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El FPV impugnó la candidatura de Weretilneck a un tercer mandato

La presentación fue realizada por el apoderado del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria de Río Negro, el legislador Nicolás Rochas, luego de que el Tribunal Electoral, abriera la etapa de impugnaciones de los candidatos inscriptos para las elecciones del 7 de abril.

El escrito tiene entre sus puntos centrales, “inhabilitar” al gobernador Alberto Weretilneck, para participar en la contienda electoral y advierte que una interpretación arbitraria del Artículo 175 “abre la puerta a una hipotética reelección indefinida”.

Al tiempo que fija “profunda inquietud por el normal desarrollo del proceso y el cumplimiento en tiempo y forma de los plazos”, afirmando que son “perentorios y de cumplimiento obligatorio. La impugnación advierte a los jueces a “no convertirse en artífices necesarios de la mayor violación de la Constitución Provincial de la que se tenga memoria desde la instauración de la democracia”, “convirtiendo a la provincia en un estado fallido, con instituciones débiles, sin independencia de poderes y exponiéndonos a una escenario rayano con el supuesto de intervención federal”.

La acción ante el Tribunal Electoral, cuenta con una reserva federal debido a que una “interpretación judicial capciosa del artículo 175” se “consagraría una violación al principio de soberanía popular” y “se produciría una indebida alteración de la forma republicana”. Luego de la presentación Rochas, reiteró que “no se trata de bajar a un candidato, sino de hacer respetar la Constitución”.

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20 febrero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Pita quiere saber cómo actuó la SeNAF ante la gravísima situación que atravesaba Sofía, la pequeña fallecida tras maltratos y abuso sexual

La legisladora provincial Carina Pita (FG-FpV) impulsa un Pedido de Informes y cuestionó el accionar de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) de la provincia de Río Negro, en relación al fallecimiento de Sofía (de tres años de edad) a raíz de haber sufrido “distintas heridas en su cuerpo, lesiones y abuso sexual”, según informaron diversos medios de comunicación. La muerte habría sido producto de las lesiones ocasionadas por quien tendría la guarda de la niña.

La parlamentaria rionegrina (FG-FpV) indicó que “estamos requiriendo al Ejecutivo Provincial y a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que brinde un informe detallado de las denuncias que hubiera recibido por la situación de la pequeña Sofía y las acciones llevadas a cabo por este organismo proteccional. Requerimos que expliciten a qué se refieren con situaciones en “lista de espera” y qué fundamentos y criterios establecen las mismas (…) ya que existía “una prohibición de ejercer violencia sobre las pequeñas” impuesta a su madre y padrastro, ante una denuncia que hizo una persona de Lamarque.”

La legisladora Carina Pita (FG-FpV) remarcó que la SeNAF constituye en Río Negro la Secretaría que por ley N° 5238, en su Art 3 estable que es responsable de: “Entender en todo lo atinente a la protección integral de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en el territorio de la provincia e Impulsar y coordinar en forma conjunta e integral con los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación y Derechos Humanos, de Seguridad y Justicia, de Obras y Servicios Públicos y la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones, el abordaje interdisciplinario que comprenda el interés de las niñas, niños y adolescentes”.

Asimismo la legisladora provincial (FG-FpV) recordó que en agosto de 2018, la responsable del organismo, Roxana Méndez, reflexionaba en una nota periodística publicada en el Diario Río Negro acerca de la importancia de haber otorgado el rango de secretaría al órgano de protección de las infancias y expresaba: “Esta decisión generó un hito histórico en nuestra provincia, dándonos la posibilidad de repensar y cambiar los modos en que se venía dando respuestas en materia de niñez y adolescencia. Se inicia un proceso nuevo e innovador… La conformación de la secretaría instala la posibilidad de conformar una estructura actualizada, instalando nuevas formas de pensar las intervenciones, como también la posibilidad de construir una estructura actualizada.” Fuente: (https://www.rionegro.com.ar/debates/repensar-y-cambiar-las-formas-de-intervencion-HF5502768).

“A la luz de los terribles acontecimientos sufridos por la pequeña Sofía y sus hermanas, que nos conmueven y nos duelen como sociedad no podemos menos que entender como falta de respuesta y/o desentendimiento de la SeNAF respecto de las responsabilidades que le competen ante este tipo de situaciones, y de ningún modo podemos admitir un estado ausente, sin presupuestos ni planificación de trabajo ante situaciones de extrema vulnerabilidad de las infancias de nuestra provincia”, concluyó la legisladora Carina Pita (FG-FpV)

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11 febrero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

El cannabis medicinal es un derecho

El proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez habilita el autocultivo y la fabricación doméstica de aceite para consumo personal con fines terapéuticos. Numerosos fallos de la justicia han reconocido la necesidad de garantizar la provisión estatal de este tratamiento.

La autorización del Ministerio de Seguridad de la Nación para que se instale, en Jujuy, el primer centro destinado a la producción de cannabis medicinal reavivó el debate sobre este tema en los últimos días. La creación de una empresa estatal, dirigida por el hijo del gobernador Gerardo Morales, en asociación con una farmacéutica estadounidense, despertó dudas y cuestionamientos en la opinión pública, sobre todo de parte las organizaciones que luchan por el acceso a estos productos fundamentales para el tratamiento de enfermedades. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que se elimine el cannabis (así como la resina de cannabis) del listado más restrictivo de la convención sobre drogas de 1961, según un documento difundido en su página oficial.

En este sentido, la diputada provincial, Alicia Gutiérrez, presentó el año pasado un proyecto de Ley que habilita el autocultivo de cannabis y la fabricación doméstica de aceite, en Santa Fe, exclusivamente para consumo personal con fines terapéuticos. “Esta normativa busca responder a una demanda urgente que tienen todas aquellas personas que padecen enfermedades y que requieren el tratamiento con cannabinoides para mejorar su calidad de vida. El Estado debe garantizar el acceso a las y los pacientes que lo necesitan, no se puede convertir en un negocio, porque se trata de un derecho humano básico como es la salud. Debemos avanzar en este camino y que queda claro que el autocultivo es legítimo y no punible”, afirmó la diputada Gutiérrez. Se designa al Ministerio de Salud de Santa Fe como autoridad de aplicación de la ley, cuya competencia administrativa se distingue de la competencia penal que es de carácter federal.

La provincia ha sido pionera en sancionar, en 2016, la ley 13602, que autoriza, entre otras cosas, al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) el desarrollo de investigaciones y estudios en la materia y también la producción de aceite de cannabis medicinal para su comercialización. “De esta manera, queda claro que Santa Fe se aparta del concepto punitivista del consumo de cannabis, reconociendo que sus principios activos tienen numerosas propiedades terapéuticas”, explicó la legisladora Gutiérrez.

Sin embargo, debido a que en Argentina está prohibido el cultivo de esta planta, la provincia tiene que importar dicha materia prima y cumplir con todos los requisitos impuestos por la nación. Estas cuestiones burocráticas, que traban el proceso de fabricación de los productos medicinales, privan a las personas de la posibilidad de recibir el tratamiento necesario. Sumado a ello, el gobierno nacional ha acotado el empleo de esta sustancia a una sola patología, epilepsia refractaria, lo que vulnera el derecho a la salud de los demás pacientes.

La legisladora consideró que en el país hay una manifiesta contradicción jurídica: “Mientras se avanza en la legalización del cannabis, se penaliza a quien lo cultiva y consume. Esta cuestión se va revirtiendo gracias a diversas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que han tenido eco en los últimos tiempos”.

Mientras tanto, la Ley nacional, dictada en 2017, que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso terapéutico de la planta de cannabis y sus derivados, aún no ha sido reglamentada. “No es el objetivo de este proyecto poner en discusión el tráfico ilícito de estupefacientes, ni la punibilidad de estas acciones, sino que es necesario permitir el cultivo para consumo medicinal con el fin de mejorar la calidad de vida de las y los pacientes. Desde la perspectiva de derechos humanos y protección constitucional respecto a las acciones privadas de las personas, se rescatan varios fallos en este sentido”, sostuvo la diputada Gutiérrez.

En 2018, la justicia falló a favor de un amparo presentado por un grupo de madres, que fue acompañado por la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (AUPAC), en coordinación con el Laboratorio de Análisis de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, e indicó “habilitar el cultivo de cannabis en los respectivos domicilios”.

Asimismo, producto de las declaraciones testimoniales de los especialistas médicos, se reconoció que el Estado no está produciendo aceite de cannabis en la actualidad, “incurriendo en una situación de omisión por parte del Estado que legitima la conducta de las amparistas, quienes, ante la urgencia en atender las patologías de sus niños, se han visto forzadas a obtener la medicación por otras vías”.

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8 febrero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

La Legislatura porteña homenajeó a Débora Pérez Volpin tras un año de su fallecimiento

La Legislatura porteña homenajeó este miércoles 6 de febrero, al cumplirse un año de su muerte, a la ex legisladora y periodista Débora Pérez Volpin con una placa que fue descubierta y colocada en la Sala de Periodistas con la presencia de los familiares.

Se descubrió una placa conmemorativa a las 10.45, en un acto llevado a cabo por Marta, madre de Débora, junto a la pareja de la periodista, el periodista deportivo Enrique Sacco.

“La placa nos va a servir para los que hacemos política de no olvidarnos de por qué lo hacemos y para los que especulan que las cosas se olviden que tengan claro que ninguno de nosotros va a hacerlo. Justicia por Débora”, dijo el diputado Martín Lousteau, de Evolución, el bloque por el que la periodista había asumido su banca en diciembre de 2017.

Francisco Quintana, vicepresidente de la Legislatura, destacó el acompañamiento de los diputados porteños al “irrestricto y enfático pedido de justicia que encabeza su familia”. En tanto, Inés Gorbea, presidenta del bloque Evolución en la Legislatura, señaló que “los porteños se perdieron una gran legisladora y la política se perdió una enorme esperanza”.

Cuando terminó el homenaje, Sacco y su abogado dieron una conferencia de prensa para pedir que comience el juicio por la muerte de Débora Pérez Volpin.

 

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7 febrero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

“Decir que Jujuy se convertirá en un narco estado habla de ignorancia e irresponsabilidad”

El diputado Provincial Néstor Sanabia salió al cruce de las declaraciones de la diputada justicialista Alejandra Cejas quien había afirmado que, con la producción de Cannabis medicinal, Jujuy se iba a convertir en “narco estado”. “Habla de la ignorancia y la irresponsabilidad con la manejan el tema desde la oposición” indico Sanabia.

El legislador radical insistió en que Cejas no está bien informada y desconoce los detalles del proyecto y los beneficios que va a traer el cultivo de Cannabis medicinal a la provincia, “Jujuy va a producir aceite de cannabis con fines científicos, medicinales y terapéutico” considero Sanabia, al tiempo que agrego que con dicha producción se va abastecer a los pacientes que lo requieran; “lejos estamos de convertirnos en un narco estado” replicó.

El legislador aclaro que hubo un trabajo coordinado entre provincia y nación y que se lograron los permisos para iniciar la producción, por parte del: INTA, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Seguridad de la Nación, INASE, SENASA, el Servicio de Sanidad Alimentaria, también se obtuvo, dijo, del Registro Internacional de Comercio y fiscalización de semillas, la inscripción de importadores.

Más adelante informo que el cultivo de cannabis se inserta en el marco de las leyes provinciales 6012 “de investigación y uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados” y la ley 6088 de Creación de la empresa pública “Cannabis Avátara Sociedad del Estado (CANNAVA S.E.)”, estas leyes fueron sancionadas según bajo los conceptos que emana la ley nacional 27350.

Explico Sanabia que está establecido en el proyecto que los pacientes que lo requieran, podrán acceder al aceite de cannabis con un costo mucho menor al que abonan actualmente, aclaro que la medicación que recibirán será más “eficaz y segura”, porque de acuerdo a las variedades plantadas y las formas en que estas se combinen, los efectos apuntarán específicamente a la patología que padezcan.

“En la actualidad los pacientes recurren al auto cultivo o al mercado ilegal, no saben qué se les venden y terminan adquiriendo un producto adulterado” advirtió el diputado, en este sentido y agrego que a través del cultivo medicinal de Cannabis “pretendemos a cambiar la realidad de esos pacientes y la realidad del país, porque va haber un control del Estado en todo el proceso de elaboración y comercialización”, agregó.

Finalmente, el diputado aseguro que la provincia garantiza el derecho a la salud, permitiendo que esté al alcance de las personas un producto seguro, probado en su eficiencia.

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6 febrero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Barragán se refirió al editorial de La Nación sobre “Niñas Madres”, como una apología del embarazo forzado

El Diputado Provincial por Cambiemos y Vicepresidente de la Comisión de Deportes, Eduardo Barragan, realizó fuertes críticas sobre el editorial del diario La Nación sobre “niñas madre”.

En este sentido el diputado calificó el editorial de apología del embarazo forzado. Por Twitter disparó: “Vergonzosa editorial de La Nación. Desconoce la relación entre embarazo infantil y abuso. Además hace apología del embarazo forzado. Una niña embarazada es una niña violada, siempre.”.

De esta forma el diputado se sumó a otros funcionarios y figuras públicas que repudiaron este editorial donde el diario marcó su posición sobre un tema tan sensible.

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4 febrero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Cambiemos presentó proyecto de Ley sobre la Extinción de Dominio

El Bloque de Cambiemos, en tándem con el Gobierno Nacional, presentó en la Legislatura el proyecto de Ley sobre Extinción de Dominio. De esta manera, el Estado recupera los bienes que fueron adquiridos fruto de la corrupción política. La iniciativa estipula crear, dentro del MPF, la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial.

Los diputados Jacqueline Caminoa, Eduardo Conde y Manuel Pagliaroni presentaron en las últimas horas la Ley de Extinción de Dominio. El Presidente Macri, días atrás, impulsó un decreto sobre la misma temática.

El fundamento principal de la ley es luchar contra la corrupción. “Cuando la corrupción se asocia a la política se produce la degradación del sistema, la degeneración del orden instituido”, argumentaron los legisladores provinciales en la normativa y añadieron que “el interés superior de un pueblo está en manos de sus gobernantes, quienes asumen la función comprometiéndose a desempeñar tamaña elevada misión, con lealtad y patriotismo, presupuestos éticos indispensables para ostentar la representación ciudadana. El desarrollo, el crecimiento y el bienestar de toda sociedad dependen del riguroso apego de su dirigencia política a los valores fundamentales que están consagrados en el sistema de gobierno. Son principios éticos”.

Remarcan que “la ética es el camino de la rectitud, por el que debe acontecer la política” pero “lamentablemente, lejos aún estamos de los superiores objetivos señalados, no obstante lo cual, hay que extremar los medios a nuestro alcance, para recuperar la senda perdida, en estos años de democracia en nuestra provincia”.

Aseguran en el proyecto que uno de los instrumentos adecuados para ese fin,”es la recuperación de los bienes robados al Estado por parte de la dirigencia corrupta. El régimen de extinción de dominio que proponemos en el marco de un proceso autónomo, apunta justamente a lograr ese objetivo”.

Subrayan que el mecanismo propuesto “se ajusta al ordenamiento procesal en el fuero civil y comercial, a través del juicio sumarísimo con algunas modificaciones en beneficio de resguardar al máximo el derecho de defensa del demandado”.

Especificaciones

El art. 1907 del Código Civil y Comercial, modificado por el decreto nacional N°62/2019, constituye la base de sustentación jurídica para la construcción del este régimen procesal en nuestra provincia, ya que la legislación de fondo incorpora justamente la extinción del dominio de los derechos patrimoniales, a través de esta metodología procesal.

El Ministerio Público Fiscal queda a cargo del ejercicio de la acción civil, a través de la creación de la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial, con facultades de investigación, identificación y localización de bienes.

El Ministerio Público Fiscal promoverá la demanda civil contra personas humanas o jurídicas que ostenten un patrimonio que no sea compatible con los ingresos normales y habituales de la actividad que desarrollan, se hallen o no imputados en una investigación penal.

Al proceso comparecerán en calidad de terceros, todos aquellos sujetos que guarden relación con el suceso objeto de la investigación, o que ostenten un derecho sobre los bienes afectados, como asimismo la Fiscalía de Estado.
La acción de extinción de dominio procederá respecto de los bienes obtenidos por vía de la comisión de delitos de distinta naturaleza, por caso:
1) Corrupción de menores (art. 125 C.P.).
2) Promoción y facilitación de la prostitución (art. 125 bis y 126 C.P.).
3) Explotación económica de la prostitución (art. 127 C.P.).
4) Pornografía infantil (art. 128 C.P.).
5) Secuestro coactivo (142 bis C.P.).
6) Sustracción de menores (146 C.P.).
7) Fraude a la Administración Pública (art. 174, inc. 5° C.P.).
8) Cohecho pasivo (art. 256, 256 bis y 257 C.P.).
9) Cohecho Activo (art. 258 y 258 bis C.P.).
10) Presentación u ofrecimiento de dádivas (art. 259 C.P.).
11) Malversación de Caudales Públicos (arts.260 a 264 C.P.).
12) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 C.P.).
13) Exacciones Ilegales (arts. 266 a 268 (2) C.P.).
14) Prevaricato (art. 269 C.P.).
15) Encubrimiento (arts. 277 a 279 C.P.).
16) Fraude al Comercio y la Industria (art. 300 bis C.P.).
17) Asociación Ilícita (art. 210 y 210 bis C.P.).

Alcance

La normativa nacional, el decreto 62/2019, alude asimismo a los delitos de competencia federal, tal el caso del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el secuestro extorsivo, el régimen penal tributario, los delitos contra el orden económico y financiero (lavado de activos).

Aquellas conductas quedan excluidas del alcance de nuestra iniciativa, siendo resorte de la justicia federal su tratamiento, aún en la esfera de nuestro territorio provincial, y a través de sus tribunales.

Por otra parte, en el ámbito federal, se investigan los delitos vinculados a la corrupción política, que desde luego quedan alcanzados por el régimen que se implementa.

Los juicios en curso motivaron la ley
Los diputados reconocieron la ley fue motivada por los procesos penales en curso en la provincia, asociados a la corrupción política, y que habrán de ser alcanzados por el ordenamiento que se propone implementar.

“La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio ordenará la subasta de los bienes y, una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, su producido ingresará a Rentas Generales de la Provincia”, expresan.

La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Provincial a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero.

Para ese fin se prevé la creación de un fondo de garantía que estará cubierto con un porcentaje de los recursos recuperados, de forma de solventar la contingencia antes descripta.

“De esta manera habremos de dar un paso importante para combatir la corrupción política, paliando siquiera, en la medida de lo posible, los cuantiosos daños ocasionados a la población. Desde luego, mucho queda por hacer para combatir con eficacia y eficiencia semejante flagelo. El paso siguiente serán los mecanismos de control, los consagrados en la Constitución y otros que la legislación pueda crear, con la participación de la ciudadanía. Finalmente, aguardamos que la justicia del Chubut sancione penalmente con toda la fuerza de la ley a los corruptos ahora sometidos a proceso”, concluyeron los diputados de Cambiemos.

Parte resolutiva

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1°: Créase el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio, en los términos y alcances consagrados en el Anexo I, el que forma parte de la presente ley.

ARTICULO 2°: De forma.

ANEXO I

RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 1°.- Naturaleza. La acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el presente régimen. La extinción de dominio se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no pudiendo acumularse a ninguna pretensión.

ARTÍCULO 2°.- Competencia. Será competente para entender en las acciones previstas en el presente régimen, la Justicia provincial con competencia en lo civil y comercial.
Será competente el juez del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren ubicados sus bienes, a elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora podrá accionar en todas o cualquiera de ellas.

ARTÍCULO 3°.- Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial. El Ministerio Público Fiscal contará con una Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente, en los casos que así lo dispongan los fiscales intervinientes en esas investigaciones.
La Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial , junto con los fiscales competentes conforme a lo establecido en el artículo 2º, deberán presentar las demandas e impulsar las acciones de extinción de dominio previstas en el presente régimen.
El Procurador General de la Provincia, establecerá los criterios que orienten el inicio y selectividad de las acciones de extinción de dominio en función de la significación económica de los bienes, el grado de afectación al interés público y los objetivos que orientan el accionar del Ministerio Público Fiscal.
La Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial estará facultada para requerir información a todas las áreas del Estado Provincial así como a entidades públicas y privadas, las que no podrán negarla bajo ninguna circunstancia.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Oficina Fiscal podrá conformar equipos de investigación conjunta con organismos locales, nacionales e internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar colaboración internacional en los términos de la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- Partes. En la oportunidad prevista en el artículo 8° del presente régimen, el Ministerio Público Fiscal podrá demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de dominio, se encuentre o no imputada en la investigación penal.
Deberá impulsar la citación como tercero de intervención obligada en los términos de los artículos 91 y 95 del Código Procesal Civil y Comercial, a la Fiscalía de Estado y a toda otra persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la demanda que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.

ARTÍCULO 5°.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de
su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de los delitos enunciados en el artículo siguiente. Quedarán abarcados:
a. Todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria;
b. La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso anterior;
c. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes previstos en cualquiera de los incisos anteriores.

ARTÍCULO 6°.- Procedencia. La acción de extinción de dominio procede respecto de los bienes que presuntamente provienen de los siguientes delitos:
a) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis y 146 del Código Penal;
b) El previsto en el artículo 174, inciso 5° del Código Penal, siempre y cuando la investigación impute a un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes públicos;
c) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268 (2), 269, y 277 a 279 del Código Penal;
d) Los previstos en los artículos 300 bis, del Código Penal, siempre que el hecho ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en este artículo;
e) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis del Código Penal, siempre y cuando los delitos que se le atribuyan a la asociación sean alguno o varios de los detallados precedentemente.

ARTÍCULO 7°.- Medidas cautelares. Los fiscales intervinientes deberán informar a la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio Estado Provincial, el inicio de todas aquellas actuaciones en las que pudieran existir bienes que, directa o indirectamente, provengan de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente.
Cuando la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial tenga elementos que permitan considerar que un bien proviene directa o indirectamente de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6°, podrá requerirle al fiscal interviniente que solicite el dictado de las medidas cautelares que estime necesarias para asegurarlo a los fines de la acción de extinción de dominio y que aún no se hubieran decretado.

ARTÍCULO 8º.- Demanda. Objeto. El dictado de medidas cautelares sobre alguno de los bienes descriptos en el artículo 5º de este régimen en una investigación por alguno de los delitos enumerados en el artículo 6º, habilita la presentación de una demanda de extinción
de dominio sobre dichos bienes, debiéndose acompañar la documentación que así lo acredite.
La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las reglas del procedimiento previsto en el artículo 502 del Código Procesal Civil y Comercial, con excepción del plazo de contestación de demanda, que será de QUINCE (15) días.

ARTÍCULO 9º.- Excepción previa. Sólo será admisible, como excepción de previo y especial pronunciamiento en los términos del artículo 349 del Código Procesal Civil y Comercial, la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado, cuando esa circunstancia fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva.

ARTÍCULO 10.- Etapa probatoria. La parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los que los hubiera adquirido.
No será de aplicación la prueba confesional.
En lo demás, los medios de prueba admisibles serán los previstos en el Código Procesal Civil y Comercial.
Se aplicará en lo pertinente, la Sección 8° del Capítulo V, del Título II, del Libro Segundo del Código Procesal Civil y Comercial.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal propenderán a alcanzar acuerdos de extinción de dominio, siempre y cuando los activos involucrados resulten adecuados para compensar el detrimento patrimonial del Estado Nacional o el daño causado a la sociedad. Dichos acuerdos serán sometidos a la homologación judicial, y tendrán efecto de cosa juzgada.

ARTÍCULO 11.- Sentencia de extinción de dominio. Además de los requisitos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial, la sentencia de extinción de dominio deberá contener:
a) Los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos de propiedad del o los demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a su patrimonio;
b) Si se dispusiere la extinción de dominio, la identificación precisa de los bienes o derechos afectados por la sentencia;
c) La declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados conforme al inciso b) sin contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y productos, en caso de resultar aplicable;
d) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;
e) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio constituido en forma previa a los hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su valor en dinero para su ejecución;
f) Las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios previstos por el Código Procesal Civil y Comercial, así como el plazo para la subasta de los bienes de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 13 del presente;
g) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificación a los registros respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia;
h) El pronunciamiento sobre las costas, la regulación de honorarios y la compensación prevista en el artículo 18 del presente régimen, en caso de corresponder;
i) En caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la República Argentina, deberá identificarlos de manera precisa, con el objeto de que la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución de sentencia en la jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación aplicable.
j) En caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de dominio, deberá comunicarse al juez a cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos de que adopte la determinación que estime corresponder.

ARTÍCULO 12.- Cosa juzgada. La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acción judicial.
La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Provincial a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero.

ARTÍCULO 13 – Destino de los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio Durante la tramitación del proceso de extinción de dominio, la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo de la Fiscalía de Estado. En las mismas circunstancias, el dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias a la vista será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación, y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados nacionales o internacionales serán administrados por la Administración General del Superior Tribunal de Justicia.
La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá ordenar la subasta de los bienes y, una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, su producido ingresará a rentas generales de la provincia salvo cuando exista una asignación específica establecida en las disposiciones mencionadas en el artículo 6° del presente.

ARTÍCULO 14.- Disposición anticipada. El juez podrá, a pedido del Ministerio Público Fiscal y con intervención de la autoridad a cargo de la administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público.
El juez siempre podrá ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su consentimiento.
Previo a resolver, el juez deberá escuchar a quienes invoquen derechos reales o personales sobre aquellos bienes. De no presentarse los interesados, procederá sin más la venta anticipada y el producido con sus intereses pasarán a conformar el objeto del proceso de extinción de dominio.
El juez podrá adoptar las medidas que considere adecuadas para evitar la compra simulada o fraudulenta del bien que frustre los fines de desapoderamiento perseguidos por el presente régimen.
Asimismo, el juez podrá ordenar la destrucción de los bienes cautelados cuando:
a. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza;
b. Representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad pública;
c. Amenacen su ruina.

ARTÍCULO 15. – Fondo de garantía. El Poder Ejecutivo Provincial deberá establecer un fondo de garantía, conformado por un porcentaje del producido de lo que enajene de acuerdo con el presente régimen, a los efectos previstos en el último párrafo del artículo 12.

ARTÍCULO 16.- Programas de colaboración. El Ministerio Público Fiscal podrá desarrollar programas de colaboración de personas que aporten información relevante para las investigaciones que lleve adelante la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial, fijando como compensación un porcentaje que no podrá exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) de los bienes cuyo dominio se declare extinguido como consecuencia de la información aportada por el colaborador. A tal efecto, en cualquier instancia informará al juez a cargo del proceso, la existencia de uno o más colaboradores, cuya identidad será preservada, con el objeto de que la sentencia incluya dicha compensación.

ARTÍCULO 17.- Bienes cautelados. La acción de extinción de dominio procede aún en los casos en que los bienes se encuentren cautelados o vinculados de cualquier modo a otro proceso.

ARTÍCULO 18.- Disposición transitoria.- La Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal deberán realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite a los efectos del artículo 7° del presente, dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de su entrada en vigencia.

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30 enero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Rubeo: “El proyecto de Macri y el desinterés de Lifschitz están matando las pymes santafesinas”

Según estudios privados realizados por la Unión Industrial de Santa Fe, que estiman que a fines de 2019 podrían haber desaparecido el 15% de las PyMEs del sector industrial. Según el INDEC la producción industrial mostró una fuerte caída en noviembre, del 13,3% en comparación con igual mes de 2017.
A pesar de que ese mes el dólar se estabilizó, el costo de las altas tasas de interés, afectó la actividad. Mientras que en lo que va del año la actividad industrial registró una baja del 3,8% respecto al mismo período del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
Preocupados por la situación el Diputado Luis Rubeo, junto a Marcela Aeberhard estuvieron reunidos en el Parque Industrial Sauce Viejo con Amadeo Formisano (Presidente Parque Industrial) Alejandro Taborda (Vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe) Javier Martín (Presidente de la Unión Industrial de Santa fe) Angel Pomare (Comisión Directiva PISV-) y César Carrilero (Comisión Directiva PISV y PB Leiner Argentina).
Entre varios temas importantes por parte del sector plantearon la necesidad de contar con un banco de Inversión, cuyo objetivo sea financiar la inversión productiva, apoyar crediticiamente a nuevos emprendimientos y prefinanciar la exportación entre otros. También se habló acerca de la posibilidad de crear el Instituto de Emergencia Industrial y Asistencia Impositiva del API, se discutió acerca de Seguridad Ambiental, Infraestructura Industrial, Innovación Productiva, Gestión de Estado y Energía.

En ese sentido el diputado Rubeo manifestó: “Estamos preocupados por el costo de la Energía, el gobernador Miguel Lifschitz debe diferenciarse del gobierno nacional subsidiando a quienes dan empleo”.

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30 enero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Mango: “El gobernador Weretilneck se rie en la cara de todos los rionegrinos”

“El Gobernador debe creer que a través de la pauta oficial y el disciplinamiento a los medios puede lograr hacer cualquier cosa con los fondos del Estado y que nadie se entere”, expresó el legislador rionegrino Marcelo Mango (FG-FpV).

Asimismo indicó que “en estos días se está desarrollando en la provincia de Córdoba el Cosquín 2019, famoso festival nacional de Folklore. Para dicho evento, según como figura en los registros oficiales, el Gobierno de la Provincia de Rio Negro destinó $450.000 para la “Contratación para la participación de la Delegación Oficial de Río Negro en el Festival de Cosquín 2019” (sic). “Al día de hoy el stand de Río Negro en la plaza de Cosquín se encuentra totalmente vacío, sin ninguna referencia a nuestra provincia, sea en cuanto a turismo, cultura y/o a producción. Exigimos al Gobernador y a sus ministros que den explicaciones acerca de a dónde fueron destinados esos fondos”, cuestionó el legislador Mango (FG-FpV).

“No sabemos si el vaciamiento se trata de un comienzo de la retirada por parte de Weretilneck o si se olvidaron de la fecha del evento”, concluyó el parlamentario provincial Marcelo Mango (FG-FpV).

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29 enero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Falleció la diputada Claudia Moyano

La diputada provincial Claudia Moyano murió en Rosario, luego de varios años de lucha contra un cáncer de mama.

Moyano nació en San Lorenzo, donde llegó a la presidencia del Concejo Municipal. En 2015 asumió como diputada provincial por el FPCyS. Desde hacía unos meses estaba alejada de su banca por problemas de salud. Estaba internada en el Sanatorio Británico de Rosario, donde murió este miércoles.

Entre sus últimas intervenciones, la legisladora argumentó en favor de uno de sus proyectos, que logró media sanción en agosto de 2018: un programa destinado a informar, concientizar, prevenir y erradicar delitos informáticos como grooming, sexting y ciberbullying.

Varios referentes políticos se mostraron conmovidos por su partida, entre ellos, el gobernador Miguel Lifschitz, Antonio Bonfatti, Carlos del Frade y Maximiliano Pullaro, quienes expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Por cupo femenino, Moyano será reemplazada por Susana Bertone.

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26 enero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Proponen condecorar a heridos y familiares de las víctimas del ataque al regimiento de La Tablada

A 30 años del copamiento del regimiento de La Tablada por parte del MTP de Enrique Gorriarán Merlo, se espera que durante 2019 la Legislatura bonaerense dé tratamiento a un proyecto de Ley que propone condecorar a los heridos y a las familias de los militares fallecidos.
La iniciativa fue presentada por el diputado bonaerense por Cambiemos, el marplatense Guillermo Castello. El proyecto también contempla el otorgamiento de una pensión “a los familiares de los muertos y a los heridos de gravedad pertenecientes al Ejército Argentino y a la Policía de la provincia de Buenos Aires que resistieron heróicamente el criminal ataque contra las instituciones democráticas y republicanas por parte del Movimiento Todos por la Patria”.
Para Castello, “ni las familias de los muertos, ni los heridos de gravedad han recibido reconocimiento alguno por parte de los sucesivos gobiernos nacional ni provincial”. Según Castello “debemos recordar que el ataque terrorista a La Tablada se produjo durante un gobierno constitucional y democrático presidido por el Doctor Raúl Alfonsin y que el objetivo de los subversivos era promover una insurrección popular para tomar el poder. Ese delirio mesiánico, propio de las organizaciones terroristas, provocó once muertos, de los cuales cuatro eran conscriptos, y decenas de heridos del Ejército y de la Policía provincial”.
Asimismo, el legislador señaló que está trabajando en proyectos similares con el objetivo de condecorar a los heridos y a las familias de los militares muertos en los ataques al cuartel de Azul, en 1974, y al Batallón 601 de Monte Chingolo, un año después, ambos cometidos por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

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24 enero, 2019|Legislaturas Provinciales|Comentarios desactivados en Proponen condecorar a heridos y familiares de las víctimas del ataque al regimiento de La Tablada

D´Onofrio: “Quiero ser gobernador para declararle la guerra a los narcos, transas, violadores y asesinos”

El diputado provincial y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio aseguró que le declarará la guerra al narcotráfico, a la delincuencia y a los violadores. Además de apuntar a una reforma integral de la policía y terminar con jueces garantistas impulsores de la puerta giratoria que deja a los bonaerenses con altísimos índices de delitos y reincidencias.

“Quiero ser gobernador porque quiero que los bonaerenses dejemos de convivir con el miedo. La inseguridad sigue siendo el principal problema y cada día empeora más en la Argentina y en la Provincia” lanzó el legislador renovador quien luego agregó “no se puede seguir conviviendo con el narco, el transa, con el chorro, con el violador y el asesino. El 10 de diciembre, cuando asuma les declaró la guerra”.

En la misma línea planteó dos cuestiones determinantes si se convierte en Gobernador “Si soy gobernador voy a transformar a esta policía sin preparación, con sueldos de miseria y sin recursos en una fuerza profesional, bien paga y dispuesta a terminar con el crimen. No hay más excusas, se puede reformar la policía y se puede hacer rápido” y amplió “también es necesario terminar con jueces y fiscales garantistas creadores de la puerta giratoria que sólo hacen que los delincuentes se rían del sistema. Un magistrado no puede durar en su cargo para siempre sin que haya un control de gestión. Hay que terminar con el viva la pepa de que cada uno haga lo que quiera y el fracaso de este gobierno fue, entre tantas otras cuestiones, porque no tuvo el coraje que se necesita para cambiar a la Policía y a la Justicia”.

Por último, el diputado massista dijo “quiero ser Gobernador porque quiero hacer lo que ni Vidal, ni Macri se animaron a hacer. Quiero que los bonaerenses puedan volver al barrio donde conviven con los vecinos, no solo donde sobreviven y agradecen no ser asesinados cada noche”.

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22 enero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Daniel Ivoskus: “En Venezuela debe haber un nuevo llamado a elecciones con garantías”

El Diputado Daniel Ivoskus presentó un proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires adhiera a la Resolución Dictada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la cual manifiesta “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero del 2019”.

En este sentido, y según los fundamentos de la declaración de la OEA de la cual se hace eco el diputado, el documento advierte que el período presidencia renovado de Maduro es el resultado de un proceso electoral ilegítimo.

Textualmente, el documento manifiesta “la profunda preocupación en relación al empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela tras el quiebre del orden democrático, y condena las serias violaciones a los derechos humanos en ese país, condenando as detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso y las violaciones a los derechos humanos de prisioneros políticos por parte del gobierno de Venezuela”.

Asimismo, el proyecto señala que un número significativo de venezolanos está siendo forzado a huir del país en razón de que no han sido cubiertas sus necesidades básicas, y reitera su seria preocupación por el colapso del sistema de salud de Venezuela.

Repercusiones en Latinoamérica

Días atrás, Daniel Ivoskus, se había manifestado en sus redes sociales con fuertes críticas, caracterizando la jornada de toma de mando como “un triste día para la historia de Venezuela”.

“El de Maduro es un gobierno que no garantizó transparencia en el proceso electoral, que mantiene exiliados, que sostiene presos a muchos líderes de la oposición presos y que sigue violando el Estado de Derecho y su propia constitución”, había señalado Ivoskus.

En este sentido, añadió que “en Venezuela debe haber un nuevo llamado a elecciones con garantías”, y que “la etapa de Maduro desembocará, mucho más temprano que tarde, en un estadío final que terminará con la asfixia y la desesperanza de millones de Venezolanos”, cerrando su mensaje con #NoTeReconocemos, el hastag que millones de personas utilizaron a nivel global durante la asunción del mandato.

Las palabras de Ivoskus generaron inmediatas repercusiones en diversos medios de comunicación de América Latina, que se hicieron eco del mensaje.

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14 enero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

El problema de la niñez es la pobreza

La diputada provincial Alicia Gutiérrez sostuvo que la baja en la edad de imputabilidad sólo agravará los índices de violencia e inseguridad. “El proyecto nacional es un receta del duranbarbismo para correr la atención pública de la situación crítica que se vive”, aseguró.

El Ejecutivo nacional es un cultor de la llamada “posverdad” y ha sabido sacar rédito político de ello: no importan los hechos y las evidencias a la hora de captar a la opinión pública, lo que prima son las creencias y los climas sociales sobre determinados temas. Es por eso que, lanzado a la campaña presidencial de 2019, y frente a un escenario recesivo en el plano económico, sin ningún aspecto positivo a destacar, y con índices alarmantes en lo social, se instala en la agenda mediática la problemática de la inseguridad como la madre de todas las batallas. Literalmente, se busca reconquistar a un electorado que se ha vuelto un tanto esquivo, producto de la crisis y el ajuste, con una de las perspectivas que más parece seducir en estos tiempos: la mano dura. La política punitivista, desplegada desde el primer día de gestión de la Alianza Cambiemos, es el eje de todas las propuestas que se han dado a conocer en los últimos días: la compra de pistolas Taser y la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos. La baja de la edad de la imputabilidad, uno de los puntos incluidos en el proyecto oficial del nuevo Régimen Penal Juvenil, sigue en la misma línea. La medida es defendida como una forma efectiva para brindar seguridad a la ciudadanía, aunque todos los estudios y expertos en la materia afirmen lo contrario.

Como decíamos antes, para el duranbarbismo no interesan, en este caso, los datos, ni los resultados demostrados, sino la atracción que tienen las recetas fáciles y de rápida ejecución. Como sucediera con las leyes Blumberg, que empeoraron el ya colapsado sistema penitenciario, se sabe que el impacto de estas políticas, de implementarse, sería desastroso. De las 40 organizaciones y especialistas convocados por el Ministerio de Justicia para evaluar la reforma, solo tres estuvieron a favor. Si de números se habla, aunque para el grupo de ceos en el poder son secundarios, estos muestran a las claras que la intervención de menores de edad en hechos graves es insignificante, menos del 1%. En 2015, según el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, sobre 175 homicidios registrados en la ciudad, solo uno fue cometido por un adolescente menor de 16 años. Para los funcionarios de la cartera lo fundamental no es cambiar la realidad de violencia e inseguridad que padece la gente a diario, sino ganar una elección con promesas vacías.

La iniciativa es coherente con el perfil ideológico de la dirigencia nacional que, en un país donde la mitad de las niñas y niños son pobres, elige como solución culpabilizar a los sectores más vulnerables, estigmatizar a los jóvenes, habilitar el gatillo fácil, reprimir con violencia las protestas, cerrar escuelas y eliminar políticas sociales fundamentales. No sólo es anticonstitucional y violatoria de las leyes nacionales y los tratados internacionales, sino que desliga al Estado de su responsabilidad frente a las condiciones de violencia, marginación y desigualdad que plantea el modelo neoliberal imperante. Este reconocimiento implícito del fracaso de la gestión para cumplir con las promesas hechas durante la campaña previa augura nuevas promesas fallidas y un escenario de radicalización de la violencia y crecimiento de la inseguridad.

 

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11 enero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

D´Onofrio: “Macri y Vidal sometieron a la ciudadanía a ajustes, hambre y desempleo”.

El diputado provincial del Frente Renovador, Jorge D´Onofrio, criticó al Gobierno Provincial y al Nacional por estar más preocupados en la estrategia electoral que en resolver los problemas concretos de los bonaerenses. Llamó a toda la oposición a definir las políticas de estado de los próximos veinte años de la provincia de Buenos Aires antes de que sea tarde.

“Dicen que las crisis pueden convertirse en oportunidades, y la realidad marca hoy que a los bonaerenses nos golpea más de una crisis; social, económica, política, de seguridad, de ausencia de un Estado que contenga y ayude a palear la difícil situación” analizó D´Onofrio al tiempo que agregó “pero a todo esto se suma la falta de oportunidades y la peor crisis de todas, que es la incapacidad de este gobierno”.

En la misma línea, el legislador massista añadió “tanto Macri como Vidal, sólo piensan en ganar elecciones, hoy sus cabezas son una gran urna en la que solo buscan las maneras de quedarse cuatro años más gobernando” y se preguntó “¿Para qué? Si hasta ahora no favorecieron en una sola política a la ciudadanía, a la que sometieron a ajustes, hambre y desempleo”.

Por otro lado realizó un llamado a todo el arco opositor “no me quiero quedar en el diagnóstico y solo limitarme a opinar, es momento de acción, no opinión” y amplió “quiero convocar a toda la oposición a sentarnos en una sola mesa a debatir la provincia de Buenos Aires de los próximos 20 años. La oportunidad que tenemos ya dejo de serlo, ahora es una obligación que tenemos de cara a todos los bonaerenses. Los sabios construyen puentes y los fanáticos barreras, seamos sabios ahora porque puede ser muy tarde más adelante”.

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8 enero, 2019|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Piden sesión especial para frenar el cierre de las escuelas nocturnas

Frente a la resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad que afecta a 22 escuelas nocturnas, todos los bloques de la oposición llamaron a una sesión especial para el próximo jueves 28 de diciembre.

Los legisladores de la oposición presentaron un proyecto para garantizar la continuidad administrativa y pedagógica de las escuelas nocturnas de la Ciudad. Además, la iniciativa establece el diseño de un nuevo diseño curricular y la efectiva ejecución de las obras previstas para estos institutos, así como el incremento de oferta horaria y personal calificado.

En ese marco, la legisladora porteña de Unidad Ciudadana, Paula Penacca, sostuvo: “Las escuelas nocturnas garantizan la continuidad y terminalidad de las trayectorias educativas de jóvenes y adultos, tanto como su inserción laboral y la continuidad de estudios superiores. Quienes toman la decisión de cerrarlas pasarán a la historia como sujetos insensibles, carentes de responsabilidad, solidaridad, compromiso y desatención total para con la educación pública de los porteños”.

Lorena Pokoik, por su parte, consideró: “El cierre de las escuelas nocturnas es una muestra más del ajuste de Larreta y su ministra, Soledad Acuña. La educación no es para este Gobierno un derecho social. Tienen que saber que la comunidad educativa esta de pie y luchando muy activamente”.

El temario de la sesión especial incluye el tratamiento de otros proyectos ya presentados como la emergencia del sistema educativo estatal, la ley de financiamiento educativo, el reaseguro del ciclo lectivo, la estabilidad de los docentes interinos y la protección de institutos como el Cerámicas N1 que el Gobierno de la Ciudad pretende trasladar.

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24 diciembre, 2018|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Recalde: “Macri compró vagones con asbesto y Larreta intentó encubrirlo”

El legislador porteño, Mariano Recalde, se refirió a la escandalosa compra de vagones con material cancerígeno para la línea B que realizó el Gobierno de la Ciudad en 2011.

Tras conocerse la confirmación de Sbase de la detección de material cancerígeno en los vagones comprados a España, Recalde expresó: “La situación es doblemente grave. Por un lado, se compró una chatarra carísima que además no servía para nuestros subtes y hubo que adaptar los andenes para que pudieran entrar. Por el otro, nos enteramos a raíz de la denuncia de una diputada madrileña que las formaciones tenían asbesto: fallecieron dos trabajadores españoles y otros dos están enfermos”.

En ese marco, Recalde apuntó: “Pagamos 550 mil euros cada formación y hoy se venden como chatarra a 4 mil. Recordemos que la compra se hizo en medio del apoyo de Macri a la campaña presidencial de Rajoy, que terminó destituido por corrupción”- .

Por último, el legislador recordó que el bloque Unidad Ciudadana firmó con los legisladores de Podemos un compromiso de seguimiento e intercambio recíproco de información sobre el caso. Además, se presentaron dos pedidos de informe y un proyecto para crear una comisión investigadora. “Todas las iniciativas fueron rechazadas por el oficialismo. Macri hizo una compra escandalosa y Larreta intentó encubrirlo”, concluyó.

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21 diciembre, 2018|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Prohibieron a “limpiavidrios” y “cuidacoches” en la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó diversas modificaciones al Código Contravencional entre las que se destacan la imposición de multas y penas a quienes ofrecen o prestan servicios de estacionamiento y de limpieza de vidrios a automotores en la vía pública y que llega a días de arresto en el caso de que existiera la actividad sea realizada por una organización de personas.

El proyecto fue sancionado tras un largo debate en la ultima sesión ordinaria del año, con 40 votos a favor y 20 en contra. 
Hasta el momento, ambas actividades eran consideradas como infracciones solo si se comprobaba que había una “exigencia” de dinero por parte de la persona que ofrecía ese servicio.

A partir de ahora el sólo hecho de ofrecerse para cuidar el coche será punible. Sólo podrán hacerlo aquellos que cuenten con la “tarjeta azul” que otorga la Ciudad a discapacitados, jubilados y otros, a quienes sí autoriza. La multa será de entre $ 892,5 y $ 5.355.

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14 diciembre, 2018|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Legislatura porteña: se aprobó una ley para modernizar el servicio de taxis de la Ciudad

Este jueves, en la sesión ordinaria de la Legislatura de la Ciudad, se aprobó un proyecto de ley para modernizar y potenciar el crecimiento del Servicio Público de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de la implementación de la norma, todos los taxis deberán contar de forma obligatoria con al menos una aplicación para celular para que los pasajeros puedan solicitar el viaje por ese medio y además poder abonarlo con tarjeta de crédito o débito.

Al respecto, la legisladora Cristina García De Aurteneche, Presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte y autora de la iniciativa dijo que “tenemos la responsabilidad de garantizar un transporte público de calidad y seguro y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto que a través de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías se propone mejorar el servicio de taxis para todos los vecinos y vecinas de la Ciudad.”

Además, el pasajero podrá calificar el viaje y tener conocimiento de quien lo está trasladando otorgándole seguridad y calidad al servicio ya que formar parte del sistema implica que ese vehículo y chofer están cumpliendo con las condiciones de seguridad exigidas para ser un transporte público de pasajeros. Al respecto, la diputada García agregó “con esta modernización del sector generamos beneficios tanto para el usuario como para el trabajador, esta es una herramienta confiable y segura para ambos.”

Con esta innovación del servicio de taxis el Gobierno de la Ciudad podrá mejorar la fiscalización de este servicio público para comprender en detalle la dinámica de esta forma de movilidad y así poder implementar políticas públicas y acciones que incrementen la seguridad de los vecinos y la fluidez vehicular siempre en pos de seguir mejorando el transporte público de la Ciudad.

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7 diciembre, 2018|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Desafuero y detención del diputado macrista Singh por robo a mano armada

La Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó el desafuero del legislador por Rosario de la Frontera Kuldeep Singh y fue detenido por orden de la jueza de Garantía Nº 1, Ada Zunino. El diputado quedó filmado mientras asaltaba una fábrica junto con otros cuatro hombres, con quienes robaron entre 3 y 4 millones de pesos.

Tras la votación, Singh, acompañado de su abogado Javier Massafra, se trasladó hasta al Ciudad Judicial y se presentó en forma espontánea en el despacho de la jueza Zunino para evitar el escándalo de que se muestre al diputado con chaleco y seguridad de escolta.

Para remplazar al legislador imputado por robo calificado y privación ilegítima de la libertad, Emilia Figueroa asumirá. En las últimas elecciones, la dirigente justicialista acompañó a Singh como candidata en segundo término en la lista del Frente Salteño.

El diputado se encuentra detenido en la Alcaldía cita en la Ciudad Judicial. Al tiempo, recae un pedido de Jury de enjuiciamiento a la Jueza Ada Zunino, fuertemente cuestionada, tras dilatar el pedido de desafuero.

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29 noviembre, 2018|Legislaturas Provinciales|0 Comments

La oposición rechaza la prórroga de la concesión del subte a Metrovías

En la Legislatura porteña, los diputados de la oposición Sergio Abrevaya (GEN), María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia (Bloque Peronista) firmaron un despacho alternativo a la prórroga de la concesión de la Red de Subterráneos a Metrovías. El mismo propone que la empresa AUSA, sociedad anónima propiedad del Estado y de SBASE, se haga cargo a la brevedad de la concesión, ya que puede gestionar como una empresa privada (aunque el verdadero propietario sea el Estado).

Los fundamentos de esta contrapropuesta se basan en las demoras continuas, extensiones de contratos (prórrogas de 2013, 2015 y 2017) que favorecen a Metrovías y la negligencia en el llamado a licitación del Poder Ejecutivo (que puede beneficiar, incluso, a empresas internacionales), con la idea de que no existe alternativa para administrar la operación de la Red de Subterráneos.

Además, los legisladores sostienen que, ante la confesión de hechos ilícitos del titular de Metrovías S.A., la Ciudad debe reasumir la Operación del Servicio de Subterráneos porque el llamado de licitación en curso se ve amenazado por impugnaciones y observaciones por parte de los grupos oferentes.

En el mismo sentido, aseguran que SBASE -Sociedad del Estado, titular y propietaria de la Red de Subterráneos y el Premetro- contiene recursos humanos de capacidad técnica y de planificación de los servicios de transporte, y que Autopistas Urbanas S.A. opera las vías de accesos e interconexión, realiza obras por pedido del Poder Ejecutivo y exhibe cumplimiento de tiempos, plazos y características de las obras. Por ello, la unión de estas empresas, la experiencia técnica de la administración de la red de subterráneos y la eficiente gestión de obras públicas, permitirían retomar el control estatal del servicio de subtes, exhibir una mejor administración y operación del servicio, ponderar y estimular el interés público y las necesidades de los usuarios.

Al respecto, el Diputado Abrevaya expresó: “La Ciudad ha dotado de infraestructura en obras y coches al subte, por eso no tiene sentido continuar subsidiando las ganancias de una empresa que gestiona mal hace más de 20 años”.

Por su parte, Muiños sostuvo que “AUSA es una empresa propiedad del Estado que ha demostrado tener la capacidad suficiente para operar sobre el tránsito y el mantenimiento de las autopistas de manera totalmente eficiente” e insistió con que “Esto pone en crisis la idea generalizada de que aquello administrado por el sector público siempre funciona mal y que entonces debe quedar en manos del sector privado”. “En los últimos años AUSA ha ampliado sus funciones sin disminuir su eficacia y creemos que está en condiciones de asumir la gestión del Subte, por lo cual no sería necesario prorrogar la licitación a Metrovías”, concluyó la legisladora peronista.

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28 noviembre, 2018|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Felipe Miguel: “Vamos a ir a fondo contra las barrabravas cueste lo que cueste”

El jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, se refirió a los incidentes del fin de semana en el marco de la final de la Copa Libertadores y garantizó que “nosotros vamos a ir a fondo contra los barrabravas cueste lo que cueste”.

Con la doble suspensión del partido Boca-River por los episodios de violencia el último fin de semana, el funcionario porteño dijo por Radio de la Ciudad que “de nuestra parte está todo el compromiso y vamos a ir a fondo hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, y vamos a volver a tener visitantes. Nosotros tenemos absoluta convicción y decisión de ir a fondo. Tenemos algunos programas, como el de las Tribunas Seguras. Vamos a poner en la cancha todos los elementos necesarios para ponerle fin a las mafias de la barrabrava”.

A lo que reiteró: “Sin dudas detrás están las mafias de las barras que vienen empañando hace rato el fútbol argentino. Hace 30 años que estamos afrontando el tema de las mafias de la barrabrava. Nosotros vamos a ir a fondo contra las mafias de las barras para terminar de una vez por todas con estas situaciones, para que la gente, las familias, puedan disfrutar de estos eventos”.

“Hay que investigar para ir descifrando cómo operan estas mafias. Por eso es importante que contemos con el apoyo y el compromiso de la Justicia”, expresó.

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27 noviembre, 2018|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Media sanción al Proyecto para que deudores alimentarios no puedan ser candidatos, funcionarios ni jueces en la Provincia

El proyecto de Ley presentado por el diputado provincial Marcelo Daletto (Cambiemos) que busca modificar la Ley 13.074 para que los aspirantes a cargos electivos, funcionarios del Poder Ejecutivo, y/o funcionarios judiciales, no puedan postularse si se encontraran incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDA), obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados provincial y deberá ser convertido en Ley en el Senado.

“Este proyecto busca que no puedan ser funcionarios, candidatos, ni jueces aquellos postulantes que sean deudores alimentarios”, dijo Daletto y explicó que “Por un lado, buscamos reforzar las medidas de protección hacia los menores cuyos padres evadan sus responsabilidades; y por el otro, que aquellos que pretendan ser candidatos, funcionarios o jueces deben dar el ejemplo y de ninguna manera puede tener un deudor alimentario la posibilidad de acceder a estos cargos”, dijo el Legislador.

En tanto, Daletto sostuvo que “A quienes ingresen al Estado como empleados, no se les solicitará el certificado con anterioridad, sino una vez que el agente esté incorporado y una vez que esto ocurra, de comprobarse que la persona se encuentra en el RDA, se informará al juzgado interviniente en el proceso alimentario para saldar la deuda a través de ese nuevo sueldo”, manifestó Daletto.

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26 noviembre, 2018|Legislaturas Provinciales|0 Comments

Diputados aprobó la ampliación del horario de venta de bebidas alcohólicas

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley que extiende dos horas el horario de venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires, para favorecer el comercio durante la temporada de verano.

El objetivo es favorecer la industria turística especialmente en las ciudades balnearias, ya que el anochecer es más tardío y los visitantes regresen de la playa después de las 21 horas. La iniciativa es impulsada por los diputados Guillermo Castello (Cambiemos) y Alejandra Martínez (Frente Amplio Justicialista) y ahora deberá ser aprobado por el Senado para que entre en vigencia antes del inicio de la temporada de verano.

Actualmente, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires la ley 11.825 prohíbe la venta, expendio o suministro a cualquier título, y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del establecimiento donde se realice la venta a partir de las 21 y hasta las 10 del día siguiente.

La reforma no afectará el control de alcoholemia que realizan en los operativos viales.

 

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23 noviembre, 2018|Legislaturas Provinciales|0 Comments

La Legislatura porteña aprobó la creación de la UniCABA

En medio de fuertes protestas, el oficialismo en soledad aprobó en la Legislatura porteña la creación de la UniCABA, propuesta resistida por los gremios docentes.

La propuesta del Ministerio de Educación fue aprobada con 34 votos positivos de la bancada de Vamos Juntos y 26 en contra del arco opositor, y fue discutida por más de cinco horas en el recinto, donde también estuvieron presentes los rectores de distintos profesorados. Afuera del edificio, gremios docentes, centros de estudiantes y agrupaciones de izquierda mantenían una importante concentración en contra de la iniciativa.

La UniCABA refiere a la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el oficialismo porteño se plantea este proyecto como parte de la necesidad de mejorar las políticas públicas con énfasis en la formación docente inicial, asegurando “la libertad académica, la igualdad de oportunidades y la gratuidad de la enseñanza”.

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23 noviembre, 2018|Legislaturas Provinciales|0 Comments
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