Los terrenos donde estaba el Albergue Warnes (derribado en 1991) serán edificados para uso residencial, comercial y de servicios, mientras que el parque que hoy existe en ese predio, conocido como La Isla de La Paternal, se mantendrá como espacio verde, público y abierto, pero delimitado y sometido a obras de remodelación.
Con la mayoría del oficialismo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley que modifica normativas urbanísticas de una amplia superficie del barrio La Paternal – Comuna 15, catastralmente identificado como U29, previamente discutido en Audiencia Pública. El proyecto gubernamental obtuvo 34 votos afirmativos del bloque Vamos Juntos contra 23 votos negativos de todas las bancadas opositoras.
Lo debatido y votado en segunda lectura fue un despacho de mayoría de la Comisión de Planeamiento Urbano, que preside Victoria Roldán Méndez (VJ), en base a un proyecto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. En tanto, Javier Andrade (UC) presentó un despacho de minoría proponiendo el archivo del expediente.
Vecinos de La Paternal, Agronomía y Chacarita, así como de otros barrios de la Comuna 15, se manifestaron por la mantención del parque existente (tanto en la Audiencia Pública como ante la comisión legislativa) y pidieron limitar la altura de los edificios así como reconsiderar la ubicación de esas construcciones para que el gran pulmón verde no quede «encerrado» por torres de cemento. Al respecto, presentaron su proyecto de ley alternativo, que varios diputados opositores lo hicieron propio y tiene estado parlamentario en la comisión de Planeamiento Urbano, desde el 29 de marzo último.
Desde el oficialismo se aclaró que las afectaciones urbanísticas de las parcelas en cuestión, que son de propiedad privada, ya estaban definidas por Ordenanza del año 1997 (durante la gestión gubernamental de Fernando de la Rúa) y que la ley de ahora «mejora las condiciones para el entorno del barrio» y no aumenta la capacidad constructiva ni la altitud, explicó en el recinto la diputada Roldán Méndez. Su par Gonzalo Straface (VJ) también argumentó que la ley «viene a remediar y mejorar en forma sustantiva la normativa actual» y a generar «nuevos espacios verdes y públicos».
Por su parte, desde los bloques no oficialistas las críticas se centraron en la altitud permitida de los edificios, en la prevalencia de los intereses inmobiliarios por encima del aprovechamiento público de los espacios verdes y abiertos, así como se cuestionó el no haber dado participación a los vecinos del lugar ni haber prestado debida atención a sus demandas. Hablaron al respecto Javier Andrade (UC), Roy Cortina (PS), Sergio Abrevaya (Gen), Fernando Vilardo (AyL), Myriam Bregman (PTS), Gabriel Solano (FIT) y Laura Marrone (IS).
Lo tratado y aprobado en la sesión ordinaria refiere a una extensión de más de 9 hectáreas delimitada por las avenidas Constituyentes, Chorroarín y la calle Joaquín Zabala. Allí hoy todo ese espacio es verde, de uso público libre y abierto, excepto 4 parcelas que están cercadas por alambrados, que son de dominio privado y donde debían haberse desarrollado emprendimientos habitacionales nunca realizados.
También funciona dentro del gran perímetro un sector utilizado por una planta de tratamiento de residuos (que será erradicada) y otro sector donde funcionan la Escuela de educación media «Federico García Lorca» y un jardín maternal. En el medio, el extenso Parque Central al que se denomina Isla de La Paternal.
En el resto de lo que eran los terrenos del demolido edificio Warnes, sobre la avenida homónima, están instalados hipermercados que continuarán en el lugar.
Entre los propietarios de aquellas cuatro parcelas alambradas (que originalmente eran once y que suman 22.000 m2) y el gobierno de la CABA se suscribió un convenio hoy ratificado por el voto mayoritario de los legisladores. Acordaron que el 40 % de la superficie basal será destinada a espacio público, donde se abrirán calles, se construirán veredas y accesos libres al Parque Central. Para eso, los titulares de dominio cederán a la Ciudad en servidumbre perpetua 8.800 m2, donde se harán esas obras a costa de los constructores particulares, quienes también deberán ocuparse de reparaciones, mantenimiento y limpieza.
A cambio, se amplían los usos inicialmente permitidos, incorporando utilidades complementarias a las residenciales; entre ellas, comercios, servicios, esparcimientos, áreas de equipamiento y estacionamientos subterráneos, entre otros. Lo edificable admite hasta 48,50 metros de altura para destinar a viviendas, comercios, servicios y esparcimientos (121.400 m2 de construcción más subsuelos).
Lo edificado podrá destinarse a: vivienda colectiva; geriátricos, comercios minoristas, servicios terciarios, oficinas, alojamientos turísticos, locales, gimnasios, casas de fiestas, establecimientos sanitarios, jardines maternales, lugares de culto o esparcimiento.
El convenio incluido como anexo de la ley aclara que «los solados, instalaciones, equipamiento o mobiliario a ser localizado en el espacio libre de las parcelas, deberán aportar a la armonía del paisaje y a la integración con los espacios verdes de uso público». El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte deberá aprobar los proyectos, que deben presentarse dentro de los 180 días posteriores a la publicación de esta ley.
