VanesaMeire

El Congreso argentino registró un significativo avance en materia de transparencia. Así lo revela el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, en el que alcanzó un promedio del 46% en la medición porcentual de indicadores de transparencia: 7.5% más que en 2016. El de nuestro país fue el que mayor avance registró entre los 11 parlamentos de Latinoamérica que se incluyen en esta suerte de ránking internacional. La medición es realizada cada dos años por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Fue presentada en la Cámara de Diputados, por la organización civil Directorio Legislativo.

Estos resultados revelan un claro aumento en las cuatro dimensiones que componen el índice: normatividad (+2.41%), presupuesto y gestión administrativa (+10.13%), participación ciudadana (+10.57%), y labor legislativa (+3.67%). Según el informe, el mayor rendimiento en materia de transparencia lo marcó, en general, la Cámara de Diputados.

“Estos resultados surgen del análisis de esos datos en ambas Cámaras y se realizan cada dos años”, explicó Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de Directorio Legislativo, una de las organizaciones no gubernamentales responsable de la medición.

Además, Alonso Murray destacó que “este informe muestra un evidente crecimiento de transparencia en estos dos años”, y enfatizó que “no hay otro país que haya crecido tanto en el mismo período”. Apuntó que “este trabajo tiene como finalidad alcanzar un mayor fortalecimiento del trabajo conjunto de ambas Cámaras”.

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa es una plataforma de 28 organizaciones independientes de la sociedad civil que promueven la participación y transparencia legislativa en 14 países de Latinoamérica.

La secretaria administrativa de la Cámara de Diputados, Florencia Romano, felicitó a los referentes de la sociedad civil por su trabajo y valoró los resultados: “Esto tiene que ver con la existencia de un plan de trabajo claro en pos de forjar la transparencia”.

En la presentación también se destacó, desde la Cámara de Diputados, la necesidad de poner énfasis en los aspectos cualitativos del trabajo legislativo y no en meros indicadores cuantitativos. “Muchas veces, una ley que no se aprueba no es reflejo de falta de trabajo sino de todo lo contrario. La labor de un parlamento no se puede medir con parámetros de producción en serie. Este año, por ejemplo, hubo en el Congreso argentino un gran trabajo en torno al proyecto de despenalización del aborto, con un enorme flujo de participación ciudadana y de debate abierto, y sin embargo eso no derivó en la aprobación de una ley”, se destacó en el encuentro en el que se analizaron aspectos del “ránking de transparencia”.

En materia de normatividad, se destacó como uno de los avances más significativos la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública a fines de 2016 y su posterior implementación en 2017. También se valoró la creación de una Oficina de Atención Ciudadana del Congreso y la existencia de normas que regulan la publicidad de los gastos del Congreso, así como la aplicación de la Ley de Ética Pública que obliga a los legisladores a presentar su declaración jurada de bienes personales.

En lo referido a participación, atención ciudadana y rendición de cuentas, el informe destaca el volumen de información publicada en las páginas web. Señala que “el avance de la información publicada fue notorio, existiendo una sección específica de ´transparencia´en la web de cada una de las Cámaras, en la que publica información sobre dietas y viajes de los legisladores, informes de gestión, estructura administrativa, nómina de personal y escalas salariales, entre otra”. Destaca la publicación de la Cámara de Diputados en formatos abiertos. También valora la multiplicidad de canales de difusión y el uso de redes sociales para informar sobre las actividades del Congreso. Señala, como positivas, la existencia de las Oficinas de Transparencia y Acceso a la Información Pública en ambas cámaras, así como la de los canales de televisión de Diputados y del Senado.

En el área de gestión administrativa y presupuesto, destaca la publicación de las dietas de los legisladores y su correspondiente desagregación; la publicación de contrataciones públicas y la realización de auditorías internas y externas.

En materia de labor parlamentaria, se valora la publicación de las votaciones nominales; la transmisión en vivo de las sesiones a través de diversas plataformas y el portal de “votaciones abiertas” lanzado por Diputados.

El índice también propone ciertos desafíos para la institución legislativa entre los que se destacan el de generar mayor articulación y comunicación entre ambas Cámaras, así como el de proveer información en formatos abiertos. Entre asignaturas pendientes menciona la inexistencia de una ley de lobby que regule las actividades de cabildeo dentro del Congreso. También la falta de creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública exclusiva del Congreso Nacional y la no obligatoriedad de publicación de un informe de gestión de los legisladores. Señala también “la inexistencia de un órgano regulador para la ética parlamentaria”. Señalan como un déficit “la falta de publicación del registro de asistencia a las reuniones de comisión” y “la inexistencia de un documento que registre las asesorías externas que reciben los legisladores”.

Acompañaron la presentación de este informe el diputado Carlos Villalonga (PRO); los responsables de las oficinas de Acceso a la Información Pública del Senado y Diputados, Diego Lacu y Luciana Cañete; miembros de las ONG que forman parte de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, funcionarios, asesores y empleados de diversas áreas del Congreso.

La Corte Suprema rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley de Lemas en Santa Cruz, todavía vigente en esa provincia, presentado por la UCR.

Los ministros de la corte suprema votaron por unanimidad en contra del planteo de la UCR porque entienden que las provincias tienen autonomía para dictar sus leyes electorales.

En los comicios de 2015, la Ley de Lemas posibilitó que Alicia Kirchner fuera gobernadora al sumar sufragios de sublemas de otras listas del peronismo, a pesar de que Costa obtuviera más votos que ella.

De esta manera, aunque con otra integración, la Corte mantuvo el criterio que ya fijó en 2003 en oportunidad de resolver en el mismo sentido sobre la ley de Lemas.

El presidente Mauricio Macri decidió prorrogar las sesiones extraordinarias hasta el 28 de diciembre para tratar el proyecto de ley “anti barrabravas”.

Así lo anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con la extensión se posibilitará que el proyecto de ley sobre barrabravas pueda ser tratado y votado por ambas cámaras antes de fin de año. 

La convocatoria a extraordinarias originalmente era hasta el 21 de diciembre, pero los plazos no permitieron que la iniciativa que agrava penas para barrabravas se tratara en la Cámara de Diputados lo que está previsto para el 18 de diciembre y hacer el giro a Senadores.

El diputado kirchnerista Axel Kicillof realizó un balance crítico de los tres años de Gobierno macrista respecto a la economía.

“Es imposible encontrar algo que hubiera ido bien en términos de resultado porque el empleó cayó, la economía cayó en términos per cápita entre 6 y 7 puntos, tres años de recisión en cuatro años de Gobierno, la inflación desde que terminó el gobierno de Cristina (Kirchner) totaliza 156 % mientras el aumento salarial fue del 91 %, la jubilación aumentó 105 %, el salario medio el 103 % y hubo una pérdida del poder adquisitivo del 25 %”, sostuvo.

“La gente ahora gana muy mal y la inflación es el doble que con nosotros. Diagnóstico malo y además mala ejecución. Tuvo que echar a dos presidentes del Banco Central, dilapidaron las reservas, hubo fuga de capitales. Muchas de las cosas que hizo Macri están dentro de la ideología del empresariado local. Devaluar, bajar las retenciones, endeudarse, era el programa que nos reclamaban a nosotros. Les molestaba la presencia de un Estado más keynesiano”, lanzó.

“El endeudamiento de Macri, el grueso del endeudamiento, se fue en la fuga de capitales. Se fue por la canaleta”, afirmó, resaltando que “es el mismo modelo que se aplicó en los ’90 y en la dictadura militar”.

El diputado nacional por la Coalición Cívica y fundador de la Cooperativa La Juanita, Héctor “Toty” Flores, desestimó la posibilidad de ser candidato a intendente de La Matanza y respaldó la posible postulación del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro: “Mi candidato es Finocchiaro. Es un hombre que le gusta la pelea, quiere ser candidato a intendente de La Matanza, así que estamos trabajando para que él lo sea”.

Asimismo, en diálogo con La Once Diez, criticó la gestión de Verónica Magario y se refirió a la decisión de la actual intendenta de dar un bono de 18 mil pesos a los trabajadores municipales: “La Matanza no es deficitaria porque no hacen obras públicas. No se hacen los asfaltos necesarios, no se tiene una recolección de basura que realmente llegue a todos los barrios, hay muchas cosas que no se hacen. Si yo en mi casa no hago nada, no le doy de comer bien a mis hijos, por ahí tengo para irme de vacaciones, pero en La Matanza la gestión no es buena”.

“Magario gasta en campaña, quiere decir que su gestión puede dar un bono que la Provincia y la Nación no puede dar, pero la demagogia tiene patas cortas hoy en Argentina”, sostuvo.

“Carrió tiene la firme decisión de continuar en Cambiemos”

Acerca de las críticas de Elisa Carrió al nuevo protocolo de seguridad anunciado por la ministra Patricia Bullrich, coincidió con la líder de la Coalición Cívica en que “hay que llevarlo al Congreso”. “Tengo admiración y profundo respeto por lo que hace Patricia, una persona honesta, pero nosotros tenemos la obligación como legisladores, si vemos que hay un avance sobre los derechos humanos, de decirlo. Tenemos que aprender que en Argentina se terminó que el Congreso sea una escribanía, pero eso no significa que se rompe la posibilidad de gobernar en conjunto”, analizó.

En este sentido, Flores añadió que “mucho se ha dicho que Carrió quería romper” pero aseguró que “ella tiene la firme decisión de continuar en Cambiemos porque ha visto que esto es la salida para la república que todos queremos”. Y agregó: “La gente no está preocupada si Carrió rompe, el que está preocupado es el círculo rojo. Yo estoy convencido de que Carrió tiene un rol institucional muy importante, está jugando a eso y no tiene otra connotación que no sea eso”.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley por el cual se crea una contribución extraordinaria sobre el capital de cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de ahorro, de crédito y/o financieras y de seguros y/o reaseguros, cuyo antecedente directo es el artículo 126 de la Ley de Presupuesto 2019.

Con 174 votos afirmativos y ningún voto en contra, la norma girada al Senado se aplicará en todo el territorio de la Nación y regirá por los cuatro primeros ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2019.

El diputado Luciano Laspina (PRO) manifestó que “la iniciativa propone la creación de una contribución extraordinaria de carácter transitorio”, de manera tal de “contribuir al esfuerzo fiscal y reducir la carga sobre el sector”.

Entre los fundamentos, el proyecto sostiene la necesidad de “una distribución justa y equitativa de los esfuerzos fiscales en función de la capacidad contributiva de los ciudadanos, los sectores económicos y las corporaciones alcanzados en este proceso”.

En la misma línea, el diputado Eduardo Cáceres (Pro) señaló: “Sabemos el esfuerzo que realizan hoy muchos sectores de la economía –tal es el caso de las cooperativas-“, al tiempo que expresó: “Es una ley importante para el desarrollo de nuestras cooperativas, de modo tal de quedar protegidas de estos gravámenes”.

En tanto, Martín Doñate (FPV) manifestó el apoyo a la iniciativa aunque marcó algunas disidencias. Por su parte, desde el mismo bloque, Julio Solanas expresó: “Hoy estamos rompiendo el principio de la solidaridad con la que trabajan estas cooperativas”.

Finalmente, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) se mostró a favor del proyecto al afirmar que “no se pueden gravar con ganancias a las cooperativas y mutuales”.

La Comisión de Industria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que preside el Diputado Nacional José Ignacio de Mendiguren, recibió a representantes de entidades Pymes de todo el país para escuchar las necesidades ante la grave situación que atraviesa el sector. Al término del encuentro, se asumió el compromiso de trabajar de manera conjunta en un proyecto de Emergencia Industrial.

En el marco de este encuentro, convocada bajo la consigna #NiunaPYMEmenos, los referentes indicaron que en los últimos tres años la actividad del sector cayó un 9,8%; se perdieron 104.000 puestos de trabajo en los últimos tres años. A partir de esas estadísticas, se abordaron los problemas que están destruyendo el potencial productivo de Argentina, que representan las industria en general y las Pymes en particular, las cuales se enfrentan a un panorama crítico por la retracción del mercado interno y el aumento de costos.

En el último mes las ventas minoristas cayeron 15,6%, la retracción del salario real es del 6% y las importaciones de bienes de consumo aumentaron 19%. Asimismo, desde enero de 2016 el precio mayorista de la energía eléctrica aumentó 495%, los costos logísticos 154% y los insumos importados 194%. Como resultado, los márgenes de rentabilidad de la industria se encuentren cada vez más comprimidos. En octubre sólo el 36% de las Pymes industriales lograron operar con márgenes de rentabilidad positivos. Entre enero de 2017 y junio de 2018 la AFIP realizó 246.900 juicios por embargos.

“Necesitamos medidas urgentes, no podemos más. Necesitamos soluciones a los embargos, a la suba de tarifas, a la suba de las importaciones y a la imposibilidad de exportar ante la imposición de retenciones y la quita de reintegros”, manifestaron desde IPA, en tanto que Empresarios Laudistas resaltaron: “El INDEC dice que cerraron 15.000 empresas en el primer semestre, lo que serían 15 empresas por día. Según nuestro relevamiento son 25 empresas por día las que cierran”.

Al respecto, el diputado nacional y Presidente de la Comisión de Industria, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo: “Las Pymes son la célula constitutiva de nuestro tejido productivo. Son las protagonistas de la recuperación económica y necesitan una alternativa ya. Se destruyeron 104.000 puestos de trabajo en los últimos tres años y tienen el 40% de la capacidad productiva ociosa. El gobierno tiene que entender que no se las debe ayudar porque sean débiles, sino porque son el motor central del desarrollo nacional”.

Y añadió: “No hay desarrollo nacional con redistribución del ingreso e integración territorial sin un fuerte entramado PYME que lo genere. Con nuestras Pymes fortalecidas Argentina tiene una oportunidad de desarrollo.

Tras el encuentro, se asumió el compromiso de trabajar coordinada e intensamente entre el Congreso y las Pymes industriales para atender la situación. En este sentido la comisión de industria trabajara en un proyecto de emergencia industrial.

Participaron del encuentro legisladores de diferentes bloques y las cámaras APYME, CAPPITEL, Agrupación Gelbard, CEEN, ENAC, Frente Productivo, PRO TEJER, IPA, RIEL, CAPIPE, Cámara textil de Luján, CAS, CGERA, Centro de Panaderos, CGI, FAIPA, PEN, Nueva FECOBA, Parque Industrial Plátanos, Polo Hudson, PYMESUR, UIB, entre otros

La diputada nacional Elisa Carrió pidió un juicio político para los jueces que absolvieron al ex presidente Carlos Menem en la causa armas. 

Se trata de los jueces que el pasado 4 de octubre firmaron un polémico fallo, en el que argumentaron que se había cumplido el “principio del plazo razonable” para una condena firme, luego de que pasaran 23 años del inicio del juicio.

En el escrito, Carrió pidió que se suspenda a los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques y que se formule la acusación y enjuiciamiento por la “realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.

Para Carrió, los magistrados no tuvieron en cuenta la cantidad de travas y postergaciones que la defensa del ex presidente fue poniendo durante el proceso para que que se alargara en el tiempo. “Decidieron pasar por alto un hecho de público y notorio conocimiento: que el gobierno de Menem se caracterizó, entre otras cosas, por amoldar el funcionamiento del Poder Judicial a sus intereses personales y político partidarios. En lugar de considerar la capacidad de Menem de intervenir en la causa para su beneficio, los jueces atribuyeron los desvíos procesales inexplicables a meros errores cometidos por parte de operadores judiciales inferiores”, argumentó.

“Equipararon a Menem a un ciudadano ordinario sin capacidad para interceder en la Justicia, considerando que el retraso inexplicable de la causa no tuvo nada que ver con el ex presidente, sino con el deficiente funcionamiento del aparato de justicia, absolviéndolo así de todo cargo”, justificó Carrió en el pedido de juicio político.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que propone derogar una serie de artículos de la ley que regula la cantidad producción y comercialización de pasta celulosa y papel para diarios. Es una iniciativa que, según sus fundamentos, apunta que la industria “pueda desarrollarse al máximo de la capacidad instalada, reconvirtiéndose a la producción de nuevos productos complementarios que permitan mantener los puestos de trabajo con perspectivas de mercados crecientes y sustentables a largo plazo”.

Según sus fundamentos, el proyecto, que obtuvo dictamen de la comisión de Comercio, tiene por objeto “corregir ciertos efectos negativos en la aplicación plena de la Ley N° 26.736 por medio de la cual se regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios”. Subraya, por ejemplo, que “la regulación del precio único y público, terminó operando en contra de condiciones equitativas de mercado, perjudicando a pequeños compradores asociados en cooperativas que, con anterioridad, negociaban sus compras con importantes descuentos”.

El diputado Diego Bossio, autor del proyecto, hizo hincapié en “la tendencia a la baja en la producción de papel y consumo de diarios”, al remarcar que “ante los cambios tecnológicos, este sector tiene un gran desafío”. “Se venden menos diarios y se vive un proceso recesivo no sólo por el deterioro de la economía sino por el avance de las tecnologías”, describió.

El legislador manifestó la necesidad de introducir algunos cambios. “Garantizar el arancel cero durante 10 años a la importación de Papel Prensa y no discriminar entre accionistas y no accionistas”, detalló.

Desde la izquierda, manifestaron su rechazo. “Es un rescate de la empresa monopólica Papel Prensa”, acusó Romina Del Plá, al tiempo que aseveró: “Contribuye con la política de hundir a la competencia”.

Desde el FPV, Marcos Cleri criticó el “el debate exprés” del proyecto. Asimismo, el diputado indicó que el precio sería regulado por la propia empresa, mientras que de acuerdo a la ley sancionada en 2011 se fija un precio único para todos los compradores de papel.

“Están sancionado una ley ilegitima que perjudica a los medios del interior y no resuelve el problema de los trabajadores”, resumió.

El diputado Leopoldo Moreau (FPV) afirmó que “este no es el único sector que está en recesión en la Argentina”, y agregó: “Con esto se vuelve a ejercitar monopólicamente la distribución de diario en nuestro país”.

Por su parte, el presidente del bloque del FPV, Agustín Rossi, expresó su desacuerdo con la norma y señaló: “Papel Prensa es una sociedad de Clarín y es la única empresa que hace esto en la Argentina, por lo cual tiene una posición dominante. Es una ley para favorecer a los socios privados de Papel Prensa”, asintió.

Desde el Frente Renovador, Graciela Camaño sostuvo: “Nosotros creemos que esta situación se tiene regularizar”, al señalar que “no estamos afectando a la libertad de expresión con nuestro voto”.

Finalmente, desde el Pro, el diputado Nicolás Massot sostuvo que la ley en discusión “fija un precio único respecto a los valores de importación”. Luego afirmó que “con esta modificación no estamos beneficiando al Grupo Clarín”.

El proyecto fue aprobado en general y en particular. Ahora será girado al Senado.

Con un tratamiento en conjunto, la Cámara debatió dos proyectos de ley por los cuales se autorizan las entradas de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones, a realizarse desde el 1° de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019 y en el del 10 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018, respectivamente.

La primera iniciativa fue aprobada con 131 votos positivos y 43 negativos, mientras que el proyecto con fecha 10 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018, volverá a comisión por acuerdo de los bloques.

Al respecto, el diputado Carlos Fernández aseguró que -de este modo- “se autoriza a las Fuerzas Armadas Argentinas a la realización de entrenamientos e integración con Fuerzas de otros países”. “Nuestras Fuerzas tienen que estar preparadas ante el contexto mundial”, aseveró el diputado radical, al tiempo que explicó: “Esto nos permite acceder al funcionamiento de primera mano y prepararnos para las misiones de paz”.

Por su parte, desde el FPV Nilda Garré sostuvo: “Objetamos la realización de estos ejercicios porque incumplen los principios de la normativa legal”.

En tanto, Romina del Plá (Frente de Izquierda) añadió: “Estos entrenamientos deben ser rechazados por su finalidad”, ya que aseguró “se le asignan funciones de seguridad interior a las Fuerzas Armadas”.

En el marco de las sesiones extraordinarias, las comisiones de Legislación Penal y de Deportes de la Cámara de Diputados retomaron hoy el debate sobre el proyecto de ley que instrumenta un régimen penal en materia de espectáculos futbolísticos.

Luego de alcanzar los consensos necesarios, principalmente con el Frente Renovador y el interbloque Argentina Federal, el denominado “Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos”, impulsado por el Poder Ejecutivo, obtuvo dictamen de mayoría.

El Frente para la Victoria informó que presentará un dictamen en minoría. En tanto, los legisladores del bloque le solicitaron a la presidenta de la comisión, Gabriela Burgos, que posponga el tratamiento para la semana próxima y “no debatirlo a las apuradas”. Entre los distintos bloques, acordaron más tarde que el proyecto será debatido en el recinto en una sesión especial que será convocada para el 18 de diciembre.

Uno de los principales cambios será en la proporcionalidad de las penas, que tendrán aumentos significativos por delitos como la tenencia de armas.

Además, el proyecto elimina algunos términos a los que se les adjudica ambigüedad, como el de “inmediaciones” de los estadios, las variables temporales y el concepto de “peligro”, quedando así a criterio del juez interviniente. Otra de las incorporaciones apunta a reforzar la prevención. En ese punto hizo especial hincapié el diputado Daniel Scioli.

Tras resaltar el trabajo que se hizo con cada uno de los aportes de los legisladores para alcanzar los acuerdos, la titular de Legislación Penal instó a “dejar de lado las chicanas de lado y empezar a construir sobre un tema tan requerido por la sociedad argentina”.

“La violencia ha ido carcomiendo a la sociedad, reflejándose también en el fútbol. Por eso queremos atacar el tema”, afirmó la diputada Burgos, quien en esa línea agregó: “El mensaje del Ejecutivo es atacar a las organizaciones mafiosas y delictivas, que no son hinchas y ponen en peligro la vida de las personas que sí quieren ir a ver a sus equipos”.

Scioli, como presidente de la comisión de Deportes, rescató que no se haya querido buscar “ventajas políticas”, para luego enfatizar que “el objetivo es crear un marco legal para cuidar a los buenos hinchas, marginando a quienes generan violencia”.

Jorge Enriquez, diputado del bloque PRO, enfatizó la idea de que el proyecto “obedece a una necesidad de la gente que le reclama al cuerpo legislativo luchar contra los salvajes disfrazados de barras bravas”.

Al señalar que van a acompañar el dictamen con disidencia parcial, la diputada Carla Pitiot (FUNA) valoró que desde el oficialismo “fueron muy receptivos” a los cambios al proyecto inicial, que –según la legisladora porteña- en “un principio equivocaba el enfoque”.

En otro orden, Pitiot consideró que “podríamos habernos dado un debate más completo por la magnitud de la problemática de la violencia en general, y del fútbol en particular”.

El diputado Adrián Grana (FPV-PJ) hizo hincapié en que “en lo único que sí hay consenso de todos es en la urgencia en combatir el flagelo de la violencia en los estadios de fútbol”.

La diputada Ivana Bianchi (Unidad Justicialista) solicitó que el proyecto sea más abarcativo e incluya a espectáculos deportivos y culturales, para no estigmatizar a los que asisten a ver fútbol. “La violencia existe en todos los ámbitos”, resaltó Bianchi al informar que también firmará el dictamen con disidencias.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto agradeció a Burgos por la incorporación de las modificaciones propuestas. Destacó el compromiso del bloque para sancionar el proyecto que le brindará al Gobierno “las herramientas necesarias para combatir este flagelo y dar también respuestas jurídicas”.

En el plenario de comisiones, varios legisladores anunciaron que intentarán incorporar modificaciones al artículo referido a los denominados ´trapitos´, y señalaron que “podría ir en contra de legislaciones de ciertos distritos”.

Según los fundamentos, en el espíritu del proyecto de ley “subyace la férrea voluntad de terminar específicamente con lo que se conoce comúnmente como ´barrabravas´”. El objetivo del proyecto apunta a la persecución penal y al desfinanciamiento de dichos grupos a fin de imposibilitar su accionar.

El texto prevé un agravante genérico de la pena para los delitos del Código Penal que, con mayor frecuencia, son cometidos en el marco de un espectáculo futbolístico.

Asimismo, tipifica nuevas conductas que se producen de manera habitual en dicho ámbito y que deben ser contempladas de manera específica por su gravedad, destacándose entre ellas: la venta de entradas no autorizadas o falsas, la facilitación de ingreso a los estadios sin contar con las entradas correspondientes, el cuidado de vehículos, el entorpecimiento del transporte, y el peligro de aglomeración o avalancha; todo ello en el ámbito de aplicación definido en el proyecto de ley.

La Cámara de Diputados aprobó la creación de la Cédula Escolar Nacional (CEN) en el ámbito del ministerio de Educación de la Nación. Fue con 193 votos a favor y 4 en contra, pero ahora volverá al Senado porque se introdujo una modificación en el tratamiento en particular.

Según los fundamentos del proyecto, la Cédula Escolar “es un programa integral de inclusión social, educación y salud que consiste en la implementación de un registro digitalizado con los datos personales, institucionales, del entorno físico y social, salud y desempeño escolar de los estudiantes que concurran a establecimientos educativos de todo el país”.

El Programa “permite saber quién abandona la escuela o cambia de escuela o de jurisdicción, y monitorear la trayectoria escolar. Asimismo, posibilita el control y evolución del cumplimiento de la libreta de salud, como también conocer las condiciones de vida del estudiante”.

Desde la UCR, la diputada Brenda Austin celebró este proyecto, ya que -consideró- “es una herramienta fundamental para el seguimiento de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”. Según la diputada, “monitorear a cada uno de los alumnos y obtener un relevamiento de toda la población escolar”, son algunas de los objetivos de la norma.

En contraposición, Romina Del Plá rechazó la creación de la Cédula Escolar Nacional al sostener que “no resuelve el problema de la deserción escolar”.

Desde el FPV, los diputados Daniel Filmus y María Lucila Masin manifestaron “su acompañamiento en general a la propuesta”, al asegurar que “creemos en el paradigma de la educación e inclusión social”.

“Pedimos que este programa se lleva a cabo con un estricto cumplimiento de la ley de protección de datos personales y de los Derechos del niño, niñas y adolescentes”, señaló Masin.
Luego, la legisladora del Frente Renovador Rosa Muñoz afirmó: “Es una herramienta importante para lograr la permanencia de niños en el sistema educativo”, aunque subrayó: “Esto no se corresponde con la realidad actual ya que la situación de la educación hoy es crítica”.

En tanto, Daniel Arroyo, de Red por Argentina, dijo que “es un avance la creación de un sistema de información escolar”, pero apuntó al “deterioro de sistema educativo” y a la “ausencia de políticas públicas” llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo.

Finalmente, el diputado Federico Zamarbide (UCR) defendió el proyecto impulsado por el senador nacional Julio Cobos y añadió “es un puntapié inicial para establecer políticas de estado en argentina”. “La educación es el único camino para el desarrollo”, ponderó.

A raíz de la aberrante sentencia que dictó el Tribunal Oral N° 1 de Mar del Plata que dejó impune a los tres acusados de haber violado y matado a Lucía Pérez, la diputada Nacional de SOMOS Victoria Donda convocará para la semana que viene a una mesa de trabajo conformada por diputados y diputadas, familiares de las víctimas de femicidio, fiscales y abogados/as defensores para elaborar propuestas que pongan fin a los vestigios patriarcales de la justicia argentina que dicta fallos como el de Lucia, entre tantos otros.

Al respecto, la diputada Victoria Donda manifestó: “Trabajaremos sobre estos 4 ejes disparadores: la obligatoriedad de tribunales mixtos para casos en donde se juzguen casos de femicidios; creación de juntas interdisciplinarias con perspectiva de género que participen del proceso; reformulación del paradigma de ‘consentimiento’ en las relaciones sexuales y la creación de Unidades Especializadas de Investigación Criminal. La idea es elaborar las herramientas legislativas generales para eliminar las trabas judiciales que tanto familiares de las víctimas como fiscales y abogados/as defensores argumentan que sirven para evitar que se condene a los culpables.”

Finalmente, la diputada de SOMOS agregó “Ya hemos salido a la calle a reclamar ciento de veces, cada vez más mujeres participamos en las marchas que reclaman justicia o pidiendo que dejen de matarnos. Sin embargo, el aumento de mujeres reclamando en las calles no ha hecho cambiar a una justicia patriarcal y arcaica que deja impune a los asesinos de Lucia o que aplica el SAP o que revictimiza a las mujeres víctimas de violencia. Lo que necesitamos es que el Estado se haga cargo de que es responsable directo de las 260 asesinadas en el 2018 por la violencia machista”

La Cámara de Diputados aprobó la reforma del Código Procesal Penal que rige en la órbita federal. El proyecto obtuvo 134 votos a favor y 55 en contra. Fue impulsado por el oficialismo y contó con el apoyo, entre otros sectores, del Frente Renovador y el interbloque Argentina Federal. El Frente para la Victoria lo rechazó.

La reforma está orientada –según sus fundamentos- a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales. Incorpora, con ese objetivo, herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado en general. Se pasa de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. Eso implica que los fiscales asuman un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones. También incorpora nuevos sistemas de administración de justicia con la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas. Apunta –según se detalló- a lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso.

La titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), valoró el cambio de un sistema judicial inquisitorio a uno acusatorio y explicó que una reforma del código sancionada en 2014 debió ser suspendida en diciembre de 2015 porque “no estaban dadas las garantías necesarias para su aplicación”.

“El código aprobado en 2014 era incompleto porque no contemplaba la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó la diputada Burgos.

Por último, remarcó el trabajo legislativo de los últimos años que resultó en la aprobación de leyes como la de flagrancia, la ley del arrepentido y de responsabilidad penal empresaria.

A su turno, la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), dijo estar convencida de la necesidad del cambio de paradigma en el servicio de justicia, e intentó explicar la dimensión de la reforma. “Estamos hablando de un procedimiento confuso y enredado. Ir de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mejorará el servicio de justicia. Imagínense lo que significa transferirle estas facultades al Ministerio Público desde algo tan mínimo como lo edilicio o el personal”, especificó Camaño.

Desde el Frente para la Victoria, el diputado Martín Doñate manifestó el rechazo de su bloque al proyecto y pidió contextualizar las reformas a la justicia.

“El gobierno quiso nombrar jueces de la Corte Suprema en comisión, le quitó las escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal para dárselas a la Corte y armó una ingeniería judicial para perseguir a Cristina Kirchner y a todo lo relacionado al gobierno anterior”, afirmó Doñate.

Por último, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, sostuvo que “más allá de cuestionamientos particulares, el proyecto representa un avance en el sistema penal”, y en esa línea señaló que “hoy se demanda a la justicia mayor rapidez y es imposible responder sin un sistema procesal moderno”.

Los impulsores del proyecto afirman que la reforma “implicará un mejor servicio de justicia para la ciudadanía, mediante la resolución de las causas en menor tiempo. Para eso se pasa a un sistema de oralidad y publicidad”.

El nuevo Código incorpora reformas aprobadas por el Congreso en los últimos dos años: ley de juicios unipersonales (que permite resolver las causas de menor gravedad con la intervención de uno solo de los tres jueces del tribunal); ley de flagrancia (que imprime un procedimiento abreviado para los casos en los que el imputado es sorprendido mientras comete el delito) y ley de derechos de la víctima de delitos (que le otorga participación a la víctima durante el proceso, incluso al momento del cumplimiento de la pena).

El nuevo Código también incorpora, para la investigación de delitos complejos, las figuras del imputado colaborador o arrepentido, el informante policial, el agente encubierto y el agente revelador.

El proyecto había sido aprobado en abril por el Senado. Fue elaborado por una comisión bicameral, con activa participación de especialistas en la materia. Con la aprobación en Diputados queda convertido en ley y empezará a regir después de su promulgación.

Los legisladores dieron tratamiento, además, al proyecto de Ley por el cual se sustituye la rúbrica “Recursos de Casación, de Inconstitucionalidad y de Revisión”, con el objeto de unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias. Con 132 votos positivos, 53 negativos y 3 abstenciones, se aprobaron cambios al régimen recursivo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y la iniciativa fue girada al Senado.

En ese sentido, el miembro informante Daniel Lipovetzky sostuvo: “Esta ley que proponemos derogar es el último eslabón de procesos con trabas”.