Legislaturas Provinciales

Este jueves, en la sesión ordinaria de la Legislatura de la Ciudad, se aprobó un proyecto de ley para modernizar y potenciar el crecimiento del Servicio Público de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de la implementación de la norma, todos los taxis deberán contar de forma obligatoria con al menos una aplicación para celular para que los pasajeros puedan solicitar el viaje por ese medio y además poder abonarlo con tarjeta de crédito o débito.

Al respecto, la legisladora Cristina García De Aurteneche, Presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte y autora de la iniciativa dijo que “tenemos la responsabilidad de garantizar un transporte público de calidad y seguro y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto que a través de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías se propone mejorar el servicio de taxis para todos los vecinos y vecinas de la Ciudad.”

Además, el pasajero podrá calificar el viaje y tener conocimiento de quien lo está trasladando otorgándole seguridad y calidad al servicio ya que formar parte del sistema implica que ese vehículo y chofer están cumpliendo con las condiciones de seguridad exigidas para ser un transporte público de pasajeros. Al respecto, la diputada García agregó “con esta modernización del sector generamos beneficios tanto para el usuario como para el trabajador, esta es una herramienta confiable y segura para ambos.”

Con esta innovación del servicio de taxis el Gobierno de la Ciudad podrá mejorar la fiscalización de este servicio público para comprender en detalle la dinámica de esta forma de movilidad y así poder implementar políticas públicas y acciones que incrementen la seguridad de los vecinos y la fluidez vehicular siempre en pos de seguir mejorando el transporte público de la Ciudad.

La Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó el desafuero del legislador por Rosario de la Frontera Kuldeep Singh y fue detenido por orden de la jueza de Garantía Nº 1, Ada Zunino. El diputado quedó filmado mientras asaltaba una fábrica junto con otros cuatro hombres, con quienes robaron entre 3 y 4 millones de pesos.

Tras la votación, Singh, acompañado de su abogado Javier Massafra, se trasladó hasta al Ciudad Judicial y se presentó en forma espontánea en el despacho de la jueza Zunino para evitar el escándalo de que se muestre al diputado con chaleco y seguridad de escolta.

Para remplazar al legislador imputado por robo calificado y privación ilegítima de la libertad, Emilia Figueroa asumirá. En las últimas elecciones, la dirigente justicialista acompañó a Singh como candidata en segundo término en la lista del Frente Salteño.

El diputado se encuentra detenido en la Alcaldía cita en la Ciudad Judicial. Al tiempo, recae un pedido de Jury de enjuiciamiento a la Jueza Ada Zunino, fuertemente cuestionada, tras dilatar el pedido de desafuero.

En la Legislatura porteña, los diputados de la oposición Sergio Abrevaya (GEN), María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia (Bloque Peronista) firmaron un despacho alternativo a la prórroga de la concesión de la Red de Subterráneos a Metrovías. El mismo propone que la empresa AUSA, sociedad anónima propiedad del Estado y de SBASE, se haga cargo a la brevedad de la concesión, ya que puede gestionar como una empresa privada (aunque el verdadero propietario sea el Estado).

Los fundamentos de esta contrapropuesta se basan en las demoras continuas, extensiones de contratos (prórrogas de 2013, 2015 y 2017) que favorecen a Metrovías y la negligencia en el llamado a licitación del Poder Ejecutivo (que puede beneficiar, incluso, a empresas internacionales), con la idea de que no existe alternativa para administrar la operación de la Red de Subterráneos.

Además, los legisladores sostienen que, ante la confesión de hechos ilícitos del titular de Metrovías S.A., la Ciudad debe reasumir la Operación del Servicio de Subterráneos porque el llamado de licitación en curso se ve amenazado por impugnaciones y observaciones por parte de los grupos oferentes.

En el mismo sentido, aseguran que SBASE -Sociedad del Estado, titular y propietaria de la Red de Subterráneos y el Premetro- contiene recursos humanos de capacidad técnica y de planificación de los servicios de transporte, y que Autopistas Urbanas S.A. opera las vías de accesos e interconexión, realiza obras por pedido del Poder Ejecutivo y exhibe cumplimiento de tiempos, plazos y características de las obras. Por ello, la unión de estas empresas, la experiencia técnica de la administración de la red de subterráneos y la eficiente gestión de obras públicas, permitirían retomar el control estatal del servicio de subtes, exhibir una mejor administración y operación del servicio, ponderar y estimular el interés público y las necesidades de los usuarios.

Al respecto, el Diputado Abrevaya expresó: “La Ciudad ha dotado de infraestructura en obras y coches al subte, por eso no tiene sentido continuar subsidiando las ganancias de una empresa que gestiona mal hace más de 20 años”.

Por su parte, Muiños sostuvo que “AUSA es una empresa propiedad del Estado que ha demostrado tener la capacidad suficiente para operar sobre el tránsito y el mantenimiento de las autopistas de manera totalmente eficiente” e insistió con que “Esto pone en crisis la idea generalizada de que aquello administrado por el sector público siempre funciona mal y que entonces debe quedar en manos del sector privado”. “En los últimos años AUSA ha ampliado sus funciones sin disminuir su eficacia y creemos que está en condiciones de asumir la gestión del Subte, por lo cual no sería necesario prorrogar la licitación a Metrovías”, concluyó la legisladora peronista.

El jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, se refirió a los incidentes del fin de semana en el marco de la final de la Copa Libertadores y garantizó que “nosotros vamos a ir a fondo contra los barrabravas cueste lo que cueste”.

Con la doble suspensión del partido Boca-River por los episodios de violencia el último fin de semana, el funcionario porteño dijo por Radio de la Ciudad que “de nuestra parte está todo el compromiso y vamos a ir a fondo hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, y vamos a volver a tener visitantes. Nosotros tenemos absoluta convicción y decisión de ir a fondo. Tenemos algunos programas, como el de las Tribunas Seguras. Vamos a poner en la cancha todos los elementos necesarios para ponerle fin a las mafias de la barrabrava”.

A lo que reiteró: “Sin dudas detrás están las mafias de las barras que vienen empañando hace rato el fútbol argentino. Hace 30 años que estamos afrontando el tema de las mafias de la barrabrava. Nosotros vamos a ir a fondo contra las mafias de las barras para terminar de una vez por todas con estas situaciones, para que la gente, las familias, puedan disfrutar de estos eventos”.

“Hay que investigar para ir descifrando cómo operan estas mafias. Por eso es importante que contemos con el apoyo y el compromiso de la Justicia”, expresó.

El proyecto de Ley presentado por el diputado provincial Marcelo Daletto (Cambiemos) que busca modificar la Ley 13.074 para que los aspirantes a cargos electivos, funcionarios del Poder Ejecutivo, y/o funcionarios judiciales, no puedan postularse si se encontraran incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDA), obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados provincial y deberá ser convertido en Ley en el Senado.

“Este proyecto busca que no puedan ser funcionarios, candidatos, ni jueces aquellos postulantes que sean deudores alimentarios”, dijo Daletto y explicó que “Por un lado, buscamos reforzar las medidas de protección hacia los menores cuyos padres evadan sus responsabilidades; y por el otro, que aquellos que pretendan ser candidatos, funcionarios o jueces deben dar el ejemplo y de ninguna manera puede tener un deudor alimentario la posibilidad de acceder a estos cargos”, dijo el Legislador.

En tanto, Daletto sostuvo que “A quienes ingresen al Estado como empleados, no se les solicitará el certificado con anterioridad, sino una vez que el agente esté incorporado y una vez que esto ocurra, de comprobarse que la persona se encuentra en el RDA, se informará al juzgado interviniente en el proceso alimentario para saldar la deuda a través de ese nuevo sueldo”, manifestó Daletto.

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley que extiende dos horas el horario de venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires, para favorecer el comercio durante la temporada de verano.

El objetivo es favorecer la industria turística especialmente en las ciudades balnearias, ya que el anochecer es más tardío y los visitantes regresen de la playa después de las 21 horas. La iniciativa es impulsada por los diputados Guillermo Castello (Cambiemos) y Alejandra Martínez (Frente Amplio Justicialista) y ahora deberá ser aprobado por el Senado para que entre en vigencia antes del inicio de la temporada de verano.

Actualmente, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires la ley 11.825 prohíbe la venta, expendio o suministro a cualquier título, y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del establecimiento donde se realice la venta a partir de las 21 y hasta las 10 del día siguiente.

La reforma no afectará el control de alcoholemia que realizan en los operativos viales.

En medio de fuertes protestas, el oficialismo en soledad aprobó en la Legislatura porteña la creación de la UniCABA, propuesta resistida por los gremios docentes.

La propuesta del Ministerio de Educación fue aprobada con 34 votos positivos de la bancada de Vamos Juntos y 26 en contra del arco opositor, y fue discutida por más de cinco horas en el recinto, donde también estuvieron presentes los rectores de distintos profesorados. Afuera del edificio, gremios docentes, centros de estudiantes y agrupaciones de izquierda mantenían una importante concentración en contra de la iniciativa.

La UniCABA refiere a la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el oficialismo porteño se plantea este proyecto como parte de la necesidad de mejorar las políticas públicas con énfasis en la formación docente inicial, asegurando “la libertad académica, la igualdad de oportunidades y la gratuidad de la enseñanza”.

Con una presentación que realizó ante el Inadi, la diputada Myriam Bregman denunció que “hay testimonios humillantes de trabajadoras de casas particulares del barrio Nordelta que están siendo víctimas de actos de discriminación”. “La situación es gravísima”, dijo, y destacó que en el complejo donde viven empresarios, funcionarios y famosos, “el maltrato y la humillación son cotidianas”.
“Hay miles de trabajadoras a las que se niega el acceso al único transporte que entra a este predio de 23 barrios privados porque ‘gritan y hablan mucho’ o porque ‘huelen mal'”, manifestó, y destacó que “es inadmisible que en pleno siglo XXI, y luego de las masivas movilizaciones que hemos protagonizado por nuestros derechos, a las trabajadoras se las trate como en Estados Unidos en la década del 50. Hay un apartheid en Nordelta, y queremos saber por qué el Estado no ha tomado todavía cartas en el asunto”.
Al respecto, la referente de la izquierda agregó que “la empresa de transporte Trip Co S.A. – MaryGo y la administración de este barrio cerrado les niegan a las mujeres el acceso a los mismos micros en los que viajan los propietarios”. “Esta prohibición, totalmente discriminatoria, afecta además la circulación y el acceso de las empleadas a sus lugares de trabajo, y viola todas las leyes, tratados y decretos que protegen los derechos de las trabajadoras. Por eso pedimos al Inadi que intervenga de inmediato”.
Finalmente, Bregman contó que “junto a mis compañeros Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra también propusimos que el Congreso Nacional rechace este trato humillante y solicite ya mismo a la cartera laboral, que ahora depende de la ministra Carolina Stanley, un informe detallado sobre la situación de las trabajadoras domésticas en el complejo. No puede ser que estas denuncias salgan a la luz, que todos los medios las reflejen, y que las autoridades del Estado sigan sin tomar medida alguna”, declaró.

Lo plantearon conjuntamente en sendos proyectos los legisladores provinciales de Cambiemos, Guillermo Castello y Lucas Fiorini, quienes expusieron sus argumentos ante empresarios y comerciantes nucleados en la sede de la UCIP local.

La iniciativa de los legisladores marplatenses apunta a extender, durante la temporada de verano, el horario habilitado para la venta y comercialización de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires. “Creemos que es posible alcanzar los consensos necesarios para que la modificación legal salga antes del inicio de la temporada”, afirmó el diputado Castello.

Al finalizar la reunión, en la cual participaron además el Senador Lucas Fiorini y los Diputados provinciales Maximiliano Abad y Alejandra Martinez, Castello afirmó: “Mantuvimos una reunión muy productiva con referentes del sector comercial, gastronómico y turístico, donde coincidimos junto con los colegas legisladores, en la necesidad de avanzar en la modificación de la ley 11.825 y ampliar de 8 a 23 horas el horario de expendio de bebidas alcoholícas, dadas las muchas complicaciones que esta norma trae aparejadas, tanto para los comerciantes como para los consumidores”.

En ese sentido, el diputado de Cambiemos agregó: “en verano es cuando más dificultades genera esta prohibición, ya que los días se alargan, las jornadas de playa o las actividades recreativas se extienden y los vecinos y turistas que quieren aprovechar al máximo sus jornadas de descanso no llegan a realizar las compras antes del horario de restricción, generando incomodidad a la gente y perjudicando a los comerciantes”.

Las propuestas elevadas por los legisladores coinciden en ampliar la franja horaria de 23 a 8 horas. Si bien ambos proyectos son similares, se diferencian en el plazo de duración y en el ámbito de aplicación de la norma. Mientras que el Senador Fiorini propone que sea de Diciembre hasta marzo y sólo en las ciudades balnearias, Castello estipula que la nueva franja horaria se extienda hasta la culminación de la Semana Santa y que rija para toda la provincia de Buenos Aires. si Ambos legisladores acordaron unificar las iniciativas para lograr que el proyecto sea aprobado “lo antes posible”.

Quedó aprobado la iniciativa del Presidente del Bloque de Cambiemos, Eduardo Conde, para derogar el Decreto 1007/18 que impulsó el Poder Ejecutivo para convocar a elecciones provinciales para el día 19 de mayo de 2019. Además, quedó sin efecto el Decreto 1009/18, convocando para el día 17 de marzo de 2019 a las PASO.

El Decreto 1007/18 estipulaba comicios en todo el territorio de la Provincia del Chubut para la elección de Gobernador y Vicegobernador; 27 Diputados Provinciales titulares y 27 suplentes; miembro titular y suplente representante popular ante el Consejo de la Magistratura por las Circunscripciones Judiciales de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento; Presidentes de Comunas Rurales y sus Vicepresidentes. Allí se disponía adoptar el Padrón Electoral Nacional de electores vigente al momento del acto eleccionario, como Padrón Electoral Provincial y ajustando la elección de las autoridades al Código Electoral Nacional. Finalmente, se invitaba a los Municipios a adherir a la convocatoria.

En tanto que el Decreto 1009/18 convocaba para el día 17 de marzo de 2019 a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en todo el territorio provincial y a los fines de la elección de las autoridades antes aludidas. Con igual temperamento invitaba a los Municipios y Comisiones de Fomento a adherir a la iniciativa.

En los fundamentos, Conde señala que “lo dispuesto en el art. 256 de la Carta Magna Provincial, señala que la Legislatura dicta una ley electoral uniforme para toda la Provincia, sobre las siguientes bases: 1. El sufragio es universal, igual, personal, secreto y obligatorio. 2. Todo proceso electoral puede ser fiscalizado por los partidos políticos reconocidos. 3. Las elecciones se realizan con el padrón electoral de la Nación, vigente al tiempo en que se efectúan. Cuando el padrón nacional no se ajuste a los principios fundamentales de esta Constitución la Legislatura manda confeccionar el Registro Cívico de la Provincia, con intervención de los partidos políticos reconocidos. 4. Las elecciones pueden ser simultáneas con las nacionales y bajo las mismas autoridades. Duran ocho horas como mínimo, terminan en el día y no pueden ser suspendidas. 5. Ningún elector puede inscribirse fuera del circuito de su residencia ni votar fuera del mismo, salvo los casos previstos en la ley. 6. El escrutinio es público, debiendo efectuarse el de carácter provisorio en el mismo lugar del comicio, inmediatamente de clausurado. 7. Inclusión de un régimen de suplencias. La sanción y modificación de leyes de naturaleza electoral re quieren del voto de las tres cuartas partes del total de los miembros de la Legislatura”.

Remarca el legislador que “la materia electoral es de competencia exclusiva y excluyente de órgano parlamentario, constituyendo el accionar del Poder Ejecutivo un manifiesto abuso de poder, al invadir la esfera de competencia del Poder Legislativo. Así lo establece categóricamente el art. 156 de la Constitución: `El Poder Ejecutivo no puede bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…`”.

El abogado argumenta que “los efectos de la transgresión impactan en la validez de las normas del Poder Administrador y consecuentemente la Legislatura se halla habilitada a ejercer el control de constitucionalidad del acto lesivo. Los decretos del Poder Ejecutivo, cuya naturaleza alude claramente a normas secundarias, de segundo grado, de carácter administrativo, se hallan subordinadas a las leyes emanadas del Poder Legislativo”.

En consecuencia, “cuando esa subordinación vulnera la estructura jerárquica, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades prohibidas constitucionalmente, el vicio es insalvable y deviene elocuente la invalidez e ineficacia del acto ahora objeto de impugnación. Los decretos son reglamentos de ejecución, de carácter accesorio, y esta Legislatura tiene plena competencia para derogarlos por alterar el orden constitucional”.

“En ningún caso podría este Cuerpo Parlamentario consentir y/o facultar al Poder Ejecutivo a que emita las normas que se cuestionan, ello por expresa prohibición del art. 12 de la Carta Magna Provincial, en cuanto dispone: “Los Poderes públicos no pueden delegar las facultades que les son conferidas por esta Constitución ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las acordadas por ella, salvo en los casos explícitamente previstos en su texto y es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obra en consecuencia. Tampoco pueden renunciar a las que expresamente no han sido delegadas al Gobierno Federal en la Constitución Nacional”.

Finalmente, la Legislatura, por añadidura, “tiene la obligación de no consentir el acto de avasallamiento del Poder Ejecutivo, ello en defensa del orden instituido y los imperativos superiores invocados”.

La Legislatura porteña aprobó modificaciones al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad y al Régimen de Faltas que aumentan las multas y sanciones para los choferes que transporten pasajeros sin contar con la habilitación correspondiente.

La aprobación en general se consiguió con 37 votos del bloque oficialista, del GEN y del bloque peronista, mientras que el kirchnerismo y el socialismo se abstuvieron y la izquierda votó en contra.

La ciudad de Buenos Aires mantiene una larga pelea con la aplicación de transporte a la que acusa de “competencia desleal”. De hecho, a través de una medida cautelar el Ejecutivo liderado por Horacio Rodríguez Larreta logró que se bloquearan las tarjetas de crédito utilizadas para pagar el servicio.

Choferes de autos particulares que trabajan con Uber aseguraron que seguirán trabajando con la aplicación, pese a la aprobación de la ley que agrava las penas a quienes transporten pasajeros de manera ilegal en la Ciudad de Buenos Aires.

El diputado provincial Marcelo Daletto (Cambiemos) dijo que “Una vez publicado el cronograma electoral por el Ministerio del Interior no tenemos que tratar de cambiarlo porque nos conviene. No podemos cambiar las reglas a mitad de camino. Como pedimos reglas de juego claras para la economía, también tiene que haber reglas de juego claras para la política.”
De cara a las elecciones de 2019, el Legislador dijo que “Las PASO son un logro de la democracia argentina porque permiten que sea la sociedad la que elija a sus candidatos y no como ocurría antes, que lo hacía muy poca gente”
“Las PASO, como muchas otras tantas instituciones de la democracia se pueden mejorar -por ejemplo, hacerlas optativas para el votante- y en eso debemos seguir trabajando, pero de ninguna manera eliminarlas”, finalizó el Legislador.

El proyecto de Ley presentado por el diputado provincial Marcelo Daletto (Cambiemos) con el objetivo de modificar la Ley 13.074 para que los aspirantes a cargos electivos, funcionarios jerárquicos del Poder Ejecutivo, y/o funcionarios judiciales, no puedan postularse si se encontraran incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), obtuvo dictamen favorable en las Comisiones de Niñez, Adolescencia, Familia y Mujer; y en la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados provincial.

En ese sentido, Daletto había manifestado que “Se exigirá el certificado de libre deuda tanto al personal de planta permanente, transitorio de los organismos centralizados, descentralizados, desconcentrados, autárquicos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como así también de las empresas y sociedades del Estado provincial”.

“En el caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el agente podrá ser designado y se informará su situación al juzgado donde tramita el proceso por alimentos”, añadió y dijo que “Con esta iniciativa buscamos contar con herramientas razonables que se puedan utilizar para que el deudor alimentario se vea presionado y no evada el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias”.

El Bloque Cambiemos presentó una iniciativa para evitar el desdoblamiento de las elecciones provinciales con las nacionales, medida que anunció en los últimos días el gobernador Arcioni. En sus fundamentos se argumenta la crisis financiera que vive la provincia, situación que ameritó la creación de la Ley de Emergencia Económica. La decisión le implicará al Estado un costo aproximado de $70 millones. “Claramente acá no hay un interés colectivo sino que prima el interés del Gobierno”, señaló Conde

“Es un verdadero despropósito desde lo político e institucional que el Poder Ejecutivo Provincial pretenda fijar las fechas de las elecciones desdoblándolas de las nacionales”, comenzó expresando el presidente del Bloque, Eduardo Conde.

En este sentido especificó que desde el punto de vista jurídico-constitucional, “no existe ninguna atribución del Poder Ejecutivo para que pueda emitir un decreto fijando las elecciones. El régimen electoral en nuestra Constitución establece la potestad exclusiva y excluyente de la Legislatura para estos fines. La inexistencia de un Código Electoral le permite encubiertamente al Ejecutivo arrogarse esta potestad para fijar la fecha pero esto sería lo propio si hubiera una norma de fondo, y consecuentemente el único rol que cumpliría el Ejecutivo por vía de decreto sería formalizar desde el punto de vista administrativo las elecciones conforme al régimen sustancial. Pero no existe esa posibilidad”, explica.

Ante ello, “invoca la norma nacional del Código Electoral, y sobre esta base pretende fijar las fechas de las elecciones, contradiciendo la manda del ordenamiento nacional que dice que esa fecha es octubre”.

Costo excesivo en épocas de crisis

Por otra parte, remarcó el abogado el alto costo financiero que le generará la decisión de Arcioni al Estado, que ascendería a los $70 millones. “El costo de la elección tendrá que ser solventado por la provincia y no se compadece con la situación financiera que atravesamos”, expresó.

En el proyecto de ley fundamenta que “es de público y notorio conocimiento la gravedad de la crisis económica y financiera que atraviesa la Provincia del Chubut, afectando severamente el funcionamiento de todos los Poderes y organismos del Estado, entre cuyas consecuencias más visibles y emblemáticas se encuentran la imposibilidad de pagar en tiempo y forma los haberes de los trabajadores públicos y los créditos de los proveedores. La situación antedicha extiende sus efectos negativos sobre toda la población de la provincia”.

En el contexto indicado, la Legislatura sancionó la Ley VII N° 81 que declara la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial, tendiente a dotar al Poder Ejecutivo de herramientas eficaces para reducir el gasto público, especialmente en cuestiones improductivas o que no impliquen la satisfacción de necesidades prioritarias.

“La profundidad de la crisis impone el deber de todos los Poderes del Estado de contribuir en la adopción de todas las medidas necesarias para contribuir en la eliminación de gastos superfluos o innecesarios. En orden a los antecedentes en la materia que trata el presente proyecto, cabe mencionar que las elecciones de autoridades provinciales realizadas en los años 2007 y 2011 fueron convocadas por el Poder Ejecutivo para fechas distintas de las elecciones nacionales, mediante Decretos N° 457/07 y N° 630/11”, manifiesta.

Argumenta que “la atención se centraliza en el costo que implica para la Provincia del Chubut desarrollar un proceso eleccionario en fecha distinta de la establecida por el Estado Nacional el cual, según estimaciones objetivas, ascendería en la actualidad a $70 millones aproximadamente. En el escenario económico sintetizado, de extrema gravedad y compleja solución, tal gasto no puede ser justificado de manera alguna, por lo que resulta necesario establecer las medidas legislativas necesarias a fin de evitar el dispendio innecesario para las arcas públicas”.

El presidente del Bloque de Cambiemos y querellante en la causa “Revelación”, Eduardo Conde, cuestionó fuertemente la decisión del juez Sergio Piñeda de otorgarles el beneficio de la probation a los empresarios acusados de cohecho.

“A mí me parece un escándalo lo que está pasando desde todo punto de vista. Lo que se hace es una interpretación muy amplia y generosa del instituto de la suspensión del juicio a prueba ya que si nos ajustamos al tenor literal del Artículo 76 bis del Código Penal, observaremos que no hay posibilidades que se acuda a este instituto ni para los funcionarios públicos ni para el privado que participa en el delito pero como siempre en el derecho penal esta concepción garantista en extremo abre la puerta para una interpretación de la doctrina mucho más amplia, y es allí donde se posiciona quienes han resultado beneficiados”, declaró el diputado provincial en declaraciones radiales.

A su vez, recalcó que hay otro inconveniente vinculado con lo político-institucional y el plano moral. “Estoy hablando del agravio provocado por estos acontecimientos a la ciudadanía de Chubut. Es uno de los juicios más trascendentes de la vida institucional de nuestra provincia porque estamos tratando de desentrañar una matriz corrupta que ha causado un perjuicio irreparable a la provincia”, recalcó.

En este sentido añadió que “no hay ninguna posibilidad económica que el daño se repare con estos mecanismos que se han implementado. Es casi una justificación absurda pretender que con estas monedas se procure resolver la situación en extremo gravosa que le causado a la provincia la corrupción. No solamente por el daño moral sino también patrimonial”.

Conde describió que esta forma de concebir la política “ha impactado enormemente en la manera de desarrollo de nuestra provincia porque el funcionario público ha estado abocado al negocio más que a las atenciones genuinas de las responsabilidades primeras que tiene a su cargo. Sobradas razones hay para que esta solución sea absolutamente aberrante”.

Finalmente expresó: “Yo no entiendo como, por ejemplo en pleno gobierno kirchnerista, la Procuración General de la Nación, que están a cargo de los jueces federales, han bajado línea para que ningún fiscal federal en cualquier juicio contra la corrupción pueda acudir a este instituto, no solo respecto a los funcionarios públicos sino también en relación a los particulares. No hay ninguna posibilidad en el fuero federal que los imputados puedan acudir a la probation, y resulta que en la provincia del Chubut el Ministerio Público Fiscal no ha sido capaz de crear una normativa expresa en esta dirección para que nuestros fiscales en estos procesos trascendentes no acudan a esta herramienta”.

Por

Diputado Provincial Mario Díaz

La desorientada realidad de cada día… Como si se tratara de algo importante, el Presidente de la Nación nos decía después de firmar un acuerdo más con el FMI , que dado que se venían tiempos difíciles y que teníamos que prepararnos, anunciaba una serie de valiosas medidas con el fin de ayudar y acompañar a la población en tan difícil coyuntura.

Consideramos que cuando el Presidente manda a sus Ministros y Secretarios a resolver asuntos de Estado, y cuando éstos tienen que ver directamente con la calidad de vida de sus gobernados, todo se resuelve de forma casi inmediata.

Entre tantos ejemplos de ineficiencia, ésta es sólo una muestra, de un caja llena de promesas incumplidas. Por su puesto, se dio respuesta a la orden presidencial, hasta existe un sitio web para la medida anunciada, pero paso a demostrar cómo este Gobierno dice una cosa y enmascara otras.

“Precios Cuidados¨ este Programa ni siquiera tiene originalidad, es una mala copia del Programa del gobierno anterior. Su nombre lo dice todo, y suena como un alivio a los oídos de los maltrechos bolsillos del pueblo; concretamente implica acuerdos con las marcas líderes y las cadenas de hipermercados y supermercados de todo el país para mantener precios beneficiosos para los consumidores, y que los productos alimenticios no sufran el golpe inflacionario.

Dicho esto, tomé el listado de más de 500 productos, separé los que impactan directamente en la canasta básica familia, de esta manera me enfoqué en los lácteos, productos no perecederos, productos de higiene personal y limpieza, carnes, panificados, frutas y hortalizas (éstos cuatro últimos no disponían de al menos una opción de precios cuidado en las góndolas, sí en el listado de la web). Me dirigí a los supermercados e hipermercados del departamento de Guaymallén para tener una referencia geográfica, allí constaté que Carrefour, Walmart y Vea han adherido al Programa, mientras que Átomo no firmó el acuerdo.

Comencé a buscar los productos góndola tras góndola, y no fue poca mi sorpresa al descubrir que en muchos casos la mercadería que figuraba con precios cuidados ¡no estaba a la venta! y nunca había estado… dado mi asombro, tomé imágenes que muestran la burla que implica para el consumidor.

Luego encontré la respuesta a este engaño discursivo del Gobierno, decir precio cuidado no significa literalmente un valor más económico, y entendí la trampa. El acuerdo existe y en caso de estar el producto disponible, no implica que sea más barato, les presento una situación, de las tantas, a modo de ejemplo: Café molido “Cabrales” x 250 grs. Precio cuidado: $78,35; Café molido “Bonafide sensaciones” x 250 grs. Precio normal: $77,50; Café molido “La Morenita” x 250 grs. Precio normal: $61,09. Asimismo, comprar dos paquetes de 500 grs. de determinados productos fuera del Programa, es más conveniente que comprar uno de 1 kg. de las mismas características incluido en precios cuidados, entre otros “detalles”.

Terminé de confirmar que estamos en manos del mercado, de sus reglas y acuerdos, y que el pueblo navega sólo esta crisis.

Y lógicamente, tomar las palabras del Presidente Macri con el realismo más contundente, cuando el 14 de agosto dijo sobre la suba del dólar que llegaba a $30 y hoy en octubre a $40: ¨No pasa nada tranquilos¨; y hace pocos días nos decía ¨tenemos meses difíciles por delante¨, cuando daba los índices de pobreza los cuales superan “ampliamente” el 27,3 %.

Este muestreo se realizó entre los días 6 y 11 de Octubre de 2018, en el Departamento de Guaymallén. Supermercados: VEA. Hipermercados: Carrefour y Walmart.

El diputado provincial por la UCR-NEO, Jorge Henn presentó un proyecto a través del cual propone una modificación en el artículo 9 de la ley provincial 12432 que creó el Programa de Control del Tabaquismo, sancionada en 2005. La modificación prohíbe fumar o tener encendido un cigarrillo en espacios públicos abiertos, destinados a niños y niñas, en aquellos utilizados por la ciudadanía para la práctica deportiva y recreativa así como en otros lugares que se reglamenten.

Para Henn “La ciudad debe entenderse como un escenario de aprendizaje y convertirse en aula de niños/as, jóvenes y adultos donde podamos transformar la visión individualista en una mirada participativa, conciente y defensora de la naturaleza”.

La iniciativa subraya además, la existencia de estudios que avalan que estar cerca de alguien que fuma en un ambiente abierto, supone para cualquiera, pero especialmente para un niño, estar igualmente expuesto a los efectos nocivos que el humo del tabaco provoca. Por otra parte también contempla que si bien este tipo de medidas suelen presentar cierta resistencia entre los fumadores, “en general el nivel de apoyo de la población crece después de implementadas”, aclaró Henn.

El diputado, interesado en conocer el parecer de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia al respecto, realizó una consulta vía redes sociales. “¿Se debería prohibir fumar en espacios públicos, especialmente aquellos destinados a niños/as y adultos mayores?” reza la iniciativa.

Al momento de escribirse esta nota ya habían contestado 644 personas -de las cuales un 31% reconoció haber fumado en algún momento, un 11% dijo que aún fuma y el 58% restante se identificó como no fumador- con un 91% a favor del proyecto.

En cuanto a las opiniones vertidas, la mayoría de ellas plantea la necesidad de programas de concientización para que más allá de las prohibiciones que pudieran establecerse, se logre alertar sobre el daño a la salud que causa el consumo del tabaco tanto en los fumadores activos, como en los pasivos.

Para Henn, la modificación propuesta “será una nueva cruzada frente a un grave problema que sufre nuestra sociedad, ya que según datos de público conocimiento, el tabaco es el causante directo de la muerte de aproximadamente 40 mil argentinos al año, de los cuales el 20% son fumadores pasivos”.

La norma prevé, que ninguna persona fumará tabaco, ni sostendrá tabaco encendido en áreas cerradas interiores de cualquier lugar de trabajo, público o privado, ni en espacios públicos abiertos destinados a niños y niñas, o aquellos utilizados por la ciudadanía en general para la práctica deportiva y recreativa. Esto incluye todos los edificios públicos y privados, medios de transporte públicos y espacios públicos abiertos determinados por vía reglamentaria por el Poder Ejecutivo.

Así, a lo ya expuesto por la ley, el ex vicegobernador propone sumar a estos espacios libres de humo, los públicos abiertos destinados a niños y niñas, o aquellos utilizados por la ciudadanía en general para la práctica deportiva y recreativa.

“Santa Fe sancionó he hizo cumplir la ley que prohíbe fumar en establecimientos cerrados, muchos años antes que cualquier otra provincia y las acciones emprendidas en este sentido siempre fueron destinadas a la prevención del hábito de fumar, con el objeto de disminuir en la población, la morbimortalidad causada por el consumo activo y pasivo del tabaco”, explicó Henn.

Par finalizar puntualizó: “Empoderar aún más la ley vigente, trasciende incluso el ámbito de la salud, porque se propone aumentar los valores de equidad y tolerancia. De esta manera, las próximas generaciones, contagiadas de una nueva visión de la sociedad, sabrán construir ciudades más amables y gozar de espacios más estimulantes, llenos de naturaleza y con sentido de pertenencia”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el envío a la Legislatura de un paquete de leyes para consolidar un “Sistema de Integridad que fortalezca las políticas de gobierno abierto y ética pública en la Ciudad”.

La nueva normativa, redactada en conjunto por la Coalición Cívica, el PRO y Confianza Pública, tendrá cuatro ejes: una Ley de Obra Pública, una de Publicidad Oficial, una reforma de la Ley de Ética y una ley de Integridad en Compras Públicas. “Este Sistema de Integridad pondrá a Buenos Aires a la altura de las ciudades más abiertas y transparentes a nivel internacional. Las obras públicas mejoran la vida de todos los vecinos: para nosotros es muy importante que puedan conocer cuándo empiezan, cuándo se terminan, quién las hace o cuánto cuestan”, explicó Rodríguez Larreta.

El proyecto de obra pública contempla la regulación de los procedimientos de concesiones y licitaciones de obra pública, procesos electrónicos con mayor eficiencia, un portal único de las contrataciones en todas sus etapas y la regulación de un sistema de sanciones y multas para penalizar a contratistas que incumplen sus obligaciones.

El proyecto de ley referido a la publicidad oficial impulsará un régimen de contratación de publicidad oficial en condiciones de transparencia y neutralidad. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo fortalecerá la rendición de cuentas en este campo con un Plan Anual de Publicidad Oficial y se adecuará a estándares internacionales y buenas prácticas en esta materia. Cabe recordar que por la falta de transparencia sobre este punto hubo incluso una acción judicial promovida por la ONG Poder Ciudadano, a la que la Justicia hizo lugar.

El presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR, Alberto Bernis, denunció que sobre el gobierno que encabeza Gerardo Morales se cierne un “claro intento desestabilizador” que se sustenta en “la violencia y la extorsión”, en referencia a la pretensión del multimedio de Eduardo Cammuso de cobrar al Estado un monto de 224 millones de pesos.

Advirtió que el propósito del empresario es “ilegítimo” y precisó que se origina en una deuda de 55 mil pesos contraída por la anterior gestión de gobierno. “Es una pretensión irracional que apunta a sacar millones de los bolsillos de los jujeños”, alertó.

Tras señalar que el tema “tendrá que dirimirse en la Justicia”, resaltó que “es importante abordarlo, puesto que la gente conoce a Gerardo Morales y sabe que el gobernador y su equipo trabajan para resolver los problemas de cada localidad y que día a día renueva su compromiso con una provincia en paz y con desarrollo, logro que nos costó mucho a todos los jujeños”.

En cuanto a la drástica mutación que experimenta el enfoque de la realidad por parte de Canal 2, Radio 2 y el sitio Jujuy al Momento, Bernis recordó que “hace cinco o seis meses atrás difundía los actos de gobierno y formulaba críticas que son siempre bienvenidas, porque la libertad de prensa fortalece las bases de la democracia y es además una de las banderas del radicalismo” y enfatizó que “no estamos en contra de la investigación periodística, pero sí de la mentira, porque no sólo se afecta a la gestión, sino que también se perjudica a la comunidad”.

Entre sus reflexiones, subrayó que “administrar responsablemente los recursos públicos y desde este compromiso velar por los intereses de todos los jujeños, no significa que no respetemos la libertad de prensa” y puntualizó que “sí nos empeñamos en denunciar la conducta de un empresario, no así el desempeño de los comunicadores que trabajan en esas empresas periodísticas”.

El legislador porteño de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, rechazó el proyecto de Cambiemos que actualiza los montos de acuerdo al Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado (CER) y ata los nuevos valores al aumento del precio de la nafta premium.

En primer lugar, Recalde calificó al proyecto como “inoportuno”: “Estamos hablando de multas que están congeladas desde el 2004, ¿por qué 14 años después se les ocurre actualizarlas?¿Por qué no discutimos el aumento de las asignaciones familiares, que están congeladas desde el 2014? Está claro que no hay una decisión política de disminuir las contravenciones: el verdadero objetivo es perseguir y criminalizar la protesta social y a los trabajadores de la economía popular que encuentran en la calle la única salida laboral”, expresó.

Luego, el legislador sostuvo que la actualización es “inequitativa”: “Para las paritarias y los jubilados utilizan índices gasoleros, pero para aumentar las multas tienen índices nafta premium. Esa es su política: desvalorizar los salarios y valorizar las multas”, aseveró.

En ese marco, Recalde consideró que “hay una clara intención recaudatoria. Esto no tiene que ver con una cuestión de política criminal, ni de prevenir mayores contravenciones. Todos los tipos de penas que fija el Código Contravencional pueden ser de ejecución en suspenso, con este proyecto pretenden que las multas sólo sean de cumplimiento efectivo. Es evidente que sólo buscan recaudar”, concluyó.

Con un proyecto de ley, Myriam Bregman y Patricio del Corro (diputados porteños por el PTS-FIT) propusieron *que la Legislatura porteña establezca la emergencia en educación sexual, estableciendo su laicidad, sin injerencia de la Iglesia.* Al respecto, *Myriam Bregman* señaló que “este proyecto no sólo es necesario sino urgente porque *vemos con mucha preocupación la reacción del ‘partido celeste’ de las iglesias contra la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas*. Se ha visto en la campaña de las evangélicas en Córdoba y se ve en Buenos Aires cómo la gobernadora Vidal dio marcha atrás con el tratamiento del proyecto presentado por la izquierda y que tenía media sanción, *en obediencia al lobby de las iglesias*”. Y agregó: “*Cuando discutíamos derecho al aborto nos decían educación sexual, ahora queremos discutir educación sexual y se niegan, demostrando que jamás les importó ninguna vida, solo cómo mantienen su poder patriarcal y sus privilegios”*.

Sobre el contenido del proyecto explicaron que “*queremos establecer que nadie se puede interponer en el derecho a recibir educación sexual para decidir*. Los niños, niñas, infancias trans y adolescentes son sujetos de derecho, por eso es necesario escucharlos y dar respuesta a sus reclamos. *Según el mismo Ministerio de Educación 8 de cada 10 estudiantes quiere tener más educación sexual en las escuelas y 1 de cada 10 denuncia que ni siquiera se trata el tema*”. Patricio del Corro puntualizó: “Aunque se considera que Argentina tiene un Estado laico, la realidad es que esto no sucede, y *así como se sigue financiando a la Iglesia con leyes de la dictadura, su injerencia en la educación se mantiene*”.

Asimismo, Bregman explicó que “el proyecto dispone una serie de medidas de emergencia para dar respuesta inmediata a la situación actual que condena a la discriminación y al oscurantismo a parte de nuestra juventud y
niñez. *Además, establece que debe seguirse una perspectiva de género, sin injerencia de ninguna religión. Es una propuesta complementaria de otras que también presentamos en la Legislatura y en el Congreso, para terminar con todas las leyes de la dictadura que siguen garantizando el poder de las iglesias la Iglesia sobre nuestros derechos y sus privilegios*”.

“Esta iniciativa es una tarea dejaron planteadas las masivas movilizaciones de las mujeres, con un enorme protagonismo de la juventud por el derecho al aborto, que no prosperaron justamente por el poder que tienen las iglesias. Al servicio de ese potente movimiento ponemos a disposición este proyecto de ley”, concluyó el diputado Patricio del Corro.

La Asociación Civil Madres del Cannabis Medicinal “MACAME”, representada por su presidente María Laura Acosta, se hizo presente este martes por la mañana junto a sus patrocinantes letrados, el diputado provincial Dr. Jorge Henn y el Dr. Domingo Rondina, en el Juzgado Federal santafesino para ingresar un recurso de Amparo. El propósito fundamental del mismo es que se declare la inconstitucionalidad de toda normativa que prohíba el autocultivo de cannabis para consumo medicinal y una medida cautelar que impida toda persecución penal mientras se tramita la causa.

El ex vicegobernador, quien anteriormente había solicitado formalmente al Ministro de Salud de la Nación destrabe la importación de materia prima proveniente de Uruguay para comenzar a producir cannabis medicinal en el laboratorio provinciaL “LIF”, sumó su apoyo a las madres de la Asociación y advirtió que “esto se trata garantizar lo que los Tratados Internacionales y sus respectivas normas constitucionales declaran sobre defender el Interés Superior del Niño”.

“La angustia y el padecimiento de cientos de santafesinos y santafesinas que encontraron en el Cannabis Medicinal una esperanza para morigerar los síntomas de distintas patologías, hoy necesitan una respuesta inmediata y la pronta disponibilidad de esta medicina natural”, señaló contundente el diputado.

La acción interpuesta pide la declaración de inconstitucionalidad de cualquier prohibición o sanción a la maternal tarea de cultivo y producción de aceite para uso personal de quienes padecen ciertas enfermedades de nacimiento, incurables y frente a las cuales la medicina se ha mostrado impotente.“Obviamente lo que queremos es que el Estado lo provea pero, hasta tanto eso no ocurra, no puede prohibirse su autocultivo, siendo que además están demostradas científicamente sus condiciones medicinales”, explicó Henn.

“Hace mucho que venimos peleando por esto y lamentablemente hasta el día de hoy, este producto no se encuentra disponible ni en farmacias, ni en Centros de Salud y la única manera de conseguirlo es mediante el cultivo de la planta en nuestras casas y la extracción casera de su aceite”, explicó la presidente de la Asociación y remarcó: “Necesitamos que la justicia nos acompañe en esto”.

El recurso advierte además que la llamada “Ley de Cannabis” (N° 27.350) sancionada por el Congreso de la Nación en el 2017 incurre en una arbitrariedad en torno a la gratuidad del acceso al medicamento cannábico ya que la norma dispone la provisión sin costo para quienes se encuentren incorporados al “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”.

 “Tal disposición constituye una grave violación a los derechos de los niños y niñas enfermos, al pretender usarlos como cobayos y consecuentemente tacha de inconstitucional y contravencional la distinción que establece”, expresa el Amparo.

Efectivamente, el escrito ordena al Estado Nacional otorgar gratuitamente el aceite cannábico cuando esté disponible sin forzarlos a someterse a experimentación clínica. Además deja al descubierto a un Estado que no ha podido garantizar el sistema público de producción y provisión del insumo, pese a que en la actualidad existen leyes nacionales y provinciales que habilitan el uso de aceite cannábico.

También vuelve la vista sobre el hecho de que en Argentina sigue prohibido el cultivo de la planta, lo que obliga a la industria farmacéutica a importar los insumos siendo que su ingreso aún es ilícito.

“Garantizar el acceso al tratamiento cannábico a todos aquellos que lo necesiten se trata de una política de Salud Pública. Debemos dejar de lado los prejuicios y simplificaciones morales; en todo caso poner por encima de todo, el único valor absoluto que conocemos… el cual es, tener una vida digna”,  ultimó el diputado.

El diputado Walter Carusso, presentó un proyecto para prohibir la suelta de globos con helio al aire libre en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa surgió a partir de la denuncia de diversas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, quienes aseguran que la utilización de globos con helio trae consecuencias graves para la fauna marina y terrestre.

“Comprometidos con la Ley Nacional 25.675 de Política Ambiental, es que nos hacemos eco de esta problemática que, si bien no es popularmente conocida, inquieta a toda la comunidad de ambientalistas”, explicó el Legislador.

Los globos caen sobre las masas de agua y los animales los confunden con alimento, y al ingerirlos provoca en muchos casos la muerte. Por otro lado, el helio es un recurso finito, no renovable, que se utiliza con fines científicos, y es necesario conservarlo para las diversas prácticas que llevamos en nuestra vida cotidiana. Es utilizado para la industria informática, para la criogenia, para los enfriamientos de detectores infrarrojos, para los reactores nucleares, y para la refrigeración de imanes superconductores, que se encargan de la resonancia magnética que usamos todos.

“Nos encontramos en deuda con las generaciones futuras. Como legisladores, debemos contribuir con el futuro generando propuestas que ayuden a paliar daños y a educar a la población en temas sensibles como la ecología, los recursos naturales y el medio ambiente. Desde nuestro lugar debemos analizar y acompañar los reclamos y fundamentalmente, legislar para promover valores y conductas sociales que permitan el desarrollo sustentable”, finalizó el Diputado Carusso.

El diputado provincial del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio se refirió a la renuncia de Mateo Nicholson, responsable de infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires. Lamentó que no se lo haya echado antes pero también insistió en que el principal responsable el el director general de educación, Gabriel Sánchez Zinny.

“Pasaron varios meses, lo escondieron y lo protegieron para conservarlo en el cargo, en el medio de todo esto explotó una escuela en Moreno, se llevó la vida de dos personas y Nicholson solo se va porque renuncia. Lamento que no se lo haya echado antes, en vez de darle licencia todos estos meses, sobretodo si tenemos en cuenta que la gobernadora dijo que fue apartado del cargo que dista mucho de la licencia de la que gozó” afirmó D’Onofrio.

El diputado massista no se olvidó del titular de la cartera de educación: “además de Nicholson, no podemos olvidarnos que el verdadero responsable de todo es Sanchez Zinny, quien brilla por su ausencia sin dar las explicaciones”.

Cabe la pena recordar que Nicholson pedía a una colaboradora que “invente” presupuesto para arreglar la cocina de escuela para presentar un dibujo ante el gobierno. Por este hecho de corrupción nunca se tomaron la medidas correspondientes y recién hoy se conoce que el funcionario renunció y no porque lo hayan echado.

“La desidia es corrupción, inventar presupuestos de obras que no se hacen, es corrupción y mantener a funcionarios en sus cargos que cometen actos de corrupción es un delito que ya nos costó vidas, Vidal tiene que empezar a transparentar sus áreas de gobierno y demostrar que no fueron cómplices de Nicholson y Sanchez Zinny”.

El gobernador Miguel Lifschitz realizará un pedido público de disculpas en consonancia con el acto de reparación relacionado al caso de una joven de la ciudad de Reconquista quien fue abusada por su padre y luego maltratada por el sistema judicial a cargo del juez Musse Chemes.

Soledad Zalazar ex presidenta del concejo de la ciudad de Reconquista y actual asesora del diputado Luis Rubeo, fue una de las impulsoras en este caso y viajará hasta nuestra ciudad para estar presente en el acto que dará un cierre al proceso iniciado en 2012.

En ese sentido Zalazar expresó: “Son más de seis años de trabajo para lograr que el Estado se haga cargo de los perjuicios cometidos contra esta joven, fue un camino largo en donde se nos fueron uniendo diferentes referentes de los movimientos sociales y feministas como la concejala de Rosario Norma López (FpV), Susana Chiarotti y Viviana Della Siega. Gracias a nuestra insistencia hemos logrado un pedido de disculpas público además de otros beneficios que se fueron otorgando a la víctima en este último tiempo”

El Caso CER refiere a una joven de la ciudad de Reconquista, quien fuera abusada por su padre y quien, al denunciar junto con su hermana el crimen se enfrentó a un juicio que finalizó con la absolución del acusado a pesar de las pruebas presentadas, incluido un amicus curie por parte de Insgenar y Cladem.

El Comité de CEDAW, que monitorea el cumplimiento de la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación contra la mujer, aceptó el caso, considerando que la sentencia estaba viciada de prejuicios sexistas.

“Cabe recordar que el juez, Musse Chemes estuvo a punto de ascender a camarista y el el gobierno tuvo que retirar el pliego ante las impugnaciones presentadas justamente a raíz de este caso” recordó la referente.