Legislaturas Provinciales

El presidente del Bloque de Cambiemos y querellante en la causa “Revelación”, Eduardo Conde, cuestionó fuertemente la decisión del juez Sergio Piñeda de otorgarles el beneficio de la probation a los empresarios acusados de cohecho.

“A mí me parece un escándalo lo que está pasando desde todo punto de vista. Lo que se hace es una interpretación muy amplia y generosa del instituto de la suspensión del juicio a prueba ya que si nos ajustamos al tenor literal del Artículo 76 bis del Código Penal, observaremos que no hay posibilidades que se acuda a este instituto ni para los funcionarios públicos ni para el privado que participa en el delito pero como siempre en el derecho penal esta concepción garantista en extremo abre la puerta para una interpretación de la doctrina mucho más amplia, y es allí donde se posiciona quienes han resultado beneficiados”, declaró el diputado provincial en declaraciones radiales.

A su vez, recalcó que hay otro inconveniente vinculado con lo político-institucional y el plano moral. “Estoy hablando del agravio provocado por estos acontecimientos a la ciudadanía de Chubut. Es uno de los juicios más trascendentes de la vida institucional de nuestra provincia porque estamos tratando de desentrañar una matriz corrupta que ha causado un perjuicio irreparable a la provincia”, recalcó.

En este sentido añadió que “no hay ninguna posibilidad económica que el daño se repare con estos mecanismos que se han implementado. Es casi una justificación absurda pretender que con estas monedas se procure resolver la situación en extremo gravosa que le causado a la provincia la corrupción. No solamente por el daño moral sino también patrimonial”.

Conde describió que esta forma de concebir la política “ha impactado enormemente en la manera de desarrollo de nuestra provincia porque el funcionario público ha estado abocado al negocio más que a las atenciones genuinas de las responsabilidades primeras que tiene a su cargo. Sobradas razones hay para que esta solución sea absolutamente aberrante”.

Finalmente expresó: “Yo no entiendo como, por ejemplo en pleno gobierno kirchnerista, la Procuración General de la Nación, que están a cargo de los jueces federales, han bajado línea para que ningún fiscal federal en cualquier juicio contra la corrupción pueda acudir a este instituto, no solo respecto a los funcionarios públicos sino también en relación a los particulares. No hay ninguna posibilidad en el fuero federal que los imputados puedan acudir a la probation, y resulta que en la provincia del Chubut el Ministerio Público Fiscal no ha sido capaz de crear una normativa expresa en esta dirección para que nuestros fiscales en estos procesos trascendentes no acudan a esta herramienta”.

Por

Diputado Provincial Mario Díaz

La desorientada realidad de cada día… Como si se tratara de algo importante, el Presidente de la Nación nos decía después de firmar un acuerdo más con el FMI , que dado que se venían tiempos difíciles y que teníamos que prepararnos, anunciaba una serie de valiosas medidas con el fin de ayudar y acompañar a la población en tan difícil coyuntura.

Consideramos que cuando el Presidente manda a sus Ministros y Secretarios a resolver asuntos de Estado, y cuando éstos tienen que ver directamente con la calidad de vida de sus gobernados, todo se resuelve de forma casi inmediata.

Entre tantos ejemplos de ineficiencia, ésta es sólo una muestra, de un caja llena de promesas incumplidas. Por su puesto, se dio respuesta a la orden presidencial, hasta existe un sitio web para la medida anunciada, pero paso a demostrar cómo este Gobierno dice una cosa y enmascara otras.

“Precios Cuidados¨ este Programa ni siquiera tiene originalidad, es una mala copia del Programa del gobierno anterior. Su nombre lo dice todo, y suena como un alivio a los oídos de los maltrechos bolsillos del pueblo; concretamente implica acuerdos con las marcas líderes y las cadenas de hipermercados y supermercados de todo el país para mantener precios beneficiosos para los consumidores, y que los productos alimenticios no sufran el golpe inflacionario.

Dicho esto, tomé el listado de más de 500 productos, separé los que impactan directamente en la canasta básica familia, de esta manera me enfoqué en los lácteos, productos no perecederos, productos de higiene personal y limpieza, carnes, panificados, frutas y hortalizas (éstos cuatro últimos no disponían de al menos una opción de precios cuidado en las góndolas, sí en el listado de la web). Me dirigí a los supermercados e hipermercados del departamento de Guaymallén para tener una referencia geográfica, allí constaté que Carrefour, Walmart y Vea han adherido al Programa, mientras que Átomo no firmó el acuerdo.

Comencé a buscar los productos góndola tras góndola, y no fue poca mi sorpresa al descubrir que en muchos casos la mercadería que figuraba con precios cuidados ¡no estaba a la venta! y nunca había estado… dado mi asombro, tomé imágenes que muestran la burla que implica para el consumidor.

Luego encontré la respuesta a este engaño discursivo del Gobierno, decir precio cuidado no significa literalmente un valor más económico, y entendí la trampa. El acuerdo existe y en caso de estar el producto disponible, no implica que sea más barato, les presento una situación, de las tantas, a modo de ejemplo: Café molido “Cabrales” x 250 grs. Precio cuidado: $78,35; Café molido “Bonafide sensaciones” x 250 grs. Precio normal: $77,50; Café molido “La Morenita” x 250 grs. Precio normal: $61,09. Asimismo, comprar dos paquetes de 500 grs. de determinados productos fuera del Programa, es más conveniente que comprar uno de 1 kg. de las mismas características incluido en precios cuidados, entre otros “detalles”.

Terminé de confirmar que estamos en manos del mercado, de sus reglas y acuerdos, y que el pueblo navega sólo esta crisis.

Y lógicamente, tomar las palabras del Presidente Macri con el realismo más contundente, cuando el 14 de agosto dijo sobre la suba del dólar que llegaba a $30 y hoy en octubre a $40: ¨No pasa nada tranquilos¨; y hace pocos días nos decía ¨tenemos meses difíciles por delante¨, cuando daba los índices de pobreza los cuales superan “ampliamente” el 27,3 %.

Este muestreo se realizó entre los días 6 y 11 de Octubre de 2018, en el Departamento de Guaymallén. Supermercados: VEA. Hipermercados: Carrefour y Walmart.

El diputado provincial por la UCR-NEO, Jorge Henn presentó un proyecto a través del cual propone una modificación en el artículo 9 de la ley provincial 12432 que creó el Programa de Control del Tabaquismo, sancionada en 2005. La modificación prohíbe fumar o tener encendido un cigarrillo en espacios públicos abiertos, destinados a niños y niñas, en aquellos utilizados por la ciudadanía para la práctica deportiva y recreativa así como en otros lugares que se reglamenten.

Para Henn “La ciudad debe entenderse como un escenario de aprendizaje y convertirse en aula de niños/as, jóvenes y adultos donde podamos transformar la visión individualista en una mirada participativa, conciente y defensora de la naturaleza”.

La iniciativa subraya además, la existencia de estudios que avalan que estar cerca de alguien que fuma en un ambiente abierto, supone para cualquiera, pero especialmente para un niño, estar igualmente expuesto a los efectos nocivos que el humo del tabaco provoca. Por otra parte también contempla que si bien este tipo de medidas suelen presentar cierta resistencia entre los fumadores, “en general el nivel de apoyo de la población crece después de implementadas”, aclaró Henn.

El diputado, interesado en conocer el parecer de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia al respecto, realizó una consulta vía redes sociales. “¿Se debería prohibir fumar en espacios públicos, especialmente aquellos destinados a niños/as y adultos mayores?” reza la iniciativa.

Al momento de escribirse esta nota ya habían contestado 644 personas -de las cuales un 31% reconoció haber fumado en algún momento, un 11% dijo que aún fuma y el 58% restante se identificó como no fumador- con un 91% a favor del proyecto.

En cuanto a las opiniones vertidas, la mayoría de ellas plantea la necesidad de programas de concientización para que más allá de las prohibiciones que pudieran establecerse, se logre alertar sobre el daño a la salud que causa el consumo del tabaco tanto en los fumadores activos, como en los pasivos.

Para Henn, la modificación propuesta “será una nueva cruzada frente a un grave problema que sufre nuestra sociedad, ya que según datos de público conocimiento, el tabaco es el causante directo de la muerte de aproximadamente 40 mil argentinos al año, de los cuales el 20% son fumadores pasivos”.

La norma prevé, que ninguna persona fumará tabaco, ni sostendrá tabaco encendido en áreas cerradas interiores de cualquier lugar de trabajo, público o privado, ni en espacios públicos abiertos destinados a niños y niñas, o aquellos utilizados por la ciudadanía en general para la práctica deportiva y recreativa. Esto incluye todos los edificios públicos y privados, medios de transporte públicos y espacios públicos abiertos determinados por vía reglamentaria por el Poder Ejecutivo.

Así, a lo ya expuesto por la ley, el ex vicegobernador propone sumar a estos espacios libres de humo, los públicos abiertos destinados a niños y niñas, o aquellos utilizados por la ciudadanía en general para la práctica deportiva y recreativa.

“Santa Fe sancionó he hizo cumplir la ley que prohíbe fumar en establecimientos cerrados, muchos años antes que cualquier otra provincia y las acciones emprendidas en este sentido siempre fueron destinadas a la prevención del hábito de fumar, con el objeto de disminuir en la población, la morbimortalidad causada por el consumo activo y pasivo del tabaco”, explicó Henn.

Par finalizar puntualizó: “Empoderar aún más la ley vigente, trasciende incluso el ámbito de la salud, porque se propone aumentar los valores de equidad y tolerancia. De esta manera, las próximas generaciones, contagiadas de una nueva visión de la sociedad, sabrán construir ciudades más amables y gozar de espacios más estimulantes, llenos de naturaleza y con sentido de pertenencia”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el envío a la Legislatura de un paquete de leyes para consolidar un “Sistema de Integridad que fortalezca las políticas de gobierno abierto y ética pública en la Ciudad”.

La nueva normativa, redactada en conjunto por la Coalición Cívica, el PRO y Confianza Pública, tendrá cuatro ejes: una Ley de Obra Pública, una de Publicidad Oficial, una reforma de la Ley de Ética y una ley de Integridad en Compras Públicas. “Este Sistema de Integridad pondrá a Buenos Aires a la altura de las ciudades más abiertas y transparentes a nivel internacional. Las obras públicas mejoran la vida de todos los vecinos: para nosotros es muy importante que puedan conocer cuándo empiezan, cuándo se terminan, quién las hace o cuánto cuestan”, explicó Rodríguez Larreta.

El proyecto de obra pública contempla la regulación de los procedimientos de concesiones y licitaciones de obra pública, procesos electrónicos con mayor eficiencia, un portal único de las contrataciones en todas sus etapas y la regulación de un sistema de sanciones y multas para penalizar a contratistas que incumplen sus obligaciones.

El proyecto de ley referido a la publicidad oficial impulsará un régimen de contratación de publicidad oficial en condiciones de transparencia y neutralidad. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo fortalecerá la rendición de cuentas en este campo con un Plan Anual de Publicidad Oficial y se adecuará a estándares internacionales y buenas prácticas en esta materia. Cabe recordar que por la falta de transparencia sobre este punto hubo incluso una acción judicial promovida por la ONG Poder Ciudadano, a la que la Justicia hizo lugar.

El presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR, Alberto Bernis, denunció que sobre el gobierno que encabeza Gerardo Morales se cierne un “claro intento desestabilizador” que se sustenta en “la violencia y la extorsión”, en referencia a la pretensión del multimedio de Eduardo Cammuso de cobrar al Estado un monto de 224 millones de pesos.

Advirtió que el propósito del empresario es “ilegítimo” y precisó que se origina en una deuda de 55 mil pesos contraída por la anterior gestión de gobierno. “Es una pretensión irracional que apunta a sacar millones de los bolsillos de los jujeños”, alertó.

Tras señalar que el tema “tendrá que dirimirse en la Justicia”, resaltó que “es importante abordarlo, puesto que la gente conoce a Gerardo Morales y sabe que el gobernador y su equipo trabajan para resolver los problemas de cada localidad y que día a día renueva su compromiso con una provincia en paz y con desarrollo, logro que nos costó mucho a todos los jujeños”.

En cuanto a la drástica mutación que experimenta el enfoque de la realidad por parte de Canal 2, Radio 2 y el sitio Jujuy al Momento, Bernis recordó que “hace cinco o seis meses atrás difundía los actos de gobierno y formulaba críticas que son siempre bienvenidas, porque la libertad de prensa fortalece las bases de la democracia y es además una de las banderas del radicalismo” y enfatizó que “no estamos en contra de la investigación periodística, pero sí de la mentira, porque no sólo se afecta a la gestión, sino que también se perjudica a la comunidad”.

Entre sus reflexiones, subrayó que “administrar responsablemente los recursos públicos y desde este compromiso velar por los intereses de todos los jujeños, no significa que no respetemos la libertad de prensa” y puntualizó que “sí nos empeñamos en denunciar la conducta de un empresario, no así el desempeño de los comunicadores que trabajan en esas empresas periodísticas”.

El legislador porteño de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, rechazó el proyecto de Cambiemos que actualiza los montos de acuerdo al Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado (CER) y ata los nuevos valores al aumento del precio de la nafta premium.

En primer lugar, Recalde calificó al proyecto como “inoportuno”: “Estamos hablando de multas que están congeladas desde el 2004, ¿por qué 14 años después se les ocurre actualizarlas?¿Por qué no discutimos el aumento de las asignaciones familiares, que están congeladas desde el 2014? Está claro que no hay una decisión política de disminuir las contravenciones: el verdadero objetivo es perseguir y criminalizar la protesta social y a los trabajadores de la economía popular que encuentran en la calle la única salida laboral”, expresó.

Luego, el legislador sostuvo que la actualización es “inequitativa”: “Para las paritarias y los jubilados utilizan índices gasoleros, pero para aumentar las multas tienen índices nafta premium. Esa es su política: desvalorizar los salarios y valorizar las multas”, aseveró.

En ese marco, Recalde consideró que “hay una clara intención recaudatoria. Esto no tiene que ver con una cuestión de política criminal, ni de prevenir mayores contravenciones. Todos los tipos de penas que fija el Código Contravencional pueden ser de ejecución en suspenso, con este proyecto pretenden que las multas sólo sean de cumplimiento efectivo. Es evidente que sólo buscan recaudar”, concluyó.

Con un proyecto de ley, Myriam Bregman y Patricio del Corro (diputados porteños por el PTS-FIT) propusieron *que la Legislatura porteña establezca la emergencia en educación sexual, estableciendo su laicidad, sin injerencia de la Iglesia.* Al respecto, *Myriam Bregman* señaló que “este proyecto no sólo es necesario sino urgente porque *vemos con mucha preocupación la reacción del ‘partido celeste’ de las iglesias contra la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas*. Se ha visto en la campaña de las evangélicas en Córdoba y se ve en Buenos Aires cómo la gobernadora Vidal dio marcha atrás con el tratamiento del proyecto presentado por la izquierda y que tenía media sanción, *en obediencia al lobby de las iglesias*”. Y agregó: “*Cuando discutíamos derecho al aborto nos decían educación sexual, ahora queremos discutir educación sexual y se niegan, demostrando que jamás les importó ninguna vida, solo cómo mantienen su poder patriarcal y sus privilegios”*.

Sobre el contenido del proyecto explicaron que “*queremos establecer que nadie se puede interponer en el derecho a recibir educación sexual para decidir*. Los niños, niñas, infancias trans y adolescentes son sujetos de derecho, por eso es necesario escucharlos y dar respuesta a sus reclamos. *Según el mismo Ministerio de Educación 8 de cada 10 estudiantes quiere tener más educación sexual en las escuelas y 1 de cada 10 denuncia que ni siquiera se trata el tema*”. Patricio del Corro puntualizó: “Aunque se considera que Argentina tiene un Estado laico, la realidad es que esto no sucede, y *así como se sigue financiando a la Iglesia con leyes de la dictadura, su injerencia en la educación se mantiene*”.

Asimismo, Bregman explicó que “el proyecto dispone una serie de medidas de emergencia para dar respuesta inmediata a la situación actual que condena a la discriminación y al oscurantismo a parte de nuestra juventud y
niñez. *Además, establece que debe seguirse una perspectiva de género, sin injerencia de ninguna religión. Es una propuesta complementaria de otras que también presentamos en la Legislatura y en el Congreso, para terminar con todas las leyes de la dictadura que siguen garantizando el poder de las iglesias la Iglesia sobre nuestros derechos y sus privilegios*”.

“Esta iniciativa es una tarea dejaron planteadas las masivas movilizaciones de las mujeres, con un enorme protagonismo de la juventud por el derecho al aborto, que no prosperaron justamente por el poder que tienen las iglesias. Al servicio de ese potente movimiento ponemos a disposición este proyecto de ley”, concluyó el diputado Patricio del Corro.

La Asociación Civil Madres del Cannabis Medicinal “MACAME”, representada por su presidente María Laura Acosta, se hizo presente este martes por la mañana junto a sus patrocinantes letrados, el diputado provincial Dr. Jorge Henn y el Dr. Domingo Rondina, en el Juzgado Federal santafesino para ingresar un recurso de Amparo. El propósito fundamental del mismo es que se declare la inconstitucionalidad de toda normativa que prohíba el autocultivo de cannabis para consumo medicinal y una medida cautelar que impida toda persecución penal mientras se tramita la causa.

El ex vicegobernador, quien anteriormente había solicitado formalmente al Ministro de Salud de la Nación destrabe la importación de materia prima proveniente de Uruguay para comenzar a producir cannabis medicinal en el laboratorio provinciaL “LIF”, sumó su apoyo a las madres de la Asociación y advirtió que “esto se trata garantizar lo que los Tratados Internacionales y sus respectivas normas constitucionales declaran sobre defender el Interés Superior del Niño”.

“La angustia y el padecimiento de cientos de santafesinos y santafesinas que encontraron en el Cannabis Medicinal una esperanza para morigerar los síntomas de distintas patologías, hoy necesitan una respuesta inmediata y la pronta disponibilidad de esta medicina natural”, señaló contundente el diputado.

La acción interpuesta pide la declaración de inconstitucionalidad de cualquier prohibición o sanción a la maternal tarea de cultivo y producción de aceite para uso personal de quienes padecen ciertas enfermedades de nacimiento, incurables y frente a las cuales la medicina se ha mostrado impotente.“Obviamente lo que queremos es que el Estado lo provea pero, hasta tanto eso no ocurra, no puede prohibirse su autocultivo, siendo que además están demostradas científicamente sus condiciones medicinales”, explicó Henn.

“Hace mucho que venimos peleando por esto y lamentablemente hasta el día de hoy, este producto no se encuentra disponible ni en farmacias, ni en Centros de Salud y la única manera de conseguirlo es mediante el cultivo de la planta en nuestras casas y la extracción casera de su aceite”, explicó la presidente de la Asociación y remarcó: “Necesitamos que la justicia nos acompañe en esto”.

El recurso advierte además que la llamada “Ley de Cannabis” (N° 27.350) sancionada por el Congreso de la Nación en el 2017 incurre en una arbitrariedad en torno a la gratuidad del acceso al medicamento cannábico ya que la norma dispone la provisión sin costo para quienes se encuentren incorporados al “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”.

 “Tal disposición constituye una grave violación a los derechos de los niños y niñas enfermos, al pretender usarlos como cobayos y consecuentemente tacha de inconstitucional y contravencional la distinción que establece”, expresa el Amparo.

Efectivamente, el escrito ordena al Estado Nacional otorgar gratuitamente el aceite cannábico cuando esté disponible sin forzarlos a someterse a experimentación clínica. Además deja al descubierto a un Estado que no ha podido garantizar el sistema público de producción y provisión del insumo, pese a que en la actualidad existen leyes nacionales y provinciales que habilitan el uso de aceite cannábico.

También vuelve la vista sobre el hecho de que en Argentina sigue prohibido el cultivo de la planta, lo que obliga a la industria farmacéutica a importar los insumos siendo que su ingreso aún es ilícito.

“Garantizar el acceso al tratamiento cannábico a todos aquellos que lo necesiten se trata de una política de Salud Pública. Debemos dejar de lado los prejuicios y simplificaciones morales; en todo caso poner por encima de todo, el único valor absoluto que conocemos… el cual es, tener una vida digna”,  ultimó el diputado.

El diputado Walter Carusso, presentó un proyecto para prohibir la suelta de globos con helio al aire libre en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa surgió a partir de la denuncia de diversas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, quienes aseguran que la utilización de globos con helio trae consecuencias graves para la fauna marina y terrestre.

“Comprometidos con la Ley Nacional 25.675 de Política Ambiental, es que nos hacemos eco de esta problemática que, si bien no es popularmente conocida, inquieta a toda la comunidad de ambientalistas”, explicó el Legislador.

Los globos caen sobre las masas de agua y los animales los confunden con alimento, y al ingerirlos provoca en muchos casos la muerte. Por otro lado, el helio es un recurso finito, no renovable, que se utiliza con fines científicos, y es necesario conservarlo para las diversas prácticas que llevamos en nuestra vida cotidiana. Es utilizado para la industria informática, para la criogenia, para los enfriamientos de detectores infrarrojos, para los reactores nucleares, y para la refrigeración de imanes superconductores, que se encargan de la resonancia magnética que usamos todos.

“Nos encontramos en deuda con las generaciones futuras. Como legisladores, debemos contribuir con el futuro generando propuestas que ayuden a paliar daños y a educar a la población en temas sensibles como la ecología, los recursos naturales y el medio ambiente. Desde nuestro lugar debemos analizar y acompañar los reclamos y fundamentalmente, legislar para promover valores y conductas sociales que permitan el desarrollo sustentable”, finalizó el Diputado Carusso.

El diputado provincial del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio se refirió a la renuncia de Mateo Nicholson, responsable de infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires. Lamentó que no se lo haya echado antes pero también insistió en que el principal responsable el el director general de educación, Gabriel Sánchez Zinny.

“Pasaron varios meses, lo escondieron y lo protegieron para conservarlo en el cargo, en el medio de todo esto explotó una escuela en Moreno, se llevó la vida de dos personas y Nicholson solo se va porque renuncia. Lamento que no se lo haya echado antes, en vez de darle licencia todos estos meses, sobretodo si tenemos en cuenta que la gobernadora dijo que fue apartado del cargo que dista mucho de la licencia de la que gozó” afirmó D’Onofrio.

El diputado massista no se olvidó del titular de la cartera de educación: “además de Nicholson, no podemos olvidarnos que el verdadero responsable de todo es Sanchez Zinny, quien brilla por su ausencia sin dar las explicaciones”.

Cabe la pena recordar que Nicholson pedía a una colaboradora que “invente” presupuesto para arreglar la cocina de escuela para presentar un dibujo ante el gobierno. Por este hecho de corrupción nunca se tomaron la medidas correspondientes y recién hoy se conoce que el funcionario renunció y no porque lo hayan echado.

“La desidia es corrupción, inventar presupuestos de obras que no se hacen, es corrupción y mantener a funcionarios en sus cargos que cometen actos de corrupción es un delito que ya nos costó vidas, Vidal tiene que empezar a transparentar sus áreas de gobierno y demostrar que no fueron cómplices de Nicholson y Sanchez Zinny”.

El gobernador Miguel Lifschitz realizará un pedido público de disculpas en consonancia con el acto de reparación relacionado al caso de una joven de la ciudad de Reconquista quien fue abusada por su padre y luego maltratada por el sistema judicial a cargo del juez Musse Chemes.

Soledad Zalazar ex presidenta del concejo de la ciudad de Reconquista y actual asesora del diputado Luis Rubeo, fue una de las impulsoras en este caso y viajará hasta nuestra ciudad para estar presente en el acto que dará un cierre al proceso iniciado en 2012.

En ese sentido Zalazar expresó: “Son más de seis años de trabajo para lograr que el Estado se haga cargo de los perjuicios cometidos contra esta joven, fue un camino largo en donde se nos fueron uniendo diferentes referentes de los movimientos sociales y feministas como la concejala de Rosario Norma López (FpV), Susana Chiarotti y Viviana Della Siega. Gracias a nuestra insistencia hemos logrado un pedido de disculpas público además de otros beneficios que se fueron otorgando a la víctima en este último tiempo”

El Caso CER refiere a una joven de la ciudad de Reconquista, quien fuera abusada por su padre y quien, al denunciar junto con su hermana el crimen se enfrentó a un juicio que finalizó con la absolución del acusado a pesar de las pruebas presentadas, incluido un amicus curie por parte de Insgenar y Cladem.

El Comité de CEDAW, que monitorea el cumplimiento de la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación contra la mujer, aceptó el caso, considerando que la sentencia estaba viciada de prejuicios sexistas.

“Cabe recordar que el juez, Musse Chemes estuvo a punto de ascender a camarista y el el gobierno tuvo que retirar el pliego ante las impugnaciones presentadas justamente a raíz de este caso” recordó la referente.

El diputado provincial Walter Carusso presentó un proyecto de ley para implementar en el territorio bonaerense, la entrega de botones anti pánico a personas de 70 años en adelante y que vivan con sus parejas o solas. El “botón anti pánico” es un dispositivo de comunicación directo e inmediato, que tendría opciones diferenciadas de llamado a las fuerzas de seguridad y al servicio público de emergencias médicas.
Desde hace varios años, preocupa a la sociedad el incremento de delitos contra las personas de la tercera edad, que resultan episodios violentos y que, en muchas ocasiones, se llevan la vida de nuestros abuelos. “Proponemos dotar a los adultos mayores, de elementos que les permitan solicitar el auxilio inmediatamente. El botón anti pánico es una herramienta más en el marco de una política de abordaje integral de la prevención de los distintos actos de violencia, sabemos que no es una solución en sí, sino un nuevo instrumento que se suma a otros programas de prevención” explicó el Diputado Carusso.
Todo adulto mayor que se sienta en una situación de riesgo o peligro, accionará dicho dispositivo que permitirá la geolocalización de la víctima, facilitando así su ubicación y coordinación de ayuda por parte de las autoridades de seguridad. “Nuestro compromiso es principalmente con la población más vulnerables, reconociendo las problemáticas y buscando soluciones a dichas problemáticas que, si bien no eliminan el problema de raíz, van a permitir, sin duda, salvar muchas vidas y evitar episodios traumáticos, mientras trabajamos para que nuestra Provincia sea un lugar más seguro cada día”, finalizó el Legislador.

El diputado provincial Marcelo Daletto (Cambiemos) presentó un proyecto de Ley para regular en hipermercados y supermercados de la provincia de Buenos Aires la exposición de golosinas, snacks y alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares y sodio, para prevenir la obesidad infantil.

“La medida apunta a prohibir la exposición de golosinas y snacks, en una distancia de hasta 10 metros de cajas registradoras, puertas de acceso y salida de supermercados, hipermercados, y autoservicios con atención masiva de público, así como también en góndolas con una altura inferior a 1,30 metros”.

“Una de nuestras principales políticas públicas es llevar a la práctica todas las medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con esta iniciativa, buscamos fomentar los hábitos saludables en la alimentación de los chicos, ya que ellos no tienen la capacidad de diferir entre los alimentos nocivos para la salud y los alimentos saludables”, dijo Daletto.

“Desde 1999 a 2004 la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes de 2 a 19 años a nivel mundial era del 4 %. A partir del 2011, aumentó al 6%”, detalló el Legislador y agregó que “En nuestro país, según la Sociedad Argentina de Pediatría y la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, uno de cada 4 niños de 10 a 19 años esta excedido de peso”.

En esa línea finalizó: “Los padres y/o tutores somos los principales responsables de la alimentación saludable de nuestros hijos, y por eso buscamos reducir el consumo de golosinas para evitar dañar la salud actual y futura de los chicos, aportándoles alimentos más nutritivos y saludables”.

La Legislatura Porteña aprobó el proyecto del legislador de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, para declarar a la novela de Teléfé “100 días para enamorarse” de Interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

El proyecto plantea que “la caracterización de los personajes cuestionan y desnaturalizan ciertos estereotipos asignados a los géneros y las familias”, al tiempo que “abre discusiones que se corresponden con los tiempos que corren”, entre los que se destaca la sexualidad, la identidad de género, la diversidad, la parentalidad y temas de salud como la obesidad y el cáncer de mama.

“Nos parece importante destacar el aporte a la integración, la inclusión y la diversidad que hace ‘100 días para enamorarse’. Que la ficción argentina tenga una perspectiva de derechos y que se construya ciudadanía desde nuestra cultura es un hecho para ponderar y tomar como ejemplo”, sostuvo Recalde.

“Ayer vivimos una jornada histórica, donde cientos de miles de mujeres y jóvenes salieron a la calle a exigir un nuevo derecho: el de interrumpir de manera voluntaria un embarazo. Aunque el Senado decidió darle la espalda a esta demanda, mas temprano que tarde el proyecto será ley. Desde nuestras bancas vamos a acompañar este movimiento y todos los que impliquen más derechos para los ciudadanos y ciudadanas”, agregó.

El proyecto contó con el acompañamiento de todos los bloques que integran la Legislatura Porteña.

El diputado provincial del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, volvió a expresar su malestar con la situación de las dos policías asesinadas el pasado fin de semana, y la falta de contención que tienen las fuerzas de seguridad a la hora de combatir el delito. Denuncia ausencia del Estado para protegerlos.

“Basta de Derechos Humanos Tuertos, parece que los policías no tienen nadie que los proteja “ arrancó D’Onofrio y agregó “la función de la Bonaerense es la de proteger a los habitantes y la función del Estado es la de brindarle a quienes arriesgan sus vidas, las condiciones de trabajo acordes al riesgo al que están expuestos”.

A continuación, el integrante de los equipos de seguridad de Sergio Massa contó “el policía que va a ser robado, entra en la siguiente problemática: si no se resiste a que lo roben, lo matan con su propia arma, y si se resiste y sale con vida, enfrenta un sumario y una sanción por el hecho que puede acarrear desde la pérdida de su trabajo hasta la carcel” y amplió “está claro que siempre llevan la de perder”.

También se refirió a la justicia y sus responsabilidades “hasta hoy no escuche hablar de los derechos humanos de los policías caidos ni de los de su familia” y sumó “hay que revisar la Ley y fundamentalmente la interpretación que hace el maldito garantismo que termina atando de pies y manos a los efectivos policiales y aumentando los riesgos que corren en la calle”.

“La justicia debe hacer un mea culpa por que la mayoría de los delincuentes que matan, tenían condenas sin cumplir o eran buscados” y concluyó D’Onofrio “hay que hablar sin eufemismos y terminar con las salidas anticipadas y con la liviandad que se trata a los delincuentes peligrosos, y si eso implica construir más cárceles, pues bien, que las hagan, pero esta situación sigue en caída libre y se trata de la vida de los bonaerenses”

El diputado provincial Jorge Henn exigió, mediante una carta dirigida al Ministro de Salud de la Nación, Dr. Adolfo Rubinstein, que se establezcan los lineamientos adecuados para que la provincia de Santa Fe pueda abastecerse de materia prima que le permita al Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF SE) empezar a producir aceite de Cannabis.

En la misiva, el legislador detalla el pedido que realizó el Estado santafesino ante la Dirección de Sustancia Sujetas a Control Especial – ANMAT para poder importar la materia prima desde Uruguay y sentencia: “El requerimiento lleva más de un año sin que se hayan registrado respuestas algunas a la solicitud por parte de las dependencias nacionales”.

En este sentido, Henn advirtió de “la urgencia que la situación demanda” debido a “la angustia y el padecimiento de cientos de santafesinos y santafesinas, que encontraron en la medicina natural y alternativa a base de Cannabis, una esperanza para morigerar los síntomas de distintas patologías y que hoy necesitan de su pronta disponibilidad”.

Asimismo, el legislador santafesino le solicita al mandatario nacional que apele a “su responsabilidad política y a su sentido de la solidaridad para aquellas familias que no quieren bajar los brazos en lo que es una denodada, y muchas veces infructuosa, lucha por ver en sus seres queridos una sonrisa, una respuesta o, simplemente, una expresión de alivio”.

A continuación la carta completa:

Santa Fe 18 de Julio de 2018

Sr. Ministro de Salud de la Nación

Dr. Adolfo Rubinstein S/D

De mi consideración

En mi carácter de diputado de la provincia de Santa Fe y apelando a su sensibilidad más profunda, dada su función como encargado de la Salud Pública de todos los argentinos, es que me permito dirigirme a usted, con la urgencia que la situación demanda.

Dicha prisa proviene de la angustia y el padecimiento de cientos de santafesinos y santafesinas, que encontraron en la medicina natural y alternativa a base de Cannabis, una esperanza para morigerar los síntomas de distintas patologías y que hoy necesitan de su pronta disponibilidad. Especialmente cuando estas patologías fueron comprendidas por los legisladores nacionales y expresadas en la ley N° 27.350 que, claramente, ordenaba al Poder Ejecutivo Nacional: “Establecer lineamientos y guías adecuadas de asistencia, tratamiento y accesibilidad” al uso medicinal del Cannabis y sus derivados.

La Provincia de Santa Fe, de manera seria y responsable, ha presentado ante ese Ministerio un programa, en consonancia con la Ley, de registro, acceso e investigación en la materia para lo que es imprescindible la autorización del Estado Nacional.

El marco jurídico legal provincial está cubierto a través de la normativa establecida por Ley Provincial N° 13602 – Incorporación de medicamentos a base de cannabis en el Formulario Terapéutico Provincial. En su artículo N° 4, establece pautas sobre el “Desarrollo y Producción Pública de Medicamentos”.

Cómo bien sabrá usted el impedimento del desarrollo de este programa provincial de investigación y producción radica en las normas que prohíben el uso de cannabis en la República Argentina, según Ley N° 17.818/1968. No obstante, la Ley Nacional sobre cannabis medicinal N° 27350/2017, establece que “la autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines de investigación médica y/o científica, así como para elaborar la sustancia para el tratamiento…”.

Es apreciable que los tiempos que demandaría, al CONICET e INTA, desarrollar el cultivo de cannabis -apto para formulaciones medicinales- dilataría el proceso innecesariamente, ignorando las urgencias de los pacientes. El Gobierno santafesino se abocó a indagar otra posibilidad, al corto plazo, para acceder a la materia prima. Por tal motivo, se iniciaron conversaciones con las autoridades del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) de la República Oriental del Uruguay, con quienes se analizó la posibilidad de generar un vínculo estratégico, IRCCA – Ministerio de Salud de Santa Fe, para la importación de materia prima (flores), con autorización de ANMAT.

En abril de 2017 en este contexto e inmediatamente a posterior de la publicación del decreto reglamentario de la ley provincial sobre cannabis (N° 13602), la provincia de Santa Fe (a través del LIF SE), fue la primera jurisdicción argentina en realizar, en la Dirección de Sustancia Sujetas a Control Especial – ANMAT, una “Solicitud de Importación de la planta de Cannabis sativa, para desarrollo e investigación de productos para uso medicinal”.

Se dio cumplimiento, ante la ANMAT, de la confección y posterior presentación, del correspondiente formulario para la importación de sustancias bajo control. Puntualmente, la solicitud para importar 50 kg de flores secas de cáñamo (cannabis sativa L), desde Uruguay (Cannabis Uruguay Ltda. fue la empresa seleccionada).

El requerimiento lleva más de un año sin que se hayan registrado respuestas algunas a la solicitud por parte de las dependencias nacionales.

Esto significa un retraso inexplicable en la puesta en marcha del plan presentado por el LIF que serviría para mejorar la calidad de vida y aliviar los dolores de personas con epilepsia refractaria u otras enfermedades.

Familiares y pacientes han tenido que recurrir a la Justicia ordinaria ante lo que consideran una violación al derecho de salud establecido por el congreso y que no se instrumenta por razones que no pueden ser comprendidas desde un punto de vista humanitario para con los afectados.

En razón de esto solicitamos: se habilite la provisión de la materia prima mencionada a fin de comenzar urgentemente, con el plan presentado por el área de Salud provincial.

El mismo consta de 2 etapas que han sido aprobadas por las autoridades pertinentes:

Etapa 1 (mediano plazo)

•Planta piloto a escala de investigación y optimización de derivados de cannabis, para obtención mediante técnica de fluido supercrítico de CO2, en dependencias de la FByF-UNR.

•Obtención de un aceite de cannabis (producción teórica de 2000 frascos de 50 ml con una concentración de 50 mg/ml de CBD), para pacientes de la provincia de Santa Fe, incorporados en un estudio clínico. Participantes:

•Planta Piloto de Producción Pública de Medicamentos (PPPM) de la FByF-UNR;

•LIF SE; •Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) de la República Oriental del Uruguay: se propuso incorporar al IRCCA como socio estratégico, para la importación de materia prima (flores), con autorización de ANMAT, para desarrollo de investigación básica e intercambio, por producción. Financiación estimada para esta etapa del proyecto: U$D 260.000.-

Etapa 2 (largo plazo)

•Planta de producción a escala industrial, para elaboración, fraccionamiento y envasado, en dependencias del LIF SE. Obtención de un aceite de cannabis, calidad farmacéutica. Participantes: •Escalado industrial a través de la Facultad de Cs. Bioquímicas de la UNL (transferencia tecnológica);

• Financiación de esta etapa del proyecto: a definir, con el escalado final. CONICET/Santa Fe.

Como usted sabe, las gestiones del Área de Salud de nuestra provincia ante su Ministerio se han ido sucediendo sin resultado positivo a la vista. Insistimos, porque son los familiares y pacientes los que no pueden esperar más. Acudimos a su responsabilidad política y su sentido de la solidaridad para aquellas familias que no quieren bajar los brazos en lo que es una denodada, y muchas veces infructuosa, lucha por ver en sus seres queridos una sonrisa, una respuesta o, simplemente, una expresión de alivio.

Desde ya agradecemos su atención y ponemos a disposición todo el esfuerzo que sea necesario para destrabar cualquier inconveniente que esté a nuestro alcance y que sea ajeno a motivos políticos o ideológicos que ya han sido resueltos en el Congreso Nacional mediante Ley 27.350.

Lo saluda fraternalmente.

Jorge Henn

Diputado Provincial de Santa Fe

Durante una sesión extraordinaria,  el Concejo Deliberante de Embarcación decidió expulsar al edil que tenía en una finca mercadería y productos enviados para los damnificados del norte salteño.

A principios de mes se encontró una importante cantidad de donaciones, enviadas a los inundados, en una finca que pertenecía al concejal de Cambiemos, Mauricio Makar, por tal motivo, el Concejo Deliberante votó la destitución por “inconducta en su función e indignidad moral” del edil del PRO. La sesión  terminó con 6 votos a favor y 3 en contra.

La denuncia fue realizada la semana pasada por el concejal, Sergio Clavería, en la sede policial de Pichanal. Dentro del galpón los efectivos constataron el acopio de colchones, agua mineral, frazadas, plásticos, alimentos no perecederos, entre otras cosas. Todos los elementos habían sido enviados para las personas afectadas por la crecida del río Bermejo.

Makar, argumentó que la mercadería se encontraba resguardada en el lugar, mientras se iba entregando de forma paulatina, a medida que podían ir llegando a las distintas comunidades. Además, consideró que las acusaciones en su contra estaban vinculadas a cuestiones “políticas”.

Por su parte, la coordinadora del centro de referencia de Salta del ministerio de Desarrollo Social de Nación, Daniela Vega, afirmó en declaraciones radiales que “un grupo de concejales y vecinos, entre los que se encuentra Mauricio Makar del PRO, armaron un comité de emergencia debido a la falta de ayuda que recibieron, durante las inundaciones, por parte de la municipalidad de Embarcación. Ellos enviaron el pedido al Ministerio y recibieron la ayuda”.

Diputados nacionales del Partido Justicialista anticiparon que exigirán que el Gobierno informe sobre el envío de donaciones a dirigentes de Cambiemos. El legislador Pablo Kosiner enfatizó que no entiende por qué el ministerio de Desarrollo remitió la ayuda a un concejal y no al Comité de Emergencia, ya conformado.

Fuente: La Gaceta