La Legislatura porteña sesionó cinco veces en los tres meses que pasaron desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus y entre las iniciativas relevantes que aprobó se encuentran la Ley de Emergencia Económica y la toma de deuda en dólares, aunque también se destacaron otras como las multas para quienes discriminen al personal de salud.
Con modalidad mixta, es decir con algunos diputados presentes y otros participando de manera remota -vía Zoom-, las comisiones de la Legislatura comenzaron a reunirse una semana después de decretado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
«La Legislatura de la Ciudad supo transformarse rápidamente y adoptar nuevas metodologías que nos permitieron continuar trabajando con regularidad y sesionando«, dijo Inés Gorbea, diputada de UCR-Evolución.
En este sentido, la diputada Lorena Pokoik, del Frente de Todos (FdT), destacó el «ritmo constante» de trabajo que mantuvo la Legislatura y su capacidad de «reacomodarse», ya que para realizar las sesiones respetando el distanciamiento, debió mudarse el recinto al Salón Dorado, ubicado en el primer piso del edificio.
El 7 de abril, a menos de tres semanas de decretado el ASPO a nivel nacional, la Legislatura realizó su primera sesión modalidad mixta: la mayoría de los diputados estaba presente pero algunos participaron de manera on-line por razones de salud.
En esa sesión se aprobaron dos iniciativas que habilitaron al Gobierno de la Ciudad a tomar deuda por hasta 150 millones de dólares a fin de afrontar la crisis sanitaria derivada del coronavirus y a pagar compromisos con proveedores del Estado a través de bonos.
«Los proyectos fuertes que se discutieron en el recinto son los que mandó el Ejecutivo –dijo Pokoik-. Entre ellos, la Ley de Endeudamiento que todos los sectores aprobamos porque somos conscientes de que hubo una muy fuerte baja en la recaudación, pero que lamentablemente se transformó en un cheque en blanco, porque luego no hemos tenido derecho a discutir la distribución de los recursos«.
Ambas iniciativas fueron aprobadas con 53 votos a favor sobre 57 diputados presentes de un total de 60, y solo la izquierda manifestó su rechazo.
Un mes después, el 7 de mayo, la Legislatura aprobó la Ley de Emergencia Económica, que había sido discutida en la comisión parlamentaria de Presupuesto, presidida por el diputado Claudio Romero (VJ).
«Esta situación sanitaria nos plantea un doble desafío: Hay una necesidad urgente de reorientar e incrementar los recursos para áreas críticas«, dijo Romero.
Y agregó que la Ley de Emergencia Económica «es un elemento que se le dotó al Poder Ejecutivo para poder avanzar en esta pandemia«, ya que «reordenó la administración financiera, los ingresos tributarios, las compras y contrataciones y el congelamiento de la planta de recursos humanos para el beneficio de las áreas críticas y vinculadas a la crisis sanitaria«.
Uno de los puntos polémicos del proyecto original que envió el Ejecutivo fue la posibilidad de escalonar el pago de sueldos de los empleados estatales, artículo que fue eliminado en su versión final, ya que ni siquiera los bloques más cercanos al oficialismo estaban dispuestos a incluirlo.
Finalmente, la ley fue aprobada con 38 votos positivos de los diputados de VJ, Partido Socialista, UCR-Evolución, Consenso Federal y GEN, mientras recibió el rechazo de 21 diputados del FdT, Autodeterminación y Libertad y del Frente de Izquierda (FIT).
La diputada del FIT Myriam Bregman afirmó que la Ley de Emergencia Económica «brindó superpoderes al Jefe de Gobierno en el manejo del presupuesto» y lamentó que en la Legislatura «no hay tiempo para discutir proyectos sobre testeos masivos, vivienda y la crítica situación que se vive en las villas de la Ciudad».
«Con mis compañeros del Frente de Izquierda hemos propuesto que se realice una sesión especial para tratar los temas que realmente importan frente a esta crisis sanitaria económica y social«, agregó.
En la sesión del 28 de mayo, mientras tanto, se aprobó con 55 votos positivos una iniciativa que reformuló algunos puntos del Código de Contravenciones porteño y estableció multas de hasta 17.000 pesos para quienes hostiguen, amenacen, discriminen o maltraten al personal de la salud, de las fuerzas de seguridad y de la justicia, que por su actividad laboral están en contacto con pacientes de Covid-19.
Por otro lado, quedó pendiente la sesión semestral en la que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, presenta un informe y recibe preguntas de los legisladores. Había sido convocada para el 1 de junio pero fue suspendida por las autoridades legislativas.
Miguel también fue citado este viernes 19 de junio por pedido de la oposición para informar sobre el traslado de efectivos de la Policía de la Ciudad a la Agencia Federal de Inteligencia en 2019, pero la convocatoria quedó sin efecto porque el oficialismo no dio quórum.
