En la Cámara de Diputados, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia aprobó un dictamen que establece que los condenados por delitos de corrupción no podrán ser candidatos durante las elecciones.
De obtener sanción definitiva, la iniciativa conocida como “Ficha Limpia” no entrará en vigencia en el proceso electoral de este año. En la actualidad hay 14 proyectos presentados sobre Ficha Limpia en Diputados y una campaña pública de ONG´s que presentaron 255 mil firmas en favor del tema, a través de la plataforma Change.org.
El dictamen que pasó a la firma el oficialismo prohíbe a los condenados en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, ser candidatos o precandidatos.
A su vez, el texto incluye a los condenados por exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la Nación.
Al comienzo del plenario, el titular de la Comisión, Pablo Tonelli (PRO), recordó que la propuesta había sido dictaminada favorablemente en el 2017, aunque luego no hubo acuerdo para tratarlo en el recinto.
“Hoy en día alguien procesado por un delito doloso, aún con una condena de primera o segunda instancia, puede ser diputado o senador o aspirar a ser presidente”, recordó Tonelli, quien advirtió que la herramienta de Ficha Limpia rige en Brasil, Chile, Uruguay, México, Perú, Honduras y España, entre otros países.
A pesar del respaldo que obtuvo el texto en el plenario, Tonelli advirtió que “vamos a analizar las disidencias parciales y los dictámenes de minoría con el ánimo de ver si, antes de tratarlo en el recinto, llegamos a un consenso definitivo”.
El titular de la comisión de Justicia, Diego Mestre (UCR), dijo que el oficialismo “está dispuesto a debatir un tema que es una demanda de la sociedad”. “La idoneidad trae consigo la integridad, no podemos permitir que personas condenadas por la corrupción puedan ser precandidatos o candidatos”, añadió.
Por su parte, la diputada Silvia Lospennato (PRO), autora de uno de los proyectos, dijo que el centro del debate ronda en torno a “qué tipo de delitos se tienen en cuenta y en qué parte del proceso consideramos que se debe aplicar”. Asimismo, explicó que su texto incorpora un nuevo requisito para las pre-candidaturas y la creación de un registro de inhabilitados en el Poder Judicial.
“El propósito es la lucha contra la corrupción y se emparenta con las convenciones a las que está suscripta la Argentina”, explicó Lospennato. “Es indubitable el paraguas que nos da la Constitución, podemos incluir todos los delitos contra la administración pública”, añadió.
En tanto, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) fue crítica con el momento de discusión del proyecto. “Si efectivamente queremos luchar contra la corrupción tenemos tiempo de sobra. Hagámoslo en los tiempos que corresponden, no a días de un proceso electoral”, dijo. “Lo que estamos haciendo es la máxima expresión de la hipocresía política”, criticó Camaño.
Desde el kirchnerismo, la diputada María Emilia Soria (FpV-PJ) también se opuso a avanzar con el dictamen, remarcando que debería alcanzar a los condenados con sentencia firme. “Lamento que muchos se olviden de principios elementales de la Constitución, el proyecto le baja considerablemente el precio al principio de inocencia”, manifestó.
Asimismo, Soria pidió incorporar los delitos del narcotráfico, del código aduanero, del régimen penal tributario, del régimen penal cambiario, los delitos contra el orden económico y financiero; y la inhabilidad para ser candidatos a quienes tengan dinero en sociedades offshore.
El titular del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner (Justicialista), se mostró de acuerdo en discutir la prohibición de ser candidato a quienes tengan condena penal y pidió incorporar tipificaciones como el lavado de dinero.
No obstante, al igual que Camaño, también consideró que “en este contexto es difícil explicar por qué estamos tratando este proyecto en lugar de los referidos a la situación económica y social”.
Por su parte, la diputada Brenda Austin (UCR) dijo que “estamos discutiendo esta ley porque en Argentina las condenas de corrupción llevan en promedio 14 años”. “Tengamos la capacidad de salir de la coyuntura, pensar la norma que necesita Argentina para las personas que han cometido delitos de corrupción no puedan ser candidatos”, concluyó Austin.
Sobre el cierre, el diputado Guillermo Carmona (FpV-PJ) alertó sobre el riesgo de “proscripción encubierta” a través de este tipo de herramientas.
La iniciativa quedó en condiciones de ser tratada ahora en el recinto, aunque en ningún caso regiría para las elecciones de este año.
