Leavy; Carlos Castagneto, Daniel Filmus y Alberto Ciampini.

La Comisión de Defensa Nacional, presidida por la diputada nacional Nilda Garré (FpV-PJ), se reunió para abordar una batería de proyectos, entre los que se destaca el fortalecimiento del presupuesto y el equipamiento de Armada Nacional.

En primer término, la Comisión debatió el proyecto de autoría del diputado Alejandro Ramos (Primero Argentina) que plantea la necesidad de crear un programa de equipamiento de la Armada Argentina que se enfoque en tareas de patrullaje en el Mar Argentino (PROEPRAT).

“Esta iniciativa pretende brindar herramientas concretas al Poder Ejecutivo para fortalecer nuestra Armada, proteger nuestros mares y reactivar la industria de defensa”, esgrimió Ramos en la argumentación del proyecto.

En líneas generales el proyecto impulsa un plan para generar un reequipamiento de la Armada con un monto y plazos específicos, que siempre se adecuarán a los criterios del Poder Ejecutivo.
“Esta propuesta es de suma relevancia teniendo en cuenta el valor estratégico de la región”, evaluó Nilda Garré.

Sin embargo, por mayoría los miembros de la Comisión, definieron que la propuesta continúe en tratamiento en la comisión, a fin de ajustar detalles que permitan alcanzar los consensos para su aprobación en el recinto. Y acordaron continuar con su tratamiento en una nueva reunión en quince días.

En segundo término, se abordaron dos proyectos de autoría del diputado Carlos Roma (PRO). Uno, que propone crear en el ámbito del Congreso de la Nación la figura del delegado parlamentario para las Fuerzas Armadas, y el otro, que prevé la creación del sistema de reserva de las Fuerzas Armadas (SIREFFAA).

Sin embargo, sobre estas dos propuestas, los diputados decidieron profundizar el estudio de las iniciativas y evaluar los resultados de su implementación en diversos países.

La comisión de Deportes, presidida por Daniel Scioli, recibió a Julián Klopp, investigador del CONICET y a Luis Regalini presidente de la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos, a fin de abordar los argumentos del proyecto de ley que pretende el reconocimiento de dicha actividad y su regulación.

“Esta ley es muy importante para brindarles a los jóvenes un entorno de regulación que permita su desarrollo seguro”, explicó Julian Klopp.

Por su parte, Luis Regalini realizó un diagnóstico sobre la actividad en el mundo. “Existen 48 países que regulan esta actividad”, al tiempo que destacó que “el deporte electrónico es inclusivo porque es un espacio donde todos somos iguales”.

El proyecto que tiene como coautora a la diputada Josefina Mendoza encontró reparos de diversos bloques que no coincidieron en la concepción de deporte a la práctica de videojuegos y a su financiamiento por parte del Estado nacional.

“Queremos que se apruebe el mejor proyecto, por eso abrimos este debate y vamos a continuar profundizando sobre el tema en próximas reuniones”, dijo Mendoza.

En otro orden, se dictaminó en favor de instituir el 21 de agosto como Día de las Futbolistas Argentinas, en reconocimiento a la selección de fútbol femenino que en el año 1971 ganó el campeonato mundial en México tras vencer a Inglaterra por cuatro goles contra cero.

“Este proyecto es una forma de otorgar equidad a una práctica que históricamente fue relegada”, destacó la diputada Gabriela Cerruti, impulsora de la iniciativa.

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a debatir el proyecto del Poder Ejecutivo sobre equidad de género salarial y extensión de licencias en el trabajo.

La titular de la Comisión de Familia, Alejandra Martínez, recordó que “la discusión sobre licencias tiene más de 20 años en el Congreso, por eso celebramos que se trate hoy, porque nunca llegó a ser ley”. Asimismo, destacó “que hayamos alcanzado de manera transversal diferentes consensos. El proyecto tiene una cuestión elemental que es la perspectiva de género”.

La reunión conjunta recibió a Fabiana Tuñez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y a Ernesto Leguizamón, jefe de gabinete de la secretaría de Trabajo y Empleo.

Luego de realizar un análisis sobre la legislación que “elevó los estándares de ciudadanía de las mujeres”, Tuñez expresó: “La conquista de derechos no es la sumatoria de hitos aislados; hoy debatimos políticas de igualdad de género”.

Sobre el proyecto, Tuñez explicó que “uno de los principales obstáculos es la desigualdad en lo salarial, que impide nuestra plena inclusión”.

La directora del INAM explicó que la brecha, en ocasiones, asciende al 29% y hasta un 49% en determinados eslabones. “La mayor parte de las mujeres cuenta con estudio secundario y eso no se ve reflejado en los salarios. Se nos exige más y se nos paga menos. El cupo sindical tampoco se cumple”, manifestó.

También indicó que la participación de las mujeres en el mercado laboral es de un 60%, en cambio en los varones es de un 90%.

Ernesto Leguizamón ponderó los principales puntos del proyecto del Ejecutivo: “Es muy novedoso porque además alcanza trabajos que se desarrollan fuera del establecimiento laboral y que ahora están prohibidos para mujeres”.

Además, el funcionario destacó que “en los estatutos sindicales se incorpora la figura de igualdad de género” y que, en cuanto a las licencias, se “incorporan la licencia paterna de 15 días que también alcanza a la mujer no gestante, las licencias por fallecimiento, en las que se agrega unión convivencial, las licencias por adopción, por fertilización asistida, por violencia de género y la jornada part time que son para que la mujer tenga la protección física y de sus derechos”. A su vez, no descartó cambios en el proyecto para lograr el consenso con todas las fuerzas.

Desde el Frente Para la Victoria, la diputada Vanesa Siley se mostró crítica con la iniciativa y expresó que “esta ley solo tiene un lindo título y nada para llegar a la igualdad y mejorar la vida de las mujeres”. Consideró que “el problema es la segregación ocupacional, los trabajos feminizados; ocupamos los mayores índices laborales no registrados, con un 70%. Es un problema de Estado. Hay pocas mujeres jefas, ministras, juezas. La comparación arroja que el salario es un 30% menos que los hombres”. Y sostuvo que el proyecto “no hace referencia a los géneros, no hay lenguaje inclusivo y el empleador no tiene ninguna multa por incumplimiento”.

En tanto, la diputada Karina Banfi (UCR) expresó: “El foco tiene que estar en combatir la precarización laboral”, y pidió “generar una ley que equilibre el sistema de trabajo para todos los trabajadores”.

El diputado Facundo Moyano (Federal Unidos por una Nueva Argentina) aportó algunos números: “La diferencia salarial se da en el 57 % de mujeres activas, la informalidad laboral tiene un 31%”.

También denunció que en el proyecto “la pata empresaria no está en discusión” y aunque estuvo de acuerdo con la igualdad salarial, comentó que “es una ironía discutir esta iniciativa en el contexto de desempleo del país”.

Desde el Movimiento Evita, la diputada Araceli Ferreyra celebró que “se incorpore la violencia de género” e indicó que “hay una brecha salarial de 4 mil pesos, somos las más capacitadas porque hay mayor formación educativa pero siempre nos exigen más en condiciones desiguales”.

Por último, Nicolás Del Caño (FIT) consideró que “es un proyecto demagógico”. “No es un problema de igualdad sino de las categorías que se les asignan a las mujeres”, y ejemplificó que las mujeres se dedican entre 5 y 7 horas diarias al trabajo doméstico mientras que los hombres sólo 2 horas. “No se pueden plantear licencias sin goce de sueldo” dijo.

La iniciativa lleva como título “Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo y de la Reforma al Régimen de Licencias Especiales”. Había sido anunciada por el presidente Macri en marzo pasado y modifica el artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo. Plantea que “los trabajadores, cualquiera sea su género, tendrán iguales derechos en todo lo relativo a su acceso al empleo, a su selección y contratación, a sus condiciones de prestación, a su desarrollo o evolución en la carrera dentro de la empresa”.

El proyecto también establece que los empleadores deben elaborar o adherir a un código de conducta para “garantizar el respeto a la igualdad de género en el interior de la empresa”. También es requerido a los gremios.

Respecto a las licencias, propone prolongar la licencia por paternidad de 2 a 15 días corridos (incluye adopciones) y se incorporan las licencias a víctimas de violencia de género (10 días corridos por año), entre otras. Además, se prevé extender la licencia por procedimientos de fertilización asistida a 5 días por año y a 10 en caso de fallecimiento de un hijo, mientras que se amplían las autorizaciones por trámites por adopción a 2 días consecutivos y hasta 10 en el año.