MarioMintz

Democracia rota

Cuando la norma empieza a ser que no se respetan las normas, cuando los acuerdos no se cumplen o cuando los reglamentos no funcionan como regla, algo está mal. Cuando eso sucede en las instituciones que deben sostener la democracia no hay forma de no advertir que algo se rompió. Hoy, y basados en las últimas experiencias, podemos señalar que estamos frente a una democracia rota. La nuestra. Y eso es grave, muy grave.

Días atrás, antes de que sucediera la última sesión en el Senado, señalaba en otra nota que el acuerdo de sesionar sobre temas vinculados a la pandemia “que se vence en unos días ya ha sido roto por el oficialismo, quién no solo ha incluído cuestiones que nada tenían que ver con la emergencia que produce la pandemia sino que, mucho más grave aún,  ha bloqueado sitemáticamente el tratamiento a los proyectos de Juntos por el Cambio”.

Agregaba que “en momentos como estos, es cuando más se hace necesario incorporar los equilibrios que las diferentes miradas proponen, la cuales lejos de ser excluídas, debieran ser comprometidas para transitar en un esquema de corresponsabilidad las graves dificultades que se avecinan.  No nos vamos a sentar a esperar que nos digan que votar, que decir o que pensar. Tenemos muchas diferencias en cómo hacer las cosas. Y lo vamos a hacer saber. Con respeto por la república y sus instituciones. Y con la firmeza que la hora requiere”.

Pero el kirchnerismo impone permanentemente su lema de “ir por todo”. Y así nos encontramos el jueves pasado –nuevamente- tratando temas que no hacen a la temática acordada y menos aún a las urgencias de nuestro pueblo.

Porque las urgencias del oficialismo van por caminos totalmente diferentes. En especial si de intereses económicos se trata. Y más aún si esos intereses no son de actores afines a su ideología. Pregonan el fin de la grieta pero sus acciones no hacen otra cosa que no sea ensancharla. Así, entonces, nos pusieron a debatir sobre la creación de una Comisión Bicameral de “investigación selectiva” sobre la empresa Vicentín. Digo selectiva porque limita la investigación, y créanme, es en lo único que se limita, a lo ocurrido entre los años 2016 y 2019.

¿Con qué criterio hacen este quiebre temporal? ¿Sólo por el signo político del gobierno de turno o para saber si realmente alguien se quedó con el dinero de los argentinos, como expresa en sus fundamentos? ¿La investigación, como declaman, busca rescatar a la empresa o sólo es una excusa para avanzar con algún tipo de venganza contra funcionarios del gobierno anterior?

Según algunas declaraciones recientes de un socio accionista de la empresa en cuestión «Durante el gobierno de Cristina Kirchner, Vicentin recibió más asistencia crediticia que durante el gobierno de Macri». Es por ello que, si quisieran saber realmente qué pasó, deberían al menos hacerlo sin este límite temporal caprichoso.

Además, debemos analizar fundamentalmente la cuestión constitucional de este proyecto. El Estado debe ejercer su poder soberano dentro de los márgenes dados por la Constitución Nacional: la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos entre ellos y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Una de las diferencias más importantes entre un Estado democrático y otro de sesgo totalitario es el respeto a los derechos y libertades fundamentales, empero ello, no es menos importante el respeto a los medios utilizados para alcanzar los fines políticos, económicos o sociales deseados. Si los medios son arbitrarios y avasallan derechos, nos encontramos frente a una sociedad que transita los caminos del autoritarismo.

Y hoy tenemos ante nosotros un proyecto que no cumple con ninguna de las previsiones constitucionales ni reglamentarias.

Las comisiones de investigación del Congreso no puede arrogarse funciones judiciales por lo que de manera alguna podrían investigar presuntos delitos, ni poner en práctica actuaciones que no respeten ni garanticen el debido proceso adjetivo. No negamos la facultad de este Congreso para investigar, pero ello debe realizarse dentro de los márgenes puros de nuestras competencias y para poder hacerlo con éxito debemos tomar todos los recaudos, ser muy minuciosos, para no cometer errores que luego lamentaremos.

Y, si miramos la letra de este proyecto aprobado de facto por el Frente de Todos, nos presenta una descripción detallada de competencias judiciales y no de los ámbitos de incumbencia del Poder Legislativo. Debemos ser muy cuidadosos con esto, pues somos uno de los tres poderes que representan la garantía republicana, debemos estar muy atentos y no atribuirnos facultades de los dos otros poderes, por más tentador que ello parezca.

La gravedad perturbadora de que tener una mayoría permite ser indiferente del cumplimiento de las normas no se puede soslayar, el proyecto de la Bicameral de Investigación se votó pero no se aprobó más allá de los argumentos y comunicados que presente el oficialismo. Necesitaban los dos tercios de los miembros de la cámara. 48 votos. Obtuvieron 41. Y quieren forzar el reglamento para que se apruebe con esa mayoría simple. Evitemos romper lo establecido. Evitemos seguir rompiendo nuestra democracia.

Por Silvia Giacoppo*

*Senadora Nacional por Jujuy (Juntos por el Cambio)

Valeria Pita.

Doctora en Historia, investigadora del Instituto de Investigación de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. CONICET-UBA

En el mes de marzo presenté un proyecto para declarar la emergencia económica y fiscal de la actividad turística en todo el territorio nacional, por un plazo de 180 días, con motivo de la pandemia mundial ocasionada por el Coronavirus. Hoy, 2 meses después, se hace cada vez más imprescindible abordar este tema y brindar soluciones a un sector fundamental para el mundo del trabajo y que ha sufrido, como pocos, los efectos de una cuarentena tan necesaria como complicada para las economías de los países.

Las medidas que el Poder Ejecutivo ha tomado, en el sentido de ejercer la debida protección de la población, no nos impide reconocer los efectos adversos, desde el punto de vista económico han provocado. La actividad turística, en todas sus formas, directas o indirectas, comenzando con los operadores, y continuando con hotelería, gastronomía, espectáculos, ferias, congresos y demás rubros relacionados, se encuentran sufriendo las consecuencias de esta pandemia.

Nuestro país, gran receptor del turismo internacional debido a sus extraordinarias bellezas naturales en toda su extensión, entre otras atracciones, no escapa a la problemática mundial, incluido en su turismo interno también bloqueado casi en su totalidad. Salvo nuestra querida Jujuy que con un estricto control de normas sanitarias, desde el viernes próximo retomará la  actividad turística en los pueblos de la Quebrada de Humahuaca, en una nueva etapa de flexibilización de la cuarentena dispuesta por la provincia y aprobada por el Gobierno Nacional.

El proyecto presentado, y que aún no ha sido podido tratar en el Senado, declara la emergencia económica y fiscal de la actividad turística en todo el territorio nacional, por un plazo de 180 días e indica que están alcanzados por los beneficios aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades relacionadas, directa o indirectamente, con la actividad turística contemplada en el marco del Anexo I de la ley 25997. Dentro de los beneficios, durante el período establecido, quedarán suspendidos los procesos judiciales en trámite y la iniciación de nuevos juicios, como así también los plazos procesales de prescripción y/o caducidad y se Instruye a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a prorrogar los vencimientos de obligaciones de impuestos, y de la seguridad social, mientras dure la emergencia, y la implementación de planes especiales de pago para el caso de existencia de deudas por tales conceptos. Asimismo, se implementará un amplio plan de compensación de todas las obligaciones fiscales.

Además, propone que deberá contemplarse la instrumentación de líneas de crédito para el sector afectado y que durante el período de vigencia de la emergencia, y hasta 90 días posteriores a la finalización de la misma, será de aplicación el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para todas las empresas afectadas, quedando prohibido el despido de personal, como así también las modificaciones en las condiciones laborales.

La sociedad, en Argentina y en el mundo, se encuentra en situación crítica, preocupada, asustada y en estado de alerta máxima debido a esta nueva enfermedad que nos ha invadido y no podemos aún controlar. El brote del COVID-19 o comúnmente conocido como Coronavirus, nacido en China y que ahora se encuentra en expansión por todo el mundo, ha obligado a medidas extremas como la cuarentena generalizada en varios países del mundo y cierre de sus fronteras. Indudablemente Argentina no escapa al problema y de allí las recomendaciones de aislamiento en nuestros hogares, en especial para las personas de alto riesgo y hasta el cierre de las fronteras de varias provincias entre sí y del país todo con el exterior.

Las Cámaras y Federaciones que nuclean al sector han receptado y concentrado las inquietudes y preocupaciones de todos sus integrantes y el Estado Nacional no puede menos que hacerse eco de las mismas y actuar en consecuencia, es por ese motivo y en procura de lograr un paliativo que contribuya a aliviar el trance que éstos se encuentran atravesando, que he presentado el proyecto y he propuesto algunas medidas que espero sean receptadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Creo que una vez que comencemos a superar este flagelo y el salir de nuestras casas vuelva a parecerse a la normalidad que solíamos transitar se va a presentar una enorme posibilidad para desarrollar la infraestructura turística de nuestro país ya que el turismo local va a ser el primero que elijan, por diferentes motivos (seguridad, protocolos sanitarios, etc.), los viajeros. Allí estaremos para aportar ideas, propuestas y soluciones para que este sector, que mueve la economía y genera innumerables puestos de trabajo, encuentre una rápida reactivación por el bien de todos.

Silvia del Rosario Giacoppo

Senadora Nacional (Juntos por el Cambio/Jujuy) 

Presidenta de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación

Fotografía : Crédito Javier Corvalan El Tribuno- Salta

La pandemia ha expuesto nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana, a la par de desnudar y agudizar las desigualdades sociales y económicas haciéndolas más insoportables que nunca. Esto nos impulsa a mirar el Estado, los mercados, la familia, la comunidad y la naturaleza desde otra perspectiva. Mientras tanto, recuperamos aquellas alternativas que hace solo unos meses parecían inviables, para encontrar una salida diferente a esta crisis, a partir de una reconfiguración integral que sea social, sanitaria, económica y ecológica.

Está probado que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica (transmitida de los animales a las personas) que se gestó y proliferó por la insana relación de dominación que tiene el ser humano con la naturaleza. Por eso, con el objetivo de visibilizar y discutir el modelo de desarrollo que provocó la actual pandemia, un grupo de trescientos académicos, comunicadores, organizaciones y referentes sociales convocamos un Pacto Ecosocial y Económico.

La propuesta inicial, desarrollada por la socióloga y escritora Maristella Svampa, y el abogado ambientalista Enrique Viale, fue publicada primero por la revista Anfibia y luego en el libro El futuro después del COVID-19 —editado por A. Grimson, titular de Argentina Futura, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación—.

Entre los trescientos firmantes iniciales se cuentan Beatriz Sarlo, Fernando “Pino” Solanas, las actrices Leonor Manso y Mirta Busnelli, el escritor y periodista Cristian Alarcón, el dramaturgo Rafael Spregelburd, las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Soledad Barruti y Gabriela Massuh, el referente mapuche Jorge Nahuel, la Asamblea Popular por el Agua, de Mendoza, el Observatorio Petrolero Sur, Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, los médicos Damián Verzeñassi y Medardo Avila Vásquez y el constitucionalista Roberto Gargarella.

Los cinco puntos basales del Pacto son:

1. Ingreso ciudadano universal. La actual catástrofe pone en evidencia que todo ser humano debe tener garantizado un ingreso básico que abra la posibilidad de una vida digna. Lejos de ser algo irrealizable, el ingreso universal está hoy en el centro de debate de la agenda global.
2. Reforma tributaria progresiva. Debe reconfigurarse el actual sistema fiscal en un sentido equitativo que incluya el impuesto a la herencia y a las grandes fortunas, además de nuevos impuestos y exención de subvenciones a las actividades contaminantes.
3. Suspensión del pago de la deuda externa. Ningún país puede pagar colosales montos de divisas sin antes garantizar a sus habitantes una vida digna, mucho menos en un contexto de inédita recesión económica global y nacional. Además, mantiene al país en un espiral extractivista para generar divisas con las exportaciones al extranjero.
4. Sistema público de cuidados. En pugna con el paradigma de la individualidad y la hipervigilancia, se hace necesario contraponer una cosmovisión de la solidaridad y la interdependencia, reconociendo que la supervivencia nos incumbe como seres sociales. Es necesaria la implantación de un Sistema Nacional Público de Cuidados destinado a atender las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas.
5. Transición socio-ecológica radical. La coronacrisis evidenció los efectos de un modelo depredador, que pone al sistema capitalista por sobre la naturaleza y la degrada sin reparos, sólo para aumentar el capital. Detrás de la pandemia llega una crisis aún mayor: la climática. Es hora de Argentina comience una transición socio-ecológica radical entendida como una salida del modelo productivo fósil y extractivista, garantizando una transición justa hacia las energías limpias y la agroecología.

La actual encrucijada civilizatoria puso en agenda grandes debates sociales; entre ellos, cómo reducir las desigualdades, qué Estado es necesario para la construcción de lo común, en clave social y ambiental, y cómo pensar lo local y lo global de aquí en más. Esto se agudiza en un país como la Argentina, sumergido en una profunda crisis económica prepandemia y al borde de un virtual default.

Damos a conocer este manifiesto, firmado por centenares personas del quehacer social y cultural, conscientes de que la fuerza del mismo estará en las posibilidades de que éste se constituya en la base de una agenda común entre organizaciones sociales y políticas, sectores culturales, académicos y el Estado.

Las adhesiones pueden enviarse al correo granpactoecosocialyeconomico@gmail.com

Mauro Fernández

comunicador y activista. Durante doce años fue representante de Greenpeace como coordinador de campañas, asesor en política climática y delegado de la organización ante el G20 y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Fotografía : Crédito Javier Corvalan El Tribuno- Salta

Algunos médicos comenzamos a encontrar en nuestra especialidad particular, la psiquiatría, que la vivencia y la experiencia de la pandemia por COVID-19 afectaba a nuestros pacientes de manera peculiar.

Sentimientos variados como ansiedad, miedo y angustia son cotidianos. Pero aquellos que presentan alguna vulnerabilidad previa muestran síntomas floridos, ideas obsesivas intrusivas y recurrentes, reacciones de estrés aguda y síntomas autonómicos simpáticos antes de salir de casa o previo a subirse a un transporte público. En pacientes con patologías más graves, descompensación o desestabilización, síntomas psicóticos o ataques de pánico.

En nuestro “Trauma en épocas de COVID-19”, dentro del Observatorio Clínico de Salud Mental y Adicciones de la Universidad de Belgrano, partimos de la pregunta acerca de si esta pandemia puede ser experimentada como un evento traumático. En ese sentido, hay factores que pueden ser considerados como “predictores de trauma”:

• La mayor pandemia en más de cien años;
• el aislamiento de los pacientes en los hospitales, cuando resultan sospechosos o reciben un resultado positivo para COVID-19, quedando sólo en contacto con el personal de salud que utiliza severas medidas de protección;
• el miedo a la muerte por síndrome respiratorio agudo severo;
• el pobre entendimiento del mecanismo de contagio y la consecuente incertidumbre;
• las declaraciones de cuarentenas por parte de los gobiernos, al principio en ciudades y finalmente en naciones enteras, que genera preocupación acerca de la extrema gravedad de la situación vivida, y
• el confinamiento y aislamiento social.

La bibliografía sobre trastorno por estrés post traumático revela que los indicadores que deberían considerarse a la hora de sospechar dicho trastorno son: los recuerdos intrusivos o recuerdos vívidos que desencadenan respuestas autonómicas y ansiosas prominentes, y los trastornos del sueño como el insomnio o la hipersomnia.

En este punto, nos interrogamos acerca de la posibilidad de prevenir el desarrollo del trastorno por estrés post traumático en estos pacientes, mediante intervenciones tempranas en principio de tres tipos: psicosociales, psicoterapéuticas y posiblemente farmacológicas.

A nivel psicosocial, es posible llevar a cabo un trabajo integral en un ambiente en donde se propicie la recuperación del trauma. Lo mismo en las psicoterapias, que deben estar orientadas a la recuperación. En la proporción del ambiente de recuperación, la formación de un vínculo terapéutico será fundamental para ayudar al paciente en la contención. Se está intentando avanzar en propuestas farmacológicas que eviten la consolidación del recuerdo traumático, utilizando fármacos que tengan efecto conocido sobre la consolidación de la memoria.

Es evidente que debemos seguir investigando para poder tener dispositivos de contención y más pruebas farmacológicas para trabajar en la prevención.

Delfina Lahitou Herlyn 

Dra en Psiquiatría

Integrante del Observatorio Clínico de Salud Mental y Adicciones de la Universidad de Belgrano

LA POSPANDEMIA Y LA OPORTUNIDAD PARA PONER EN PRACTICA EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ENTRE LOS PROPIETARIOS DEL CAPITAL Y LOS TRABAJADORES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 BIS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia que “nadie se salva solo” sino que necesita la solidaridad de los demás, tanto en lo que respecta a la salud como a los bienes y servicios esenciales para la subsistencia: “todos estamos en el mismo barco”, ha dicho el Papa Francisco.

En el ámbito económico, la paralización generalizada de la actividad económica por la pandemia ha provocado una disminución significativa de la producción, siendo suficiente unos pocos días para hacer patente que los propietarios del capital de las empresas (edificios, equipos, máquinas, etc.) no pueden hacer nada sin el trabajo de los trabajadores, así como el trabajo de los empleados no puede hacer nada sin el capital empresario, es decir, que la participación de ambos factores es imprescindible para realizar la producción.

Y si los dueños del capital empresario no pueden hacer nada sin la participación del trabajo de los trabajadores, entonces la concentración del poder económico en manos de quienes poseen el capital y la falta de la capacidad de ahorro de los trabajadores que la crisis ha dejado al descubierto no resulta razonable, o sea, la concentración de la propiedad del capital privado y la situación de precariedad de los trabajadores, cuyos salarios tuvieron que ser pagados parcialmente por el Estado, resulta injustificada.

Por ello, la salida de esta crisis se convierte en una gran oportunidad para poner en práctica el programa de participación entre los propietarios del capital y los trabajadores establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que incluye la participación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios de las empresas.

Esta distribución de la nueva riqueza producida entre los capitalistas y los trabajadores, que permite superar la enorme concentración de la riqueza y contribuye a la difusión de la propiedad mediante la generación de la capacidad de ahorro de los trabajadores, constituye el núcleo de la democracia socioeconómica.

El artículo 14 bis de la Constitución Argentina cambia la supremacía de poder de los propietarios del capital sobre los trabajadores, por la “colaboración en la dirección” de las empresas que permite un equilibrio de poder entre ambas partes, y también cambia la apropiación exclusiva de las ganancias por los dueños del capital con exclusión de los trabajadores por “la participación en las ganancias de las empresas” que reparte los beneficios entre ambos partícipes; esta norma se inspira en el modelo alemán de “cogestión” empresaria y mediante la distribución equitativa de las ganancias entre los partícipes de la producción permite superar la puja distributiva entre el capital y el trabajo, y reducir la desigualdad injustificada.

La experiencia histórica de la “cogestión” en la Europa alemana y nórdica (Suecia, Noruega, Dinamarca), implementada desde mediados del siglo XX, ha demostrado que el modelo de la cogestión empresaria, que consiste en compartir el poder de dirección y los beneficios de las empresas entre los propietarios del capital y los trabajadores, genera una mayor productividad económica y una reducción de la desigualdad social.

Las reglas de “cogestión” han logrado establecer un equilibrio de poder más justo entre el capital y el trabajo tras la segunda guerra mundial. En el caso concreto de Alemania, la Constitución de 1949 dio sustento a las leyes de 1951-1952 y a la ley de 1976 sobre la cogestión, prácticamente intacta en sus grandes líneas hasta la actualidad, por la cual los representantes de los trabajadores cuentan con la mitad de los derechos de voto en los consejos de administración de las empresas, y si bien en un principio los accionistas privados se opusieron con firmeza, las normas de cogestión se aplican hoy desde hace más de medio siglo y son objeto de un amplio consenso por sus resultados exitosos.

En la reciente obra “Capital e Ideología”, el economista francés Thomas Piketty afirma: “Estas normas han favorecido la aparición en la Europa germánica y nórdica de un modelo social y económico a la vez más productivo y menos desigualitario que cualquier otro modelo que se haya puesto en la práctica hasta el momento. En mi opinión está justificada su aplicación inmediata en otros países”.

“En resumen -dice Piketty-, la cogestión es una de las formas más elaboradas y sostenibles de institucionalización del nuevo equilibrio de poder entre el capital y el trabajo; un equilibrio de poder que está en construcción desde mediados del siglo XX, como resultado de un largo proceso de las luchas sindicales, obreras y políticas iniciadas durante la segunda mitad del siglo XIX”.

En nuestro país, la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección» integra el plexo de derechos y garantías que, de conformidad con la manda establecida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, las leyes deben asegurar al trabajador a fin de conferir protección al trabajo en todas sus formas.

Este derecho fue incorporado a la Carta Constitucional en la reforma de 1957, mediante el citado artículo 14 bis, en cuyo debate previo se destaca la influencia de la encíclica Quadragésimo Anno, de Pío XI, y del modelo de las leyes de cogestión alemana de 1951 y 1952.

En las sesiones de la Convención Nacional Constituyente de 1957, el convencional Peña sostuvo:
“Producción y distribución están en íntima interdependencia: distribuir más equitativamente la renta nacional para que, aumentados los ingresos, se amplíen los mercados a fin de absorber la producción; producir más en cantidad y calidad para elevar el nivel de vida de la población por medio de una justa distribución”, y agregó que “es natural que el empeño de la mano de obra por una mayor producción se acentúe en la medida en que el trabajo es llamado a asumir responsabilidad dentro de la empresa y a manifestar sus puntos de vista sobre el particular, como asimismo cuando se le garantiza que obtendrá ventajas reales e importantes de esa producción aumentada.

La experiencia es ilustrativa de la mayor productividad con la participación del trabajo en la dirección de la empresa. El caso de Alemania Occidental después de la ley de cogestión y de los consejos de establecimientos, es una demostración de ello”.

De manera semejante, el convencional  Horacio Thedy se pronunció a favor de la “participación de los
empleados y obreros en la gestión de las empresas y en la distribución de sus utilidades. Ese es el
concepto recogido de las leyes en vigor en Alemania y en los Países Bajos”.

Sin embargo, y a pesar del éxito ampliamente reconocido del modelo social e industrial
germánico y nórdico, caracterizado por un alto nivel de vida y de productividad, y una moderada desigualdad social, en nuestro país, salvo algunas excepciones como la del artículo 29 de la ley 23696 sobre el régimen legal de las privatizaciones de ciertas empresas públicas (“el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal”), hasta el momento no se ha puesto en práctica el programa de participación en la gestión y en los beneficios de las empresas entre los propietarios del capital y los trabajadores, establecido en el artículo 14 bis de la Constitución e inspirado en el modelo alemán de cogestión empresaria, lo cual muestra que una Constitución abierta a la difusión de la propiedad de la nueva riqueza producida no es suficiente, sino que es necesario que las fuerzas sociales y políticas consigan aprovechar esas nuevas oportunidades.

La historia de los regímenes de “cogestión” alemana y nórdica es la prueba de que los grandes cambios son el resultado de la confluencia de acontecimientos de corto plazo y de transformaciones intelectuales, constitucionales y legales de largo plazo. La experiencia histórica del modelo de cogestión alemana estuvo enmarcada por la reconstrucción de la postguerra y por la necesidad de superar la división y la lucha ideológica entre el capitalismo de Alemania Occidental y el comunismo de Alemania Oriental.

Por ello, considero que el inicio de la reapertura económica pospandemia es una gran oportunidad para poner en práctica el modelo de participación entre el capital y el trabajo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es un programa de participación en la dirección, en al producción y en las ganancias de las empresas, y que permite superar la puja distributiva capitaltrabajo.

Este programa constituye un cambio estructural en la relación de poder, pasando de la supremacía del capital sobre el trabajo a la colaboración de los trabajadores en la dirección de las empresas, y también un cambio estructural en la distribución primaria o en la fuente de los ingresos, pasando de la apropiación exclusiva de las ganancias por el capital con exclusión del trabajo a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas como complemento del salario, lo que genera la capacidad de ahorro e inversión de los trabajadores, reduce la concentración del capital y produce la difusión de la nueva riqueza producida.

En efecto, el modelo participativo del artículo 14 bis de la Constitución Argentina permite pasar de la oposición bipolar capital-trabajo a la participación de ambos polos en los beneficios como un tercero compartido; es una nueva estructura de la comunidad productiva caracterizada por el término medio de la participación en la dirección, en la producción y en las ganancias de las empresas que constituye el centro de unión entre el capital y el trabajo.

Además, la participación capital-trabajo en las ganancias empresarias según el artículo 14 bis, desarticula la carrera precios-salarios que genera inflación y produce un cambio estructural en la distribución primaria de los ingresos que contribuye a reducir la desigualdad socioeconómica.

Thomas Piketty, en su obra “Capital e Ideología” ya citada, destaca la importancia del cambio en la distribución primaria de la renta mediante la aplicación de las reglas de “cogestión” para transformar el conjunto de la distribución general de la renta y la riqueza, y lograr una mejor distribución del poder económico:
“Es evidente que una política de transferencias, sea monetaria o en especie, no puede ser suficiente para abordar de manera satisfactoria una distorsión tan elocuente de la distribución de la renta primaria (antes de impuestos y transferencias)” entre el capital y el trabajo; “parece ilusorio tratar de contrarrestar esta evolución únicamente mediante una política de redistribución ex post.
Esto último es obviamente esencial, pero también es necesario prestar atención a las políticas que permiten cambiar la distribución primaria de la renta en su origen”.

“Es importante destacar que los diferentes regímenes desigualitarios observados en la historia se caracterizan principalmente por la forma en que determinan la distribución primaria de los recursos”.
“En otras palabras, es esencial centrarse al menos tanto en las políticas de “predistribución” (las políticasque afectan al nivel de desigualdad primaria) como en las políticas de “redistribución” (la reducción de la desigualdad de la renta disponible a partir de una desigualdad primaria dada)”.

El cambio en la distribución primaria de la renta entre el capital y el trabajo, según el modelo participativo del artículo 14 bis de la Constitución Argentina, es la clave de la justicia social, y setrata de un modelo de reparto justo capital-trabajo sin coste para las finanzas públicas, lo que resulta especialmente valioso en estos tiempos de creciente desigualdad social y de déficit fiscal, y quetambién incentiva “la productividad de la economía nacional” (art. 75, inc. 19, C.N.) y promueve“la generación de empleo” (art. 75, inc. 19, C.N.), ya que la capacidad de ahorro de los trabajadores puede canalizarse a la inversión productiva.

Por todo esto, pienso que la puesta en práctica del modelo de participación capital-trabajo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional debe formar parte de la agenda política de la recuperación económica pospandemia como una de las reformas estructurales que necesita nuestro país, para transformar el conjunto de la distribución general de la renta y la riqueza y, de esta forma,  contribuira una mejor equilibrio del poder económico y reducir la desigualdad social, ya que el “progreso económico con justicia social” (art. 75, inc. 19, C.N.) comienza con la participación en la dirección y en las ganancias de las empresas entre el capital y el trabajo, y como dice Piketty, «lapandemia actual podría acelerar la transición hacia otro modelo económico, hacia una organización más equitativa, más sustentable, de nuestro sistema económico internacional».

Guillermo M. Ruiz  Abogado constitucionalista
E-mail: gmruiz@fibertel.com.ar

Quienes vivieron el régimen dictatorial de la Argentina de mediados del siglo pasado aprendieron a tener dos personalidades una pública y otra privada que solo se manifestaba en sus mentes.

Ese pasado marcó la cultura política de nuestro presente y es así que los políticos no ejercen la critica dentro de sus partidos pues temen ser llamados traidores y perseguidos por el ejercicio de libertad de expresión.

Pero lo peor de aquellos años de dictadura es que conocieron “el mal”, que se manifestaba en la escandalosa disparidad que había entre las frases en las que se rodeaban los representantes del poder, la vida que llevaban y la que hacían llevar a millones de argentinos.

Por eso sobrevuela en el cielo de nuestra sociedad la preocupación para que el poder no se construya sobre la base de una justicia declamada ideológicamente y una injusticia en los hechos, y es por eso también que la política se ve exigida a exponer gestos y acciones visibles de solidaridad, por amor o por especulación política.

Es en ese marco en el que la discusión acerca de la reducción de los sueldos de los cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado también sobrevuela el horizonte de la política.

La pregunta que muchos se hacen es: que se puede esperar de la respuesta social luego de este duro trance que transitamos, ¿Habrá mas convicciones políticas que éticas? ¿Alguien preguntará porque no se organizó un comité de crisis económica tal como se creó en el campo de la salud?

Veremos que no solo las ideas hacen historia, también actúan las fuerzas sociales y económicas, la ideas son importantes si son abiertas, la ideología es cerrada y está al puro servicio del poder. ¡Dios nos proteja!

*Esteban Tancoff es licenciado en Psicología