Funcionarios del gobierno nacional, precandidatos y legisladores advirtieron hoy que «no se puede ser indiferente» ante el informe presentado en la ONU sobre violaciones de derechos y persecución política en Venezuela, que reportó al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad y 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos su presidente Juan Guaidó, despojados de su inmunidad parlamentaria en lo que va del año.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, escribió en su cuenta de Twitter que «los testimonios registran la persecución a opositores, la privación de la libertad, las torturas y la aplicación de violencia» y afirmó que «desde el Estado no podemos permitir que esto siga pasando».
En ese sentido, sostuvo que «frente a la contundencia del informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, no se puede ser indiferente» y advirtió que «hay que tomar posición. Lo que decimos sobre Venezuela habla sobre nosotros mismos».
El senador justicialista y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, instó a «no callarse ni hacerse los distraídos ante los atropellos y las aberraciones», que vulneran los derechos humanos en Venezuela.
«En Venezuela hay graves vulneraciones de derechos, ejecuciones extrajudiciales, torturas en detenciones arbitrarias y muertes a manos de fuerzas especiales de la Policía Nacional Venezolana», manifestó el senador en declaraciones a la prensa.
Pichetto declaró que «todos estos delitos deben ser investigados y sus responsables juzgados», ya que «los venezolanos merecen una vida libre de miedo con acceso a servicios básicos y alimentos», y ponderó el informe presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado, Julio Cobos, y de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann, condenaron la «sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela» y rechazaron «enérgicamente» la muerte violenta del capitán Acosta Arévalo, reconocido por su compromiso por defender la democracia.
«Condenamos enérgicamente la muerte violenta del capitán Acosta Arévalo, reconocido por su compromiso por defender la democracia y la libertad en Venezuela y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a su familia, al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional», sostuvieron en un comunicado conjunto.
En ese sentido, exigieron «al régimen venezolano el esclarecimiento inmediato de los hechos que llevaron al crimen de Acosta Arévalo, el que fuera perpetrado luego de su detención el día 21 de junio, cometido por medio de tortura y apremios ilegales, que llevaron finalmente a su muerte».
Los legisladores reclamaron «una investigación nacional e internacional que sea realizada de manera imparcial e independiente, a fin de que la muerte del oficial venezolano no quede inconclusa y que lleve al enjuiciamiento y encarcelamiento de quienes planearon y llevaron a cabo el brutal asesinato».
Cobos y Schmidt Liermann condenaron «la sistemática violación a los derechos humanos a nuestros hermanos venezolanos, que la propia ONU, a través de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha señalizado».
«Repudiamos que el régimen venezolano continúe con las violaciones sistemáticas de derechos humanos, utilice métodos violentos para debilitar y suprimir la voluntad de víctimas inocentes que expresan su deseo de liberación de la opresión y la censura promovida por el gobierno del presidente Maduro», aseveraron.
Cobos y Schmidt Liermann manifestaron también que «la comunidad internacional se encuentra unida, con la firme determinación de apoyar al pueblo venezolano, sin claudicaciones ni indiferencias a fin de condenar las atrocidades del régimen de Maduro y lograr finalmente restituir el orden constitucional en Venezuela».
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cuya oficina elaboró el informe, presentó hoy formalmente el documento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde dijo que los venezolanos «merecen una vida mejor».
El gobierno de Venezuela rechazó el reporte, que consideró como «parcial y lleno de graves errores metodológicos».
Fuentes propias y Télam.
