Por Federico Gastón Addisi* 
En el año 1982 se fundó el Diálogo Interamericano, a consecuencia de la guerra de Malvinas y ante el temor del no pago de la deuda externa por parte de los países Iberoamericanos, a raíz de las declaraciones del presidente de México, José López Portillo, de una moratoria a la deuda externa de ese país.
Diálogo Interamericano fue fundado por David Rockefeller y el gobierno de EEUU para planificar el fin de los gobiernos militares en la región y el establecimiento de democracias débiles o controladas. Lo que se escondía detrás de este propósito era la intención de destruir a las Fuerzas Armadas, socavar la soberanía de los estados nacionales, atacar a la Iglesia Católica, los sindicatos, la industria nacional, y toda fuerza orgánica e institucional que pudiera resistir los intentos por establecer un “nuevo orden mundial”.
El proyecto de desmilitarización de Iberoamérica se estableció formalmente como política de EEUU a partir de la mencionada crisis de 1982-83 en las relaciones con el resto del hemisferio.
Entre junio y agosto de 1982 se organizaron apresuradamente, tres seminarios sobre las repercusiones de la guerra de Malvinas para las relaciones interamericanas. De estos seminarios, y de las opiniones allí vertidas, surgió el Diálogo Interamericano. A su fundación concurrió la crema y nata del “establishment” liberal estadounidense. Dominaban el grupo los miembros de la Comisión Trilateral, con el ya citado Rockefeller a la cabeza, pero también asistieron Robert Mc Namara, Cyrus Vance y Elliot Richardson. Los bancos estaban representados por Donald Platten, presidente del Chemical Bank, y autoridades del Chase Manhattan, Midland, First Boston International, Bank o America, Morgan, etc.
Desde el principio el DI propuso crear estructuras supranacionales para vigilar las actividades de las fuerzas armadas y dirigir su “modernización”. En su primer informe, titulado “Las Américas en la encrucijada”, propusieron encargar a la Organización de los Estados Americanos la supervisión de la reestructuración de las FFAA, y que la política de los derechos humanos sirviese de pretexto para la intervención de la OEA en las distintas naciones del continente. De esta idea, surgió el principal pilar de la ideología o programa del Diálogo Interamericano para los países del hemisferio: “La acción multilateral cuidadosamente considerada, para proteger derechos humanos fundamentales, no es intervención sino obligación internacional”. Esta y otras medidas son conocidas como el “Proyecto Democracia”, que no es otra cosa que el temario global angloamericano. Oficialmente, dicho proyecto fue anunciado por Ronald Reagan en un discurso al parlamento británico el 8 de junio de 1982. Se llegaba a la conclusión de que el mundo entraba en un período de crisis económica y escasez de recursos que traerían inestabilidad política, por lo que era necesaria una nueva definición de la democracia así como también nuevas instituciones para defenderla.
Hacia 1986 se intensificó la campaña antimilitar del Proyecto Democracia encaminada a desmontar las instituciones militares iberoamericanas como eran hasta entonces. A través de un informe de ese mismo año se hace saber a los distintos gobiernos que era urgente reducir la participación militar en asuntos civiles y se exige un drástico recorte en cuanto a los recursos que podían destinarse a los militares. Pronto, las exigencias de los organismos multilaterales de crédito, como de las entidades bancarias en general, se concentrarían en condicionar el “préstamo” de dinero a nuestros gobiernos, en que el gasto en el área de defensa sea cada vez menor.
El modelo sugerido por el DI se radicalizó en diciembre de 1990, cuando el entonces presidente de EEUU, George Bush (padre), en una gira por el Cono Sur, bautizó el proyecto global de post guerra fría con el hoy famoso nombre de “nuevo orden mundial”. A este nuevo orden se llegaba sólo a través de la democracia; y era esta, la que había que imponer. Bush se permitió el regodeo de decir que gracias al DI, las naciones de América estaban al umbral de algo sin precedentes en el mundo; ser el primer hemisferio completamente democrático.
Como se ha dicho anteriormente, en abril de 1991, uno de los fundadores del DI, el Sr. Robert Mc. Namara, en un discurso ante el Banco Mundial (del que “casualmente” también fue presidente) exigió que las instituciones financieras internacionales condicionen sus ayudas a drásticas reducciones de los presupuestos militares de las naciones que recibían dichos beneficios. Mc Namara indicó que dichas reducciones acelerarían el proceso de sustitución de instituciones militares nacionales por fuerzas supranacionales de la ONU. La doctrina de seguridad del “nuevo orden mundial” debía ser la acción colectiva acorde con el modelo de intervención de la ONU en Irak en la Primera Guerra del Golfo.
Todas estas directivas se conocieron como el “Manual Bush”, originalmente un libro titulado “Los militares y la democracia”, cuyos redactores fueron Louis Goodman y Johanna Mendelson, y cuya primera traducción al castellano corresponde a Juan Rial y Carina Perelli, de quienes se sospecha trabajaban directamente bajo las órdenes del Departamento de Estado. En la obra comentada se fijaban los ejes que ya venían plasmándose a través del DI, y el Proyecto Democracia, todos elementos de una misma política: Reestructuración de las FFAA; recortes draconianos a su presupuesto; reducción del número de efectivos; abandono de la misión histórica de defender al Estado nacional; profesionalismo militar democrático, participación en fuerzas supranacionales y misiones de paz, etc.
Para poder ejecutar con mayor facilidad y alcance todas estas políticas, el proyecto buscaba cambios significativos en la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para darle a la misma “potestades intrusivas” en las naciones miembros, dentro de una gama de asuntos claves para la seguridad hemisférica como ser; el control de armamentos y tráfico de armas; los derechos humanos; el derecho de los pueblos originarios, la calidad y vigencia de las instituciones democráticas; protección del medio ambiente; narcotráfico, etc. Para lograr estos fines se propuso cambiar la carta para establecer mecanismos para poder suspender o expulsar de la OEA a cualquier país cuyo gobierno sea considerado “antidemocrático”; además, se buscaba colocar a la Junta Interamericana de Defensa bajo la autoridad directa de la OEA, con lo cual la JID podría transformarse en una fuerza militar supranacional desplegada por la OEA, al estilo de los “cascos azules” de la ONU.
El 8 de diciembre de 1992, en una conferencia de prensa en Washington, el Diálogo Interamericano dio a conocer su plan para modificar o eliminar el concepto de soberanía nacional. Dichas ideas se hallan en el informe conocido como “Convergencia y comunidad”, donde entre otras cosas se sugiere recortar el poder soberano del estado nación e ir otorgándoselo paulatinamente, en pos de una mayor democratización, a una red de instituciones supranacionales que cumplen un papel central en toda esta trama; las ONGs. De este modo se pretende avanzar en un proyecto de “soberanía limitada”, donde este límite sea la “defensa colectiva de la democracia”. En este contexto y no en otro; contra estos planes supranacionales y no para dar golpes de estado, deben entenderse los sucesivos levantamientos militares (Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli, y 3 de diciembre).
Finalmente, la última gran avanzada del DI fue el planteamiento en la ONU, por parte del entonces secretario general, Boutros-Ghali, de la “Agenda para la paz”. Allí se reconoce el avance del capitalismo y del desarrollo económico en los países centrales, y el descontento y la posibilidad de “nuevos y feroces reclamos de nacionalismo y soberanía”, que resultarían inaceptables ya que “ha pasado el tiempo de la soberanía absoluta y exclusiva y es labor de los jefes de Estado entenderlo, y hallar un punto equidistante entre los requisitos de un buen gobierno nacional y los requisitos de un mundo cada vez más interdependiente”. Y la propuesta más osada quedaba para el final y decía que: “La ONU tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de loes Estados a fin de fomentar lo que ella considere democracia, como parte de la construcción de la paz, así no haya conflicto previo. Las Naciones Unidas tienen la obligación de desarrollar y suministrar, cuando se les solicite, apoyo a la transformación de estructuras y capacidades nacionales deficientes, y al fortalecimiento de nuevas instituciones democráticas. La autoridad del sistema de las Naciones Unidas para actuar en este campo dependería del consenso de que la paz social es tan importante como la paz estratégica o política. Hay una obvia conexión entre la práctica democrática y el logro de la verdadera paz y seguridad en cualquier orden político nuevo y estable”.
Bajo esta agenda de sumisión; Tratados de Madrid (1990) mediante, nos encontramos en la actualidad.
*FEDERICO GASTON ADDISI es dirigente justicialista (historiador y escritor), director de Cultura de la Fundación Rucci en CGT, miembro del Instituto de Revisionismo Historico J. M. de Rosas, miembro del Instituto de Filosofía INFIP, diplomado en Antropología Cristiana (FASTA) y diplomado en Relaciones Internaciones (UAI).
