Legislaturas Provinciales

El diputado provincial Walter Carusso presentó un proyecto de ley para implementar en el territorio bonaerense, la entrega de botones anti pánico a personas de 70 años en adelante y que vivan con sus parejas o solas. El “botón anti pánico” es un dispositivo de comunicación directo e inmediato, que tendría opciones diferenciadas de llamado a las fuerzas de seguridad y al servicio público de emergencias médicas.
Desde hace varios años, preocupa a la sociedad el incremento de delitos contra las personas de la tercera edad, que resultan episodios violentos y que, en muchas ocasiones, se llevan la vida de nuestros abuelos. “Proponemos dotar a los adultos mayores, de elementos que les permitan solicitar el auxilio inmediatamente. El botón anti pánico es una herramienta más en el marco de una política de abordaje integral de la prevención de los distintos actos de violencia, sabemos que no es una solución en sí, sino un nuevo instrumento que se suma a otros programas de prevención” explicó el Diputado Carusso.
Todo adulto mayor que se sienta en una situación de riesgo o peligro, accionará dicho dispositivo que permitirá la geolocalización de la víctima, facilitando así su ubicación y coordinación de ayuda por parte de las autoridades de seguridad. “Nuestro compromiso es principalmente con la población más vulnerables, reconociendo las problemáticas y buscando soluciones a dichas problemáticas que, si bien no eliminan el problema de raíz, van a permitir, sin duda, salvar muchas vidas y evitar episodios traumáticos, mientras trabajamos para que nuestra Provincia sea un lugar más seguro cada día”, finalizó el Legislador.

El diputado provincial Marcelo Daletto (Cambiemos) presentó un proyecto de Ley para regular en hipermercados y supermercados de la provincia de Buenos Aires la exposición de golosinas, snacks y alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares y sodio, para prevenir la obesidad infantil.

“La medida apunta a prohibir la exposición de golosinas y snacks, en una distancia de hasta 10 metros de cajas registradoras, puertas de acceso y salida de supermercados, hipermercados, y autoservicios con atención masiva de público, así como también en góndolas con una altura inferior a 1,30 metros”.

“Una de nuestras principales políticas públicas es llevar a la práctica todas las medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con esta iniciativa, buscamos fomentar los hábitos saludables en la alimentación de los chicos, ya que ellos no tienen la capacidad de diferir entre los alimentos nocivos para la salud y los alimentos saludables”, dijo Daletto.

“Desde 1999 a 2004 la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes de 2 a 19 años a nivel mundial era del 4 %. A partir del 2011, aumentó al 6%”, detalló el Legislador y agregó que “En nuestro país, según la Sociedad Argentina de Pediatría y la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, uno de cada 4 niños de 10 a 19 años esta excedido de peso”.

En esa línea finalizó: “Los padres y/o tutores somos los principales responsables de la alimentación saludable de nuestros hijos, y por eso buscamos reducir el consumo de golosinas para evitar dañar la salud actual y futura de los chicos, aportándoles alimentos más nutritivos y saludables”.

La Legislatura Porteña aprobó el proyecto del legislador de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, para declarar a la novela de Teléfé “100 días para enamorarse” de Interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

El proyecto plantea que “la caracterización de los personajes cuestionan y desnaturalizan ciertos estereotipos asignados a los géneros y las familias”, al tiempo que “abre discusiones que se corresponden con los tiempos que corren”, entre los que se destaca la sexualidad, la identidad de género, la diversidad, la parentalidad y temas de salud como la obesidad y el cáncer de mama.

“Nos parece importante destacar el aporte a la integración, la inclusión y la diversidad que hace ‘100 días para enamorarse’. Que la ficción argentina tenga una perspectiva de derechos y que se construya ciudadanía desde nuestra cultura es un hecho para ponderar y tomar como ejemplo”, sostuvo Recalde.

“Ayer vivimos una jornada histórica, donde cientos de miles de mujeres y jóvenes salieron a la calle a exigir un nuevo derecho: el de interrumpir de manera voluntaria un embarazo. Aunque el Senado decidió darle la espalda a esta demanda, mas temprano que tarde el proyecto será ley. Desde nuestras bancas vamos a acompañar este movimiento y todos los que impliquen más derechos para los ciudadanos y ciudadanas”, agregó.

El proyecto contó con el acompañamiento de todos los bloques que integran la Legislatura Porteña.

El diputado provincial del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, volvió a expresar su malestar con la situación de las dos policías asesinadas el pasado fin de semana, y la falta de contención que tienen las fuerzas de seguridad a la hora de combatir el delito. Denuncia ausencia del Estado para protegerlos.

“Basta de Derechos Humanos Tuertos, parece que los policías no tienen nadie que los proteja “ arrancó D’Onofrio y agregó “la función de la Bonaerense es la de proteger a los habitantes y la función del Estado es la de brindarle a quienes arriesgan sus vidas, las condiciones de trabajo acordes al riesgo al que están expuestos”.

A continuación, el integrante de los equipos de seguridad de Sergio Massa contó “el policía que va a ser robado, entra en la siguiente problemática: si no se resiste a que lo roben, lo matan con su propia arma, y si se resiste y sale con vida, enfrenta un sumario y una sanción por el hecho que puede acarrear desde la pérdida de su trabajo hasta la carcel” y amplió “está claro que siempre llevan la de perder”.

También se refirió a la justicia y sus responsabilidades “hasta hoy no escuche hablar de los derechos humanos de los policías caidos ni de los de su familia” y sumó “hay que revisar la Ley y fundamentalmente la interpretación que hace el maldito garantismo que termina atando de pies y manos a los efectivos policiales y aumentando los riesgos que corren en la calle”.

“La justicia debe hacer un mea culpa por que la mayoría de los delincuentes que matan, tenían condenas sin cumplir o eran buscados” y concluyó D’Onofrio “hay que hablar sin eufemismos y terminar con las salidas anticipadas y con la liviandad que se trata a los delincuentes peligrosos, y si eso implica construir más cárceles, pues bien, que las hagan, pero esta situación sigue en caída libre y se trata de la vida de los bonaerenses”

El diputado provincial Jorge Henn exigió, mediante una carta dirigida al Ministro de Salud de la Nación, Dr. Adolfo Rubinstein, que se establezcan los lineamientos adecuados para que la provincia de Santa Fe pueda abastecerse de materia prima que le permita al Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF SE) empezar a producir aceite de Cannabis.

En la misiva, el legislador detalla el pedido que realizó el Estado santafesino ante la Dirección de Sustancia Sujetas a Control Especial – ANMAT para poder importar la materia prima desde Uruguay y sentencia: “El requerimiento lleva más de un año sin que se hayan registrado respuestas algunas a la solicitud por parte de las dependencias nacionales”.

En este sentido, Henn advirtió de “la urgencia que la situación demanda” debido a “la angustia y el padecimiento de cientos de santafesinos y santafesinas, que encontraron en la medicina natural y alternativa a base de Cannabis, una esperanza para morigerar los síntomas de distintas patologías y que hoy necesitan de su pronta disponibilidad”.

Asimismo, el legislador santafesino le solicita al mandatario nacional que apele a “su responsabilidad política y a su sentido de la solidaridad para aquellas familias que no quieren bajar los brazos en lo que es una denodada, y muchas veces infructuosa, lucha por ver en sus seres queridos una sonrisa, una respuesta o, simplemente, una expresión de alivio”.

A continuación la carta completa:

Santa Fe 18 de Julio de 2018

Sr. Ministro de Salud de la Nación

Dr. Adolfo Rubinstein S/D

De mi consideración

En mi carácter de diputado de la provincia de Santa Fe y apelando a su sensibilidad más profunda, dada su función como encargado de la Salud Pública de todos los argentinos, es que me permito dirigirme a usted, con la urgencia que la situación demanda.

Dicha prisa proviene de la angustia y el padecimiento de cientos de santafesinos y santafesinas, que encontraron en la medicina natural y alternativa a base de Cannabis, una esperanza para morigerar los síntomas de distintas patologías y que hoy necesitan de su pronta disponibilidad. Especialmente cuando estas patologías fueron comprendidas por los legisladores nacionales y expresadas en la ley N° 27.350 que, claramente, ordenaba al Poder Ejecutivo Nacional: “Establecer lineamientos y guías adecuadas de asistencia, tratamiento y accesibilidad” al uso medicinal del Cannabis y sus derivados.

La Provincia de Santa Fe, de manera seria y responsable, ha presentado ante ese Ministerio un programa, en consonancia con la Ley, de registro, acceso e investigación en la materia para lo que es imprescindible la autorización del Estado Nacional.

El marco jurídico legal provincial está cubierto a través de la normativa establecida por Ley Provincial N° 13602 – Incorporación de medicamentos a base de cannabis en el Formulario Terapéutico Provincial. En su artículo N° 4, establece pautas sobre el “Desarrollo y Producción Pública de Medicamentos”.

Cómo bien sabrá usted el impedimento del desarrollo de este programa provincial de investigación y producción radica en las normas que prohíben el uso de cannabis en la República Argentina, según Ley N° 17.818/1968. No obstante, la Ley Nacional sobre cannabis medicinal N° 27350/2017, establece que “la autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines de investigación médica y/o científica, así como para elaborar la sustancia para el tratamiento…”.

Es apreciable que los tiempos que demandaría, al CONICET e INTA, desarrollar el cultivo de cannabis -apto para formulaciones medicinales- dilataría el proceso innecesariamente, ignorando las urgencias de los pacientes. El Gobierno santafesino se abocó a indagar otra posibilidad, al corto plazo, para acceder a la materia prima. Por tal motivo, se iniciaron conversaciones con las autoridades del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) de la República Oriental del Uruguay, con quienes se analizó la posibilidad de generar un vínculo estratégico, IRCCA – Ministerio de Salud de Santa Fe, para la importación de materia prima (flores), con autorización de ANMAT.

En abril de 2017 en este contexto e inmediatamente a posterior de la publicación del decreto reglamentario de la ley provincial sobre cannabis (N° 13602), la provincia de Santa Fe (a través del LIF SE), fue la primera jurisdicción argentina en realizar, en la Dirección de Sustancia Sujetas a Control Especial – ANMAT, una “Solicitud de Importación de la planta de Cannabis sativa, para desarrollo e investigación de productos para uso medicinal”.

Se dio cumplimiento, ante la ANMAT, de la confección y posterior presentación, del correspondiente formulario para la importación de sustancias bajo control. Puntualmente, la solicitud para importar 50 kg de flores secas de cáñamo (cannabis sativa L), desde Uruguay (Cannabis Uruguay Ltda. fue la empresa seleccionada).

El requerimiento lleva más de un año sin que se hayan registrado respuestas algunas a la solicitud por parte de las dependencias nacionales.

Esto significa un retraso inexplicable en la puesta en marcha del plan presentado por el LIF que serviría para mejorar la calidad de vida y aliviar los dolores de personas con epilepsia refractaria u otras enfermedades.

Familiares y pacientes han tenido que recurrir a la Justicia ordinaria ante lo que consideran una violación al derecho de salud establecido por el congreso y que no se instrumenta por razones que no pueden ser comprendidas desde un punto de vista humanitario para con los afectados.

En razón de esto solicitamos: se habilite la provisión de la materia prima mencionada a fin de comenzar urgentemente, con el plan presentado por el área de Salud provincial.

El mismo consta de 2 etapas que han sido aprobadas por las autoridades pertinentes:

Etapa 1 (mediano plazo)

•Planta piloto a escala de investigación y optimización de derivados de cannabis, para obtención mediante técnica de fluido supercrítico de CO2, en dependencias de la FByF-UNR.

•Obtención de un aceite de cannabis (producción teórica de 2000 frascos de 50 ml con una concentración de 50 mg/ml de CBD), para pacientes de la provincia de Santa Fe, incorporados en un estudio clínico. Participantes:

•Planta Piloto de Producción Pública de Medicamentos (PPPM) de la FByF-UNR;

•LIF SE; •Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) de la República Oriental del Uruguay: se propuso incorporar al IRCCA como socio estratégico, para la importación de materia prima (flores), con autorización de ANMAT, para desarrollo de investigación básica e intercambio, por producción. Financiación estimada para esta etapa del proyecto: U$D 260.000.-

Etapa 2 (largo plazo)

•Planta de producción a escala industrial, para elaboración, fraccionamiento y envasado, en dependencias del LIF SE. Obtención de un aceite de cannabis, calidad farmacéutica. Participantes: •Escalado industrial a través de la Facultad de Cs. Bioquímicas de la UNL (transferencia tecnológica);

• Financiación de esta etapa del proyecto: a definir, con el escalado final. CONICET/Santa Fe.

Como usted sabe, las gestiones del Área de Salud de nuestra provincia ante su Ministerio se han ido sucediendo sin resultado positivo a la vista. Insistimos, porque son los familiares y pacientes los que no pueden esperar más. Acudimos a su responsabilidad política y su sentido de la solidaridad para aquellas familias que no quieren bajar los brazos en lo que es una denodada, y muchas veces infructuosa, lucha por ver en sus seres queridos una sonrisa, una respuesta o, simplemente, una expresión de alivio.

Desde ya agradecemos su atención y ponemos a disposición todo el esfuerzo que sea necesario para destrabar cualquier inconveniente que esté a nuestro alcance y que sea ajeno a motivos políticos o ideológicos que ya han sido resueltos en el Congreso Nacional mediante Ley 27.350.

Lo saluda fraternalmente.

Jorge Henn

Diputado Provincial de Santa Fe

Durante una sesión extraordinaria,  el Concejo Deliberante de Embarcación decidió expulsar al edil que tenía en una finca mercadería y productos enviados para los damnificados del norte salteño.

A principios de mes se encontró una importante cantidad de donaciones, enviadas a los inundados, en una finca que pertenecía al concejal de Cambiemos, Mauricio Makar, por tal motivo, el Concejo Deliberante votó la destitución por “inconducta en su función e indignidad moral” del edil del PRO. La sesión  terminó con 6 votos a favor y 3 en contra.

La denuncia fue realizada la semana pasada por el concejal, Sergio Clavería, en la sede policial de Pichanal. Dentro del galpón los efectivos constataron el acopio de colchones, agua mineral, frazadas, plásticos, alimentos no perecederos, entre otras cosas. Todos los elementos habían sido enviados para las personas afectadas por la crecida del río Bermejo.

Makar, argumentó que la mercadería se encontraba resguardada en el lugar, mientras se iba entregando de forma paulatina, a medida que podían ir llegando a las distintas comunidades. Además, consideró que las acusaciones en su contra estaban vinculadas a cuestiones “políticas”.

Por su parte, la coordinadora del centro de referencia de Salta del ministerio de Desarrollo Social de Nación, Daniela Vega, afirmó en declaraciones radiales que “un grupo de concejales y vecinos, entre los que se encuentra Mauricio Makar del PRO, armaron un comité de emergencia debido a la falta de ayuda que recibieron, durante las inundaciones, por parte de la municipalidad de Embarcación. Ellos enviaron el pedido al Ministerio y recibieron la ayuda”.

Diputados nacionales del Partido Justicialista anticiparon que exigirán que el Gobierno informe sobre el envío de donaciones a dirigentes de Cambiemos. El legislador Pablo Kosiner enfatizó que no entiende por qué el ministerio de Desarrollo remitió la ayuda a un concejal y no al Comité de Emergencia, ya conformado.

Fuente: La Gaceta

La decisión del presidente sobre la exclusión de familiares de funcionarios del gobierno sigue generando polémica y mal humor en distintos actores de la política.

En esta oportunidad, Pablo García Nieto diputado provincial de San Juan y Presidente de la bancada Justicialista, aseguró que esta medida es “Una decisión demagógica” cuyo objetivo es levantar la baja imagen del gobierno que estuvo en el centro de la escena tras los cuestionados actos del Ministro Jorge Triaca.

Al respecto el legislador provincial dijo “No sirve que el ministro de Trabajo pida disculpas, Triaca tiene que renunciar y luego pedir disculpas, porque es inadmisible que el titular de la cartera del Trabajo tenga en negro a una persona que trabaja para él y luego pida a los demás que tengan en blanco a sus empleados.El ministro tendría que haber sido un ejemplo, y no ha sido un ejemplo, no a estado a la altura de las circunstancias para ocupar ese cargo”.

Además de la imagen de Macri, el diputado también se refirió al desempeño del senador nacional Roberto Basualdo y al diputado Eduardo Cáceres ambos legisladores oficialistas. Al respecto expresó que estos no defienden los intereses de su provincia : “hay legisladores nacionales que no pelean por la provincia, les da lo mismo que el gobierno nacional prefiera a otras provincias y no a San Juan”, y agregó: “Actualmente en Argentina hay provincias de primera y de segunda, y esto no puede suceder, Macri no tiene que tener preferencia por ninguna provincia, debería mirar a todas por igual y todos los legisladores nacionales sanjuaninos tendrían que pelear por eso”.

Fuente: El Zonda S.J

“Más que un Decreto de Necesidad y Urgencia estamos frente a un Golpe Institucional”, expresa la diputada provincial Claudia Giaccone. “Lo que hace el gobierno de Macri es un atentado a la República, se lleva puesto al Congreso violando la Constitución Nacional.”
“Mientras integrantes del Gobierno Nacional hablan de diálogo, consensos, transparencia, y afianzamiento de los principios institucionales, en los hechos deja claro que considera al Parlamento Argentino como un escollo, y como tal lo que hace es saltarlo y atribuírse sus funciones”, continúa la legisladora. “No hay ni Necesidad ni Urgencia que justifiquen este atropello que deroga 19 leyes y modifica otras 140, consta de 22 capítulos con 192 artículos de indiscutible naturaleza legislativa, algo expresamente prohibido al Poder Ejecutivo por la Constitución”.
“Mediante este DNU se crea un orden jurídico totalmente nuevo, que altera el sentido de muchas leyes y afecta directamente a los argentinos y al patrimonio de todos: vale como ejemplo que facilita el embargo de las cuentas sueldos, permite arriesgar la plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES en la especulación financiera, libera la importación de centenares de productos dejando indefensa a la industria nacional, pone en remate empresas y bienes del Estado, o sea de todos nosotros; reduce multas a empresas que no cumplan con leyes laborales, por decir algunos puntos de la reforma”, continúa la diputada santafesina.
Giaccone finaliza diciendo que el decreto “afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos, pero además impide el debate y pretende esconder los oscuros conflictos de intereses que muchos de sus artículos contienen”.

El diputado Maximiliano Abad aseguró que “se terminó la protección política para estos sindicalistas” y que “este es el cambio profundo del que hablamos constantemente”, luego de las detenciones de dirigentes de la UOCRA Bahía Blanca. También ponderó el accionar de la Justicia que “actúa libremente y con decisión, sin recibir ninguna presión de sector político”.
“Estas detenciones no son casuales, estos gremialistas no son lobos solitarios, son parte de un iceberg, de un sistema perverso que sobrevivió con empresarios amenazados, políticos que preferían convivir con esa mafia y jueces inmutables ante casos que de tan conocidos se convertían en mitos urbanos”, afirmó el titular del bloque de diputados provinciales de Cambiemos
“La diferencia, el antes y el después, es la actitud política de la gobernación. Hasta 2015, de convivencia con estos personajes, desde la asunción de Vidal de denuncia y decisión imperturbable de ir por la verdad”, sostuvo Abad y agregó: “No hay andamiajes corruptos sin sistemas institucionales débiles. La clave está ahí, contra el narcotráfico, contra la extorsión, contra la corrupción, necesitamos compromiso político, integridad judicial y transparencia institucional”.
En el mismo sentido, opinó que “quienes más necesitan que la Justicia avance, son los buenos sindicalistas, que son la mayoría y que están metidos en la misma bolsa de estos personajes que han sido además de delincuentes, cínicos: se han enriquecido a costa del esfuerzo de miles de trabajadores bonaerenses”.
“Creo en el buen gremialismo, en la representación genuina y honesta de los trabajadores” enfatizó Maxi Abad y añadió que “estos hombres, además de amenazar a quienes invierten en nuestra provincia, estafaron a sus representados y engordando sus bolsillos, desacreditaron al sindicalismo”.
Por último, el legislador marplatense destacó que “lo importante es que estas pandillas sindicales dejen de condicionar, amenazar y así coartar proyectos de inversión. Con sus negociados destruían empleos, hoy con sus detenciones, se favorece a los obreros que buscan trabajo genuino”.

La Diputada de la CC ARI en Cambiemos Maricel Etchecoin destacó la importancia de la licitación pública y las medidas que tomó el gobierno Provincial así como también los debates que se vienen: limitación horaria, sistema de verificacion en tiempo real de la recaudación que no estén en manos de los operadores del sistema y la lucha contra la ludopatía, un mal que afecta a muchos bonaerenses.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció medidas para restringir la oferta del juego y enfrentar la ludopatía, que abarcarán desde un endurecimiento de los operativos en contra de las mafias de las apuestas clandestinas, la licitación por primera vez de las máquinas tragamonedas habilitadas en el territorio bonaerense, el cierre de tres casinos y un bingo.

“Con estas medidas, la gobernadora está cumpliendo una de las promesas de campaña: redefinir el lugar y objetivo de la industria del juego en la Provincia que en las últimas décadas parecía enfocado en convertir en adictos al juego a quienes menos tienen” afirmó Etchecoin al destacar el cierre del Bingo de Temperley y recordar que una de las primeras medidas de la gobernadora al asumir fue paralizar el traspaso del mismo a Puente La Noria.

“Vidal es la primera gobernadora en 20 años que llama a una licitación pública para administrar tragamonedas y está cumpliendo con una de las promesas de campaña: disminuir la oferta de juego que afecta principalmente a los más vulnerables de la Provincia” destacó la diputada. “Vamos a seguir trabajando legislativamente en la reformulación de la industria del juego sobre 3 cuestiones prioritarias: limitación del horario, mecanismos de control del juego que nos permita observar la recaudación en tiempo real en poder del Estado y el continuo fortalecimiento de un programa integral de lucha contra la ludopatía que a tantos bonaerenses afecta hoy”.

La Diputada de la Coalición Cívica ARI en Cambiemos considera “que es el momento para avanzar en debatir desde la Legislatura Bonaerense modificaciones claras a la ley 13.063 de regulación de las Máquinas de apuestas y a ley 11.018 de la Autorización de Salas de Bingo y Loterías en beneficio de los bonaerenses. La industria del Juego fue diseñada en los últimos gobiernos para saquear los bolsillos de los trabajadores. Con estas medidas se inicia el debate sobre el rol de esta industria en la Provincia” finalizó Etchecoin.

El Bloque de diputados Provinciales de Cambiemos-FCR se pronunció con respecto al femicidio de Deolinda Torres, señalando que: “Este caso desnuda todas las falencias del sistema, donde no hay un enfoque integral sobre la problemática de violencia de género”. Asimismo, los integrantes de la bancada consideraron necesario actualizar los protocolos de acción y anticiparon que reingresarán el proyecto para la creación de la Comisión Interinstitucional Permanente sobre Género, para unificar criterios y avanzar hacia una verdadera política de género.

“No hay una política específica, las víctimas se enfrentan la burocracia en casos urgentes como estos, la consecuencia directa de eso es un sistema lento, que hace que el Estado llegue tarde y que hoy, cuatro niños hayan quedado sin su madre”, expresó el legislador por Cambiemos Gustavo Galván.

Asimismo consideró necesario aceitar los mecanismos de comunicación y coordinación, pero también es fundamental que la provincia se ponga a tono con los protocolos con perspectiva de género que se aplican a nivel nacional; además de brindar capacitaciones permanentes a los agentes que intervienen en estos casos, fundamentalmente en la intervención y el acompañamiento a la víctima, tanto de la fuerza policial y como de la Justicia.

Además habló de la urgencia de contar con un fiscal en la Unidad de Género, que tenga injerencia sobre la fuerza policial, para que se acompañe de manera permanente a la víctima. “Ella fue a denunciar una desobediencia y es repudiable que le hayan dicho que vuelva en febrero, tendría que haberse ido con respuestas concretas, porque los delitos no se toman vacaciones hasta febrero”, expresó.

Por último, se refirió al proyecto de ley para la creación de la Comisión Interinstitucional Permanente de Género, que ingresó el bloque en el 2016 y anticipó que se lo reingresará ya que “es necesario que todas las áreas se reúnan para determinar las acciones a seguir, necesitamos que los agentes sepan que hacer ante la violencia de género, para determinar una verdadera política de género, donde la víctima reciba respuestas rápidas y sea acompañada de manera permanente”.

El Diputado por el GEN Sergio Abrevaya indicó que Dietrich insiste en “patentar a las personas” referido a la nueva normal de identificación para motoqueros.

“Hoy, el ministro Guillermo Dietrich impulsó el Decreto 32/2018 por el cual obliga a los motociclistas a usar un casco con autoadhesivos que muestren la patente o dominio del motovehículo poniendo en riesgo la seguridad del conductor (y acompañante si lo tuviera) porque ya no van a conformarse con la moto, van a ir también por el casco y el chaleco”, sostuvo el Diputado por CABA Sergio Abrevaya.

“Los ‘motochorros’ pueden circular con el casco con la patente adosada y el policía no va a dejar de perseguirlo por tener (o no) un número en su casco. Esto hará que la posibilidad de violencia se incremente. Por otro lado, cabe destacar que esta medida fue descartada en países como Colombia, Honduras, Perú o Guatemala”.

Además, Abrevaya explicó: “Este decreto obliga a los motoqueros o usuarios de motos a infligir la norma IRAM AITA 3621, que es la que toma el INTI para homologar los cascos. De esta manera, el mismo Estado los está exponiendo a inutilizar sus cascos en pos de una falsa seguridad ya que sus superficies se dañan al ser pintadas o al adherírsele autoadhesivos”, explicó Abrevaya.

El Decreto 32/2018 en su artículo 40 inciso j.1.4. expresa: “El casco deberá contar con la identificación de dominio del motovehículo, adherida en letras y números reflectantes, sin que coincida con el color de fondo del casco. La dimensión mínima de cada letra y número será de TRES CENTÍMETROS (3 cm) de alto, DOS CENTÍMETROS (2 cm) de ancho y el ancho interno de cada letra y número de CERO COMA CINCO CENTÍMETROS (0,5 cm). La identificación dominial será adherida en los laterales derecho e izquierdo del casco reglamentario, debiendo dicha identificación ser indeleble e inviolable, de conformidad con las características técnicas establecidas”.

El revalúo de los impuestos inmobiliarios urbano y rural había sido aprobado en noviembre del año pasado, en el marco de la ley impositiva, pero ahora legisladores del Frente Renovador elevaron a la gobernadora bonaerense un pedido para que se revea esta decisión, teniendo en cuenta el incremento paralelo de otros servicios e impuestos.

En esta línea, la diputada del Frente Renovador, Valeria Arata, afirmó: “Ya en noviembre planteábamos que no era momento de sacudir el bolsillo de los bonaerenses con semejante revalúo inmobiliario, y hoy, con el conocimiento de cómo impactarán en la inflación de enero y febrero los aumentos de luz, gas, combustibles, transporte y otros servicios, nos parece irracional que se implementen los aumentos previstos para los impuestos inmobiliarios”.

Cabe recordar que el Frente Renovador había votado en contra de los artículos que modificaban la base de cálculo incrementando las valuaciones fiscales del impuesto inmobiliario, durante el tratamiento de la Ley Fiscal Impositiva 2018.

Además, la legisladora de Junín, aseguró que “es notoria la imposibilidad del Gobierno de cumplir su meta inflacionaria, que obviamente disparará el aumento de los productos que componen la canasta básica familiar. Creo que la política de ajuste se está yendo de las manos, y los más perjudicados son los sectores de la clase media trabajadora que ven cómo sus salarios se diluyen detrás de cada medida que adopta el oficialismo”.

“Como bloque hemos resuelto pedirle a la Gobernadora que vuelva sobre sus pasos y no aplique este revalúo hasta que los bonaerenses no perciban una mejora en la actividad económica. Todos somos conscientes de las dificultades financieras que afronta la Provincia, pero también es cierto que este año contará con mucho dinero de toma de deuda y muchos millones del fondo del conurbano que recibirá a partir del lamentable pacto fiscal”, cerró